Seguro que cuanta más información se tiene sobre lo que pasa en la ciudad, más se ve el caso Can Vies como un ejemplo del conflicto que hay en Barcelona, sobre qué ciudad estamos haciendo y qué ciudad queremos. Los hechos que preceden el desalojo del pasado lunes 26 de mayo, día siguiente a las elecciones europeas, son importantes y nos ayudan a entender lo que muchos podrían considerar como una reacción desproporcionada de los implicados y de la gente del barrio y de la ciudad que los apoya, ante uno de los muchos casos que en los últimos años han acabado con desalojo de casas ocupadas en Barcelona.
Creo que el debate de fondo está situado en coordenadas más amplias. Se centra en la creciente tensión que se produce entre una forma de gobernar y administrar la ciudad que tiene raíces básicamente representativas, tecnocráticas y jerárquicas, y una emergente exigencia de compartir decisiones, de respetar la autonomía de la iniciativa social y de valorar lo que es público no sólo por el hecho de que la propiedad y la gestión sean institucionales, sino por el hecho de que exista una implicación colectiva en las formas de decidir y de hacer. Las instituciones representativas basan su función en la capacidad de ser los intermediarios entre la voluntad general, expresada en las urnas, y la capacidad de proveer servicios frente a las necesidades sociales. En la medida que se discute cada vez más la capacidad de representar la voluntad general por parte de muchas de las instituciones actuales, y que la capacidad de provisión se ha hecho más exigua, las condiciones de crisis se dan y se expresan de muchas maneras. Por otra parte, y de manera más concreta, en Barcelona se van dando fenómenos crecientes de pérdida de control de las autoridades municipales frente a iniciativas económicas que imponen condiciones, se apropian de espacios y servicios y condicionan significativamente el funcionamiento de la ciudad. De alguna manera la ciudad parece alejarse del control de sus ciudadanos y de las instituciones que reclaman su representación. El debate es, pues, sobre quién representa mejor lo que es público, lo que es común.
Un ejemplo muy concreto de esto, y que está directamente relacionado con temas como Can Batlló, Flor de Maig, los espacios de Can Fabra y el Ateneo Harmonia, las reivindicaciones de la Plataforma de Gestión Ciudadana (que representa a más de 30 entidades, como el Ateneo de 9 Barris, Secretariado de Sants y muchas otras...), y también Can Vies, es quien debe gestionar y decidir qué se hace en espacios públicos cedidos por el Ayuntamiento voluntariamente o después de un proceso de ocupación y reivindicación. La lógica tradicional es que el Ayuntamiento cede la gestión de los centros sociales y cívicos a empresas que organizan actividades y cobran un tanto por su trabajo. Otra vía, esta más hecha a empujones y retrocesos y sin mucho entusiasmo por parte del ayuntamiento (no solo el de ahora, también de antes), ha sido la llamada gestión ciudadana, que implica que son las propias entidades las que gestionan los espacios, contratan a gente e impulsan acciones, contando con subvenciones del Ayuntamiento que cubren una parte de los gastos. Finalmente, existen espacios autogestionados, donde el Ayuntamiento no condiciona las actividades, donde son los propios ocupantes los que deciden cómo se organizan, donde las intervenciones institucionales se hacen complementariamente, pero sin convenios ni acuerdos formalizados. Las fronteras no siempre están claras, pero con estas diferentes lógicas se funciona. Evidentemente, cuanta menos intervención municipal, más inquietud por parte de los que mandan, ya que su función de control y de gobierno está en entredicho. Se desintermediatitza la acción vecinal y la situación es más inestable, pero también más activa, más propicia a la implicación de la gente en su gobierno de lo que es de todos.
Creo que más allá de los hechos de Can Vies, y más allá de la violencia que lo complica y, al mismo tiempo, lo simplifica todo, hay estas corrientes de debate y de diferentes miradas sobre qué significa la ciudad, hacia donde circula, quien la dirige y qué podemos hacer entre todos para recuperarla. Directamente.
Seguro que cuanta más información se tiene sobre lo que pasa en la ciudad, más se ve el caso Can Vies como un ejemplo del conflicto que hay en Barcelona, sobre qué ciudad estamos haciendo y qué ciudad queremos. Los hechos que preceden el desalojo del pasado lunes 26 de mayo, día siguiente a las elecciones europeas, son importantes y nos ayudan a entender lo que muchos podrían considerar como una reacción desproporcionada de los implicados y de la gente del barrio y de la ciudad que los apoya, ante uno de los muchos casos que en los últimos años han acabado con desalojo de casas ocupadas en Barcelona.
Creo que el debate de fondo está situado en coordenadas más amplias. Se centra en la creciente tensión que se produce entre una forma de gobernar y administrar la ciudad que tiene raíces básicamente representativas, tecnocráticas y jerárquicas, y una emergente exigencia de compartir decisiones, de respetar la autonomía de la iniciativa social y de valorar lo que es público no sólo por el hecho de que la propiedad y la gestión sean institucionales, sino por el hecho de que exista una implicación colectiva en las formas de decidir y de hacer. Las instituciones representativas basan su función en la capacidad de ser los intermediarios entre la voluntad general, expresada en las urnas, y la capacidad de proveer servicios frente a las necesidades sociales. En la medida que se discute cada vez más la capacidad de representar la voluntad general por parte de muchas de las instituciones actuales, y que la capacidad de provisión se ha hecho más exigua, las condiciones de crisis se dan y se expresan de muchas maneras. Por otra parte, y de manera más concreta, en Barcelona se van dando fenómenos crecientes de pérdida de control de las autoridades municipales frente a iniciativas económicas que imponen condiciones, se apropian de espacios y servicios y condicionan significativamente el funcionamiento de la ciudad. De alguna manera la ciudad parece alejarse del control de sus ciudadanos y de las instituciones que reclaman su representación. El debate es, pues, sobre quién representa mejor lo que es público, lo que es común.