Tres millones y medio de empleos perdidos desde el inicio de la crisis. Dos millones de hogares sin fuente de ingresos alguna. Un crecimiento del casi 30% en la diferencia entre las rentas altas y las bajas. Un aumento sin precedentes en los índices de pobreza y exclusión social, con una especial incidencia sobre los jóvenes, las mujeres y las personas de origen inmigrante. Para muchos, la consecuencia más dramática de la pérdida de empleo ha sido y está siendo el desalojo de su vivienda por impagos en la hipoteca. Un estudio del Colegio de Registradores recientemente publicado demuestra que, sólo en 2012, se produjeron en España más de 30.000 desahucios en primeras viviendas. 115 expropiaciones diarias. Una cada 15 minutos.
No viene al caso explicar aquí el origen del problema, sobre el que existe por otra parte un cierto consenso: una ley hipotecaria antigua, unos contratos abusivos, una indefensión absoluta por parte de los afectados. Como ejemplo paradigmático de política ‘top down’, el gobierno español necesitó que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciara que los procedimientos de desahucio por impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores para afirmar que es necesario cambiar la ley.
El proceso que conduce al cambio legislativo en esta materia, sin embargo, no puede entenderse sin el papel jugado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Con su acción reivindicativa, la PAH ha logrado ubicar la problemática de la vivienda (y más particularmente, la de los desahucios) en el centro de la agenda política del país. La ILP promovida por la PAH y otras organizaciones, en favor de la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social, ha recogido cerca de un millón y medio de firmas y ha logrado un evidente apoyo social. El debate político y mediático giran hoy alrededor de las medidas propuestas por esta organización. Todo un logro en un campo de política pública históricamente capturado por los intereses del eje financiero-inmobiliario.
Pero más allá de la ‘pelea’ por el cambio de una norma a todas luces injusta, lo que resulta realmente innovador en cuanto a dinámicas sociales y políticas en un momento de emergencia social como el que vivimos, es la función que está jugando la PAH en la mediación del conflicto y en la puesta en marcha de soluciones que den respuesta a la desesperación que viven miles de ciudadanos. Los recortes que venimos sufriendo desde el 2010 bajo el eufemismo de la racionalización del gasto no se han visto compensados por ni una sola medida dirigida a amortiguar las consecuencias de la crisis. Así las cosas, las políticas sociales parecen evaporarse justo cuando más las necesitamos. Sirva de ejemplo el recorte en más de un 50% del fondo para apoyar la recepción y la integración social de los inmigrantes en un momento en el que casi la mitad de este colectivo se ha quedado sin trabajo.
Mientras las políticas sociales retroceden, movimientos como la PAH avanzan con fuerza no sólo por su labor de denuncia de las injusticias y de reivindicación de nuevas políticas, sino también por el despliegue de una importante función social que, a pesar de sus limitaciones, trata de contrarrestar los efectos de la parálisis institucional. La acción de la PAH ha actuado como acicate para que las administraciones locales se posicionen y asuman responsabilidades en un asunto que desborda su marco competencial. Los bloques de viviendas ocupados en el marco de la campaña de realojos de la Obra Social de la PAH cumplen una función redistributiva que las administraciones deberían estar asumiendo ahora más que nunca. En ausencia de actuación institucional, la alternativa a las ocupaciones colectivas promovidas por la PAH es la de la ocupación individual, movida única y exclusivamente por la desesperación personal, con posibles efectos negativos sobre la convivencia vecinal. A la PAH debemos agradecerle también su importante labor de articulación de redes de solidaridad y de reciprocidad entre distintos colectivos con independencia de su origen. Si en los barrios más vulnerables de nuestras ciudades, con una fuerte concentración de población inmigrada de origen extracomunitario, no ha estallado el conflicto interétnico a pesar del contexto actual de fuerte escasez, es probablemente por la función comunitaria desempeñada por organizaciones como lo PAH.
A nadie puede sorprender que la confianza de la ciudadanía en el aparato del estado esté bajo mínimos. Una confianza que es inversamente proporcional a la que muestra por organizaciones no gubernamentales, con la PAH a la cabeza (más de un 70% de apoyo según una encuesta reciente de Metroscopia para El País frente al 11% que apoyaba la labor del gobierno). En estos momentos, la PAH, con vínculos evidentes con el 15M, es seguramente la mejor evidencia de que no es la democracia lo que está en crisis, sino las instituciones que la representan. Como afirma Joan Subirats (http://bit.ly/14ZJm7E) la trayectoria de la PAH atiende a un cierto paradigma de creación de espacios de nueva democracia, una nueva aura colectiva. Con sus formas de organización, de toma de decisiones, de gestión del conflicto, la PAH está contribuyendo a generar, como reflexionaba Guillem Martínez hace unos días (http://bit.ly/ZJcEXm ), un nuevo proceso constituyente marcado por la lucha por una mayor justicia social, política y jurídica frente a un Régimen que se hunde. ¿Y si no existiera la PAH? Si no existiera la PAH, habría que inventarla.
Tres millones y medio de empleos perdidos desde el inicio de la crisis. Dos millones de hogares sin fuente de ingresos alguna. Un crecimiento del casi 30% en la diferencia entre las rentas altas y las bajas. Un aumento sin precedentes en los índices de pobreza y exclusión social, con una especial incidencia sobre los jóvenes, las mujeres y las personas de origen inmigrante. Para muchos, la consecuencia más dramática de la pérdida de empleo ha sido y está siendo el desalojo de su vivienda por impagos en la hipoteca. Un estudio del Colegio de Registradores recientemente publicado demuestra que, sólo en 2012, se produjeron en España más de 30.000 desahucios en primeras viviendas. 115 expropiaciones diarias. Una cada 15 minutos.
No viene al caso explicar aquí el origen del problema, sobre el que existe por otra parte un cierto consenso: una ley hipotecaria antigua, unos contratos abusivos, una indefensión absoluta por parte de los afectados. Como ejemplo paradigmático de política ‘top down’, el gobierno español necesitó que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciara que los procedimientos de desahucio por impago de una hipoteca son contrarios a la legislación europea de protección de los consumidores para afirmar que es necesario cambiar la ley.