Si algo ha caracterizado al procés ha sido la capacidad de envolver de retórica las decisiones. Otro rasgo distintivo ha sido abusar del concepto “histórico” y jalonar el calendario de fechas marcadas en rojo. La presentación del acuerdo entre el PSOE y Junts no podía ser una excepción. Se ha dado a conocer un 9N, nueve años después de la consulta organizada por el Gobierno de Artur Mas.
El documento es un texto que en el apartado de antecedentes está plagado de referencias del mejor procesismo, ese que se retrotrae a los Decretos de Nueva Planta, pero una vez llega al meollo del pacto, los puntos del acuerdo, evidencia que se abre una nueva etapa cuyo inicio marca un cambio fundamental: Junts regresa al redil constitucional, al menos de momento, y está dispuesto a implicarse en la gobernabilidad de España, también al menos de momento.
En toda negociación lo primero es pactar los desacuerdos y eso es lo que han hecho los interlocutores de ambas formaciones durante estas semanas. Así ha quedado plasmado en el documento que han suscrito. Uno reclama un referéndum y el otro se reafirma en reformar el Estatut. Uno pide el pacto fiscal (ese que Artur Mas le demandó, carpeta en mano, a Mariano Rajoy en La Moncloa) y el otro se limita a prometer con la boca pequeña que intentará mejorar la financiación de Catalunya.
En lo que sí ha cedido el PSOE es en la presencia de un verificador internacional, el árbitro que reivindicaba Junts desde hace tiempo para que los socialistas no les den gato por liebre. No es una concesión menor y supone un tanto para Carles Puigdemont.
Pero si hay un párrafo del texto que hay que examinar con lupa es el referido a la ley de amnistía. Primero porque, como todavía no se conoce la literalidad de la proposición que se registrará en el Congreso, no hay más pistas que esas 10 líneas. Y segundo porque es lo que está sublevando a la derecha y extrema derecha (la política y la mediática) con una hiperventilación desmesurada. ¿O acaso puede interpretarse de otra manera que Isabel Díaz Ayuso asegure que España “entra en una dictadura” y que para salvar la situación cuenta con el rey, las fuerzas de seguridad y el ejército? La ironía lleva a responder que la presidenta de Madrid nunca hubiese podido hacer una afirmación de este tipo si España fuese una dictadura puesto que esas mismas fuerzas de seguridad o el ejército a los que apela se hubiesen encargado de evitarlo.
La literalidad está tan medida que permite al PSOE defender que la amnistía incluirá tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido “objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Y Junts puede agarrarse a la segunda parte, en la que se cita la palabra proscrita, ‘lawfare’, pero vinculada a las conclusiones de futuras comisiones de investigación parlamentarias. La palabra está, pero vinculada a las comisiones, no a la ley (al menos de momento). Eso es lo que se comprueba cuando se pone la lupa, pero la sola mención ya permite a los contrarios a la amnistía atacar a Pedro Sánchez y a Junts, sacar pecho.
En todo caso, la decisión final la tendrán los jueces, a los que no ha gustado nada la inclusión del concepto en este acuerdo, tal y como han evidenciado en un comunicado conjunto de las distintas asociaciones (que en sí ya es noticiable puesto que viven en un enfrentamiento permanente entre ellas). Desde los progresistas a los más conservadores consideran que “las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias” que aparecen en el acuerdo de PSOE y Junts ponen en riesgo la separación de poderes.
Sánchez será presidente porque España sigue teniendo el mismo sistema parlamentario que permitió investir a José María Aznar o Mariano Rajoy. El candidato que tiene los apoyos suficientes es investido. El líder del PSOE los ha conseguido y el del PP, no. Es política. O matemáticas. Ahora sí, todo el independentismo con presencia en el Congreso está dispuesto a ayudar al líder socialista, aunque eso no significa que vayan a ponérselo fácil.
“No nos ha hecho falta pedir perdón”, proclamó Puigdemont en una comparecencia ante los periodistas, a los que les agradeció el trabajo pero no les permitió hacer preguntas. Evidenció que está dispuesto a arrimar el hombro (léase los próximos presupuestos) pero su estrategia será cholista, entiéndase por lo de “partido a partido”, no por las artimañas.
El PSOE ya ha comprobado estas semanas que contentar a la vez a Junts y ERC pondrá a prueba no solo sus habilidades negociadoras sino también su paciencia. Hay cosas que, aunque se abra una nueva etapa, no cambian. En su intervención, Puigdemont empezó en el primer minuto a lanzar pullas a ERC. Insistió en que Junts no dialoga, Junts negocia, e ironizó con el traspaso de Rodalies que los republicanos exhiben como trofeo de su pacto con el PSOE. Si no se adelantan, las elecciones autonómicas serán en 2025 y esas son las que más importan a ERC y Junts. Sus respectivas estrategias en el Congreso estarán diseñadas pensando en eso y más, a medida que se acerque la cita. Si Sánchez se despista, ya se encargará Salvador Illa de recordárselo.