“Instamos a la titularidad de los establecimientos hoteleros de Reus a que hagan todo aquello que resulte para que de manera inmediata la Policía deje de alojarse en sus establecimientos y, por tanto, abandone nuestra ciudad”. Las palabras de este manifiesto, suscrito por el alcalde de la localidad tarraconense, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces municipales del PDeCAT, ERC, la CUP y Ara Reus han provocado que la jueza deje a un paso del juicio a los cinco políticos por un presunto delito de incitación al odio.
En un auto, la titular del juzgado de instrucción 2 de Reus concluye la investigación de la causa y la traslada a la Fiscalía para que acuse a los cinco políticos. Considera la instructora que el manifiesto, leído por los políticos en la plaza del pueblo el 3 de octubre del año pasado, “contiene una conminación expresa que incita al odio y la discriminación” contra la Policía “no por el hecho de ser policías, sino 'policía española'”.
Es decir, la jueza entiende que el rechazo de los políticos a la presencia en Reus de los policías que se alojaron hasta el 4 de octubre en un hotel del municipio no se basa en su condición de agentes de la autoridad ni a la actuación el 1-O, sino a su nacionalidad española.
De ahí que la instructora pueda encajar el manifiesto en los delitos de odio, que castigan la discriminación por orientación sexual, raza o nacionalidad, todos ellos colectivos de los que, a priori, no formaría parte la Policía. Para apoyar su argumentación, la instructora recuerda el caso de Alsasua, en el que la Audiencia Nacional aplicó la agravante de odio contra los jóvenes que se pelearon con dos guardias civiles al entender que buscaban “expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra”.
En su auto, la instructora valora que el objetivo de los concejales era “alentar e incitar a la población para que expulsaran a los policías” de Reus. Remarca que el manifiesto, al que siguió una manifestación hasta el hotel donde se alojaban los agentes, es una “conminación expresa que incita al odio y la discriminación” que “fue realizada con publicidad ante una gran masa de personas”.
Es más, la jueza entra en consideraciones políticas y reprocha que los concejales “calentaran e incitaran a los ciudadanos” cuando su obligación era “calmar los ánimos de la población”. Y asegura la jueza que los agentes terminaron “atrincherados” en el primer piso del hotel donde se alojaban debido a la manifestación, aunque reconoce que ningún manifestante entró en el establecimiento al estar bloqueadas las puertas y que lo máximo que hicieron fue colocar pegatinas y “aporrear” el cristal de la fachada.
Por contra, la instructora ha archivado la causa contra otros dos concejales de la CUP porque no suscribieron el manifiesto; y contra dos responsables de un gimnasio, en su caso investigados por vetar la entrada de agentes en su establecimiento. La jueza los exculpa porque sí dejaron apuntarse a los agentes en el gimnasio antes del 1-O y no fue hasta después de la votación que los vetaron, debido a la presión de clientes que amenazaban con darse de baja si no expulsaban a los policías, todo ello “como consecuencia del ambiente de hostilidad y animadversión” generado por los políticos.
Asimismo, han quedado fuera de la causa nueve bomberos imputados por ir con uniforme y usar uno de los camiones del cuerpo en la manifestación en el hotel donde se alojaban los policías el 3 de octubre. Entiende la jueza que el uso de material público no es suficiente para continuar con una causa penal, pero abre la puerta a que se les puede sancionar por la vía administrativa.
López Bofill, absuelto
Por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha absuelto de un delito de odio al profesor de la Universidad Pompeu Fabra Hèctor López Bofill ante la duda razonable de si sus tuits contra jueces y fiscales rebasaron la “delgada línea roja” de la libertad de expresión, si bien le ha advertido de que “sembrar la semilla del odio es peligroso”. La Fiscalía pedía para el docente 15 meses de cárcel y que fuera inhabilitado como profesor durante cuatro años.
En su sentencia, la sección octava de la Audiencia de Barcelona exculpa al excandidato de Solidaritat per la Independència (SI) de un delito de incitación al odio por varios mensajes que publicó en Twitter en 2016, entre ellos uno en que afirmaba: “Cuando seamos independientes me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios varios que ahora contribuyen a extorsionar Catalunya”.
En su resolución, la Audiencia remarca que López Bofill difundió sus tuits con intención de expresar su opinión en el ejercicio de su libertad de expresión, “siendo consciente de la gran polarización que afectaba a la sociedad catalana y al resto de España en aquel momento, producida por las graves tensiones derivadas del proceso independentista que estaba y sigue sufriendo dicha sociedad, con una gran agitación, fractura y enfrentamiento de carácter social”.
La Audiencia apunta que la Justicia no está para proteger el “buen gusto”, sino el derecho a exponer libremente el pensamiento, “por rechazable que parezca a muchos, incluso cuando lo parece a casi todos”. Según el tribunal, López Bofill, en su condición de profesor de derecho constitucional, “debería saber por la disciplina que imparte y los autores a quien lee, que sembrar la semilla del odio es peligroso” y que, por los destinatarios a los que puede llegar, “está utilizando un lenguaje cuando menos censurable”.