Janet Sanz no cometió un delito de prevaricación administrativa cuando suspendió la licencia para construir un hotel de lujo que la cadena Praktik proyectó en Les Drassanes. Así lo ha decretado la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, que exculpa a la concejal de Urbanismo de BComú y archiva la causa iniciada a raíz de una querella de los promotores hoteleros.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza considera que la actuación de Sanz al no otorgar las licencias “tiene un fundamento jurídico técnico aceptable”. En consecuencia, insta a los promotores a acudir a la vía contencioso administrativa en vez de la penal para solucionar su discrepancia con el consistorio. De hecho, la cadena esta pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva su recurso contencioso contra la denegación de la licencia. La decisión de la jueza es recurrible.
La jueza avala así la actuación municipal sobre uno de los proyectos hoteleros a los que el consistorio de Ada Colau y los vecinos de Ciutat Vella se oponían con más firmeza. Sanz encontró una vía para frenar el proyecto hotelero fruto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbó el plan de usos de Ciutat Vella aprobado por el anterior gobierno de CiU.
Informes jurídicos y técnicos municipales respaldaron la paralización del proyecto hotelero tras la sentencia del TSJC. Sanz los alegó durante su comparecencia como imputada –investigada, según la nueva denominación– el pasado mes de enero.
La sentencia del TSJC dejó la modificación del plan de usos de Ciutat Vella del convergente Xavier Trias a la altura de una chapuza administrativa pensada en exclusiva para fomentar nuevos hoteles en el barrio. El alto tribunal catalán anuló el plan de Trias por ser arbitrario e ir en contra de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en la actuación de la administración.
Al anularse el plan de 2013, el consistorio consideró que la norma a tener en cuenta para atorgar o no la licencia del hotel de Drassanes era el plan de usos de Ciutat Vella de 2010. Esta normativa, más restrictiva que la de Trias, especifica que no se podrán autorizar nuevas plazas hoteleras si antes no disminuyen. Esto implica mantener el número de camas de hotel en el barrio y supone un frenazo al proyecto de Praktik, que sumaría 200 camas a uno de los barrios que más sufre la saturación turística de la ciudad.
La del hotel de Drassanes es una historia de pelotazos. El sindicato UGT compró en 1986, uno de los dos solares, donde proyectó pisos sociales que finalmente nunca construyó. El sindicato vendió el terreno en 2003 con un beneficio de 1,4 millones de euros tras un cambio de planeamiento urbanístico. A la venta de los terrenos por parte de UGT le sucedieron otras tres operaciones hasta la última, a principios de 2015, por la que una filial de Praktik compró los terrenos por 22 millones de euros para construir sus dos hoteles de cinco estrellas.