Artur Mas, acusado de prevaricación y desobediencia y para quien el fiscal pide diez años de inhabilitación, ha vuelto a vestirse de equilibrista para defender que acató al Constitucional y que al mismo tiempo fue el responsable de la consulta del 9-N. “No desobedecimos al Constitucional, plantamos cara al Gobierno español”, ha afirmado expresident de la Generalitat en su último turno de palabra del juicio del 9-N, que ha quedado visto para sentencia este viernes.
“Que un gobierno se enfrente a otro puede gustar más o menos, pero no es un delito”, ha sostenido el expresident en su intervención final de 23 minutos. Asimismo, Mas ha recordado que antes y después de la suspensión del 9-N dijo que la consulta “no tendría efectos legales ni vinculantes”, sino que era un mecanismo para recoger la opinión de los ciudadanos.
“El 9-N fue una jornada de la que nos deberíamos sentir orgullosos, y en vez de eso lo quieren convertir en un delito. ¡Qué pena, qué gran error, qué inmenso error!”, ha aseverado Mas. Por la mañana, el fiscal Emilio Sánchez había recordado a Mas que el juicio del 9-N “también es democracia” y que “no se puede contraponer democracia con Estado de derecho”. El expresident no ha desaprovechado la ocasión para responderle: “Una democracia se fortalece con un buen Estado de derecho. No entiendo que para fortalecer una democracia el 9-N se pueda considerar un delito”.
Tras la contudente acusación de esta mañana de Sánchez Ulled, el expresident ha cargado contra la Fiscalía mezclando las recientes operaciones policiales contra la supuesta corrupción de Convergència con las conspiraciones policiales contra líderes independentistas. “He sufrido calumnias y difamaciones. Se han organizado operaciones de guerra sucia o malas artes, y nunca nadie, tampoco ningún fiscal, ha salido en mi defensa”, ha zanjado Mas.
El expresident se ha mostrado convencido de que ha ido a juicio “no por haber desobedecido al TC sino por el éxito del 9-N”, cuya participación masiva, bajo su punto de vista, “no gustó al Gobierno español”. “Ahora se pretende que paguemos el llamado 'desafío'”, ha añadido.
Por su lado, la exvicepresidenta Joana Ortega, que se enfrenta a nueve años de inhabilitación, ha usado su último turno de palabra para lamentar que se juzgue a los tres exdirigentes “por una actuación política”. Y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha optado por citar a Antonio Machado –“para dialogar, preguntad primero; después, escuchad”– y ha concluido: “¿No me depuró el franquismo y lo hará la democracia? Estoy convencida de que no he cometido ningún delito”.
La defensa de los letrados
Antes de su última palabra, los abogados de los acusados han leído sus informes finales. El abogado del expresident, Xavier Melero, ha reclamado la absolución de su cliente porque, a su juicio, Mas no cometió “desobediencia penal”. En este sentido, ha tirado de defensa técnica y ha sostenido que la providencia del Constitucional que suspendió el proceso participativo “no imponía un deber positivo de impedir” el 9-N porque no incluía un “mandato preciso y singular”. Asimismo, ha indicado que Mas nunca mostró una intención explícita de desobedecer, algo indispensable, bajo el punto de vista de Melero, para condenarle.
Con todo, igual que su cliente, Melero ha argumentado que no haber desobedecido al TC no impidió a Mas liderar políticamente el 9-N, aunque su ejecución quedó en manos de los voluntarios. “Mas no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9-N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición”, ha aseverado Melero.
En el mismo sentido se han expresado los abogados de Joana Ortega e Irene Rigau, Rafael Entrena y Jordi Pina, “Las resoluciones [del TC] no eran vinculantes. Ni la requirió personalmente ni la apercibió”, ha defendido Pina para sostener que no se dan los requisitos para una condena por desobediencia. Y ha zanjado: “El Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados”. Por su lado, Entrena, que ha lamentado un juicio por “una actuación de naturaleza estrictamente política, ha afirmado que la providencia del TC ”no decía que se cerrara la web, ni que se quemaran las urnas o rompieran las papeletas“
“Si Mas se equivocó, lo hizo de la mano de mucha gente, de las más altas instancias de este país”, ha explicado Melero, que, parafraseando el principio judicial de “in dubio pro reo” (en caso de duda, a favor del reo), ha pedido la absolución de Mas porque en caso de duda el tribunal debe sentenciar a favor de la libertad: “In dubio pro libertate”.