El fiscal del caso del 9-N, Emilio Sánchez Ulled, ha convertido la lectura de su informe final en una eléctrica intervención de contenido político. “No se puede contraponer democracia con Estado de derecho”, ha dicho el fiscal, en lo que ha sonado a aviso a navegantes sobre el proceso soberanista. La munición no ha terminado aquí. “No se está juzgando la democracia”, ha proclamado Sánchez Ulled, en referencia a las críticas que Mas y el soberanismo han lanzado contra la causa. En este sentido, el fiscal se ha encargado de recordar en numerosas ocasiones los hechos enjuiciados: si la Generalitat desobedeció la orden del 4 de noviembre del Constitucional que suspendió el 9-N. “Este juicio también es democracia”, ha zanjado.
El fiscal ha explicado la gestación de la querella, algo inusual pero que el soberanismo ha criticado al ver tras ella la mano del Gobierno de Rajoy. Sánchez Ulled ha revelado las palabras que le dijo la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuando le ordenó presentar la querella: “Quiero una valoración técnica y rigurosa. Si es de archivar, archivar y si es de acusar, acusar”. Asimismo, Sánchez Ulled ha negado presión o indicación alguna del Gobierno para actuar contra el 9-N. “No lo habría permitido”, ha afirmado.
Unas palabras insólitas durante la lectura de un informe final de la Fiscalía, pero motivadas por el trasfondo político del caso. Lo ha reconocido el propio Sánchez Ulled: “Es un juicio perturbador, de trascendencia pública y mediática que a todos nos afecta. He tenido la sensación de que estábamos en una batalla entre demócratas y leguleyos, y no es así”.
Sánchez Ulled ha mostrado su disgusto por la actuación de Mas, Ortega y Rigau, pero ha remarcado que los acusados desobedecieron al TC. “El presidente de la Generalitat, que lo es de todos nosotros, me duele decirlo, yo no estoy disfrutando con esto –ha enfatizado Sánchez Ulled– articuló una estrategia de desafío abierto a lo ordenado por el Constitucional y tuvo la colaboración de las otras acusadas”.
Fundamentos de la acusación
Las valoraciones políticas no han impedido al fiscal desplegar un amplio argumentario de pruebas para sostener la petición de diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau. Así, Sánchez Ulled ha intentado desmontar los dos argumentos de las defensas: que la orden del Constitucional fue imprecisa (lo que impide condenar por desobediencia) y que tras su suspensión, el Govern se retiró de la organización del 9-N y todo lo hicieron los voluntarios.
Sobre la orden del TC, Sánchez Ulled, en vista del despliegue de jurisprudencia que harán la defensa sobre la inconcreción de la providencia del TC, ha citado sentencias del Supremo que le favorecen. “No es necesario que sea palmaria y abierta [la desobediencia]. También puede ser sutil, sin exteriorizar plenamente su propósito”, ha dicho el fiscal.
Respecto al segundo, ha recordado la carta que los servicios jurídicos de la Generalitat, encabezados por Francesc Homs, enviaron el 7 de noviembre –tres días después de la suspensión del 9-N–, a la empresa T-Systems en la que le instaron a continuar con los trabajos encargados para la votación. También ha acusado a la Generalitat de abrir los institutos el 9-N haciendo uso de su propiedad en vez del “uso social” de los centros que hicieron los voluntarios, precisamente lo que alegan las defensas.
Cuentas pendientes con Mas
Mas ha hecho equilibrios a lo largo de todo el proceso judicial, presentándose como el president que “puso las urnas” el 9-N y, al mismo tiempo, asegurando que acató por completo al TC. El fiscal no se cree esta tesis y ha asegurado que los tres acusados “decidieron caprichosamente prescindir del mandato constitucional”, por lo que pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega.
Pero además de negar la desobediencia, Mas ha hecho alegatos políticos contra el fiscal y los magistrados, empezando por tildar la causa de “juicio político”. Sánchez Ulled también ha querido responder: “Esto no es enfrentamiento entre señores de negro y señores investidos de autoridad democrática. Esto va de si hubo una desobediencia, un incumplimiento o un desacato del mandato constitucional de suspensión” del 9-N.
Asimismo, Mas acusó a Sánchez Ulled de no hacer nada el día de la votación, en que el fiscal estaba de guardia. Sánchez Ulled ha contestado que el 9-N no había elementos para tal y como habían pedido algunos partidos como UPyD, retirar las urnas de las mesas de votación. “Ha llevado un año de investigación ver que debajo de la actuación de voluntarios había enmascarada una actuación de los poderes públicos, que es lo que TC suspendió”, ha zanjado Sánchez Ulled, bestia negra de los convergentes en el caso Palau y otros casos de corrupción.
Y, usando una de las palabras preferidas del expresident para definir la estrategia contra el Estado para lograr la independencia de Catalunya, Sánchez Ulled ha remachado: “No vamos a hablar de astucia, sino de arbitrariedad”. Artur Mas ha querido responder al fiscal –a diferencia del lunes, cuando solo contestó a las preguntas de su defensa. El juez Barrientos le ha cortado y le ha tenido que recordar que tendrá oportunidad de hablar esta tarde en su última palabra.
Mas, Ortega y Rigau, a la Generalitat
Sánchez Ulled es el primero en intervenir en la última sesión del juicio del 9-N. Una vez el fiscal termine de leer su informe, será el turno para la acusación popular, ejercida por Manos Limpias y los sindicatos policiales SPP y UPF, que reclaman doce años de inhabilitación para los tres acusados. Las defensas, por su lado, pedirán la absolución alegando que los acusados no desobedecieron al Constitucional, que la suspensión del 9-N fue imprecisa y que tras el veto la consulta quedó por completo en manos de los voluntarios.
Antes de que el juicio quede visto para sentencia esta tarde, los tres acusados harán uso de su último turno de palabra. Aunque lo que digan fuera de la sala no es relevante para la sentencia, Mas, Ortega y Rigau acudirán al Palau de la Generalitat esta tarde después del juicio, donde serán recibidos por Carles Puigdemont y harán una comparecencia ante la prensa.