En verano de 2016 el ayuntamiento de Barcelona ordenó el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, alegando que el Ministerio del Interior carecía de licencia para la actividad que realizaba. Tres años después, el consistorio ha dado por fracasada aquella primera estrategia, después de recibir un duro varapalo en la Audiencia Nacional. El Gobierno de Ada Colau mantiene, en paralelo, una segunda vía judicial contra el CIE, pero ahora rebaja la pretensión de precintarlo inmediatamente a que cumpla con las obligaciones en materia de seguridad.
La actuación de Colau contra el CIE comenzó al año de llegar al ayuntamiento, en 2016, cuando el entonces teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, ideó una estrategia judicial que pretendía acabar cerrando las instalaciones. El argumento del ayuntamiento era que Interior no disponía de licencia de actividades, por lo que en marzo de 2017 llegó a ordenar el precinto del edifico, emplazado en una nave del polígono de la Zona Franca.
El objetivo de cerrar el CIE de Barcelona, que iba más allá del compromiso que aparecía en el programa electoral de BComú, ha encontrado un muro judicial durante todos estos años. Comenzando por que el consistorio no tiene apenas competencias en esta materia, y ni siquiera ha sido capaz de forzar al Ministerio a interlocutar sobre la situación en el polémico centro. Por esta razón, tres años y una sentencia de la Audiencia Nacional después, la ofensiva judicial del ayuntamiento contra el centro se ha visto abocada a cambiar de estrategia.
En este momento, en los juzgados solo queda un recurso del ayuntamiento que requiere poder realizar una inspección de seguridad. Fuentes municipales explican que es una materia en la que su competencia es clara y, por tanto, el procedimiento es mucho más efectivo que el anterior para lograr mejores resultados. Ahora bien, aunque el ayuntamiento –o al menos Barcelona en Comú– desearía que esta nueva vía judicial acabase con el cierre del centro, prefieren ser cautos sobre las opciones de que este ocurra.
“De momento estamos intentando que el CIE tenga las medidas de seguridad vigentes y que, si hubiera algún un problema, no sea por la inacción del ayuntamiento. Si esto lleva a otra cosa, ya se verá”, explican desde el consistorio. “Con la experiencia acumulada de estos cuatro años hacemos un tratamiento más prudente del tema para evitar que una politización excesiva del caso pueda frustrar una sentencia favorable, como ya ha pasado con la Audiencia Nacional”, indican.
Pese a la prudencia, estas mismas fuentes municipales no esconden que si pudieran demostrar que el CIE no tiene plan de seguridad mediante la inspección, eso serviría para reactivar la petición de cese de la actividad. Lo harían porque, según remarcan, el objetivo final es cerrarlo.
Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el precinto
En marzo de 2017, tras varios requerimientos y comunicaciones cruzadas, el ayuntamiento ordenó el precinto del CIE, pero el ministerio del Interior hizo caso omiso. Así pues, Barcelona llevó finalmente el asunto a la Audiencia Nacional en julio de ese mismo año. La sala de lo contencioso-administrativo resolvió el caso dos años después, en mayo pasado, a pocos días del inicio de la campaña electoral.
La sentencia dictada por el tribunal rechaza de plano el recurso del ayuntamiento y le obliga a pagar las costas. El texto no ahorra calificativos contra la demanda del equipo de Colau, al considerar que ha incurrido “a todas luces” en un “evidente error procesal” por haber recurrido la respuesta del Ministerio del Interior a su requerimiento y no la desatención de la orden del cierre. La Audiencia Nacional reprocha además al ayuntamiento haber generado este litigio “artificiosamente”.
Pese a que el resultado de la sentencia es contraria a los intereses del ayuntamiento, lo cierto es que la sentencia evita entrar en el fondo del asunto. De hecho, la Audiencia Nacional viene a aceptar el argumento del Ayuntamiento de que la orden del cierre del CIE es firme y dentro de sus competencias. Pero entiende que, después de que el Ministerio del Interior no haya cumplido con el precinto ordenado por la administración de Colau, el consistorio no se ha dirigido de forma correcta a los tribunales. La opción adecuada para este caso, señala la sentencia, hubiera sido un requerimiento interadministrativo, es decir, mantener el litigio fuera de los juzgados.
La sentencia era recurrible en casación, ante el Tribunal Supremo, y disponía para ello de un plazo de 30 días hábiles después tras ser notificada. Sin embargo el ayuntamiento ha preferido no presentar el recurso a la instancia superior, lo que supone el final de la estrategia judicial iniciada por Asens en el inicio de la primera legislatura de Barcelona en Comú al frente del gobierno de Barcelona. Con todo, que esta vía acabe aquí no quiere decir que el ayuntamiento no pueda en futuro plantear otra cuestión judicial por la misma cuestión.
Nueva estrategia contra el CIE
Meses antes de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso del ayuntamiento, desde el consistorio ya habían comenzado con una vía paralela contra el CIE, por si la primera acababa en nada, como finalmente ha ocurrido. En el año 2017 el Ejecutivo municipal observó que, además de no tener licencia, el centro podía carecer de las medidas de seguridad necesarias, por lo que requirió al Ministerio para que les enviara el Plan de Emergencia de Seguridad.
Ante el silencio administrativo, los bomberos se presentaron en el recinto para realizar una inspección, pero no les dejaron entrar. En vista de esto, el ayuntamiento requirió en febrero de 2019 un permiso al juzgado para que su servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento pudiera entra a hacer una revisión, pero la petición municipal fue también denegada en primera instancia judicial. El ayuntamiento recurrió entonces por la vía contencioso-administrativa, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que aún no ha resuelto el caso.
Fuentes municipales indican que esta segunda estrategia, centrada en las medidas de seguridad tales supone una “continuación” respecto a la primera, aunque admiten que persigue objetivos más modestos. Además, después de que el anuncio del cierre del CIE se alargara en el tiempo hasta quedar frustrado, el Gobierno municipal ha preferido mantener un perfil bajo sobre esta cuestión.
De esta forma, el área que antes dirigía Asens y en la que ahora ha tomado el relevo el nuevo concejal Marc Serra, de Barcelona en Comú, no anunció la petición judicial para inspeccionar el CIE ni su posterior recurso ante el TSJC. El consistorio también prefirió no reaccionar a la sentencia de la Audiencia Nacional, ni anunció que optaba por no presentar recurso y, por tanto, por acabar con aquella primera intentona judicial.