El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O en Barcelona ha descartado que el actual vicepresident del Govern, Pere Aragonès, cometiera un presunto delito de malversación y le ha atribuido únicamente un delito de desobediencia. Así lo expone el instructor Juan Antonio Ramírez Sunyer en la exposición razonada que envió al TSJC el pasado mes de agosto y a cuyas 34 páginas ha tenido acceso este diario.
La desobediencia está castigada únicamente con la inhabilitación para ejercer un cargo público, a diferencia de la malversación, que puede comportar penas de cárcel. En el caso de Aragonès, el juez le atribuye haber hecho caso omiso de la suspensión del referéndum que el Tribunal Constitucional ordenó el 7 de septiembre del año de pasado, cuando el ahora vicepresident era secretario de Economía.
“Pese a la citada notificación, el aforado [Aragonès] no desplegó ninguna actividad para impedir la celebración del referéndum ni para revertir los actos que se habían realizado con anterioridad”, expone el juez. El TSJC ya informó en agosto que la sala civil y penal había recibido la exposición razonada y acordó que la magistrada Maria Eugènia Alegret (quien ya instruyó la causa inicial contra Carme Forcadell antes de que la asumiera el Supremo) sería la encargada de decidir si se admitía a trámite. El TSJC es el tribunal competente para investigar a los aforados, y será quien decida si añade algún delito a Aragonès.
A diferencia del vicepresident, el juez sí ve el presunto delito de malversación, además de los de revelación de secretos y desobediencia, en la actuación del exsecretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, a día de hoy diputado de ERC en el Parlament. En el documento, el juez define a Jové como “coordinador de la organización logística del referéndum”. Se basa Ramírez Sunyer en los decretos que aprobó la Generalitat que dejaban la gestión de los procesos electorales en la conselleria de Economía, además de los pinchazos telefónicos y el documento 'Enfocats' y la libreta Moleskine incautadas a Jové.
En este sentido, remarca que Jové “se ocupó de la gestión de los colegios electorales”. Y aunque no pide su imputación, el juez recuerda en la exposición razonada al TSJC que Quim Torra acudió a una nave industrial de Bigues i Riells (Barcelona) en la que se incautaron papeletas antes del 1-O, cuando el ahora president estaba en la dirección de la ANC y Òmnium.
Pese a que el TSJC informó en agosto de que la exposición razonada también incluía al exsecretario de Hacienda y diputado de ERC Lluís Salvadó, imputado en la causa desde sus inicios, el documento remitido al alto tribunal por el juez Ramírez Sunyer pide investigar únicamente a Jové y Aragonès.