El que llegó a ser el primer operador postal privado de España vive su tiempo de descuento como empresa. Unipost se encuentra en fase de liquidación, aunque sus problemas no son sólo contables. Investigada desde hace meses por ser una de las proveedoras de la Generalitat para el referéndum, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha dirigido ahora las pesquisas sobre la presunta malversación del 1-O en la documentación vinculada al concurso de acreedores en el que está inmersa Unipost.
En un auto del pasado siete de mayo al que ha tenido acceso este diario, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer requiere la lista de acreedores y las fechas de los créditos presentados por Unipost cuando se declaró en quiebra, así como la lista de créditos reconocidos finalmente por su administrador concursal. La información ha sido solicitada al juzgado de lo mercantil de Barcelona que tramita el concurso de Unipost, que fue presentado por la propia empresa con una deuda superior a los 40 millones de euros.
El juez sigue el rastro de las facturas simuladas con las que, según la Guardia Civil, Unipost pretendía cobrar a la Generalitat 979.661 euros por repartir los certificados de los miembros de las mesas electorales del 1-O, así como más de cinco millones de tarjetas censales. Esta cantidad supone la mitad de los 1,9 millones de euros a los que asciende el conjunto de la malversación en el referéndum según los investigadores, lo que da cuenta de la importancia de las pesquisas en torno a Unipost.
En su declaración como imputado, el exdirector general de Unipost, Pablo Raventós, negó que las facturas incautadas por la Guardia Civil en Unipost durante los registros del pasado mes de septiembre sirvieran para cobrar de la Generalitat. Aseguró que se trataban de facturas proforma, es decir, no comerciales, sino relativas a la información de una futura factura definitiva. Además, indicó que estaban vinculadas al contrato que la empresa mantenía con la Generalitat para realizar sus envíos ordinarios desde 2015.
En lo que sí coinciden Unipost y la Guardia Civil es que las cinco facturas no se llegaron a pagar y tampoco constan en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a la importancia de que haya una factura registrada para poder argumentar la malversación, ya que implica una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor aunque finalmente no se pague, como es el caso de varios de los gastos previstos para el 1-O.
Sin embargo, las mismas fuentes matizan que las defensas podrían alegar que, aunque haya factura, no hay malversación porque el servicio no se prestó por completo (por ejemplo los envíos de Unipost, que no llegaron a sus destinatarios porque fueron incautados por la Guardia Civil).
Unipost y T-Systems
Unipost estuvo desde el inicio en el punto de vista de los investigadores porque la empresa ya había recibido encargos para la consulta del 9-N. Otra de las sociedades investigadas por Ramírez Sunyer es T-Systems, que ya diseñó el programa informático de la votación convocada por Artur Mas.
El magistrado sospecha que la Generalitat encargó a T-Systems “mejoras” en el Registro de Catalanes en el Exterior (una aplicación de Internet creada en 2014) para que los catalanes en el exterior pudieran votar el 1-O. En consecuencia, el juez ha requerido a la empresa para que facilite “en presencia de la Guardia Civil” la documentación relacionada con la solicitud de mejora del Registro así como la “documentación acreditativa del coste total de la aplicación”.
Junio de declaraciones
El juez Ramírez Sunyer, en paralelo a las diligencias solicitadas a las empresas, prosigue las citaciones de la cuarentena de imputados que acumula la causa. Distintos exaltos cargos de la Generalitat desfilarán a lo largo del mes de junio como investigados ante el juez en una causa que sigue abierta por un amplio abanico de delitos, entre ellos rebelión, sedición, malversación o revelación de secretos.
Los últimos en ser citados para el próximo 26 de junio son el número dos de la conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, Josep Ginesta; el trabajador eventual de este departamento David Palanques; los jefe del área de tecnología de los departamentos de Trabajo y Exteriores, David Franco y Xavier Puig; y el exdirector general de Patrimonio, Francesc Sutrias.
Todos ellos están investigados por la creación del programa informático donde se inscribieron los voluntarios del 1-O así como el registro de catalanes en el exterior. Antes comparecerán altos cargos de Exteriores, como el exdelegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, por presuntos pagos a los observadores del 1-O. Y también están citados testigos e imputados –por ejemplo, el exsecretario general de Difusión, Antoni Molons– en relación a la tesis del juez instructor que sostiene que el Govern financió el 1-O con Òmnium Cultural como sociedad interpuesta.