En Catalunya han pasado seis años de casi todo. Seis años del 1-O y seis años de la manifestación más grande que ha vivido Barcelona en contra del independentismo. Aunque haya quien quiera hacer ver que el tiempo se paró ese otoño, es evidente que no es así. No existe el riesgo de una ruptura unilateral, por más que algunos sectores minoritarios del secesionismo la anhelen y desde el otro extremo, el españolismo más rancio, se alimente también esa falacia.
Catalunya necesita muchas cosas, desde más profesionales médicos a menos segregación escolar, desde una mejor financiación autonómica a agilizar el reparto de los fondos Next Generation. Estando mal, no tiene nada que envidiar a la Comunidad de Madrid cuando el PP se llena la boca de libertad e igualdad puesto que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el que menos invierte en políticas sociales por habitante de toda España. Ella da lecciones al resto instalada en un cómodo neoliberalismo en el que las brechas se van agrandando mientras se envuelve en la rojigualda y lanza proclamas sobre la libertad (sin especificar que es solo para los que pueden pagársela).
Cada vez que Ayuso apela a la igualdad habría que recordar que ella es quien preside un gobierno que ha perdonado más de 1.200 millones de euros a los ciudadanos más ricos de su comunidad gracias a la bonificación en el Impuesto de Patrimonio. Como subrayaba el compañero Iñigo Sáenz de Ugarte en una de sus magníficas crónicas, los pobres no son tan iguales a los ricos en la región madrileña para las cosas que importan.
Nadie como ella tergiversa el sentido de las palabras y de la realidad. La estrategia de Ayuso, siempre un paso por delante en populismo del resto de dirigentes del PP, sirve para que los suyos la aclamen aunque sus afirmaciones choquen de bruces con esa Constitución que tanto cita y tan poco parece haber leído. Hace solo unos días pidió a Pedro Sánchez que convocase elecciones, sin tener en cuenta que el presidente sigue en funciones y que por lo tanto solo podrá hacerlo si al final no lograse los apoyos necesarios para ser investido.
Tal vez la presidenta madrileña necesita hablar de Catalunya y ser la más aplaudida en una manifestación con fans coreando “Ayuso, clónate” mientras a su lado Alberto Núñez Feijóo pone cara de resignación. Es una manera como otra de no tener que responder sobre los problemas de Madrid. Lo que Catalunya seguro que no necesita es que ella o Santiago Abascal vengan un domingo a alimentar las bajas pasiones que tan poco ayudan a la convivencia. Se equivocan al querer fomentar la crispación. Porque tanto ella como Vox, que pueden participar en tantas manifestaciones como consideren, no pretenden otra cosa que avivar nuevas fracturas que ni les dan el rédito electoral que anhelan en Catalunya ni probablemente ya no les rentan tanto en otros puntos de España (visto lo visto en las últimas elecciones y sobre todo después).
Desconocemos qué efectos tendrá una ley de amnistía, o como acabe llamándose, a nivel social y electoral. Sí sabemos qué pasó con los indultos. La respuesta es nada porque también muchos ciudadanos que abominan de la actuación de los dirigentes independentistas durante el 2017 lo que quieren es pasar página y mirar hacia adelante. Tienen muchos problemas, muy parecidos a los habitantes de otras comunidades, y, según los sondeos, no parece que el temor a una secesión esté ahora mismo entre sus preocupaciones.
Eso no significa que estén de acuerdo con las tesis independentistas ni que les den igual. Quien mejor lo ha explicado ha sido Joan Coscubiela, en un artículo que publicó hace unas semanas en este diario. Recupero un fragmento a modo de resumen: “A las personas que en Catalunya y España quedamos atrapadas en esta lógica de barricadas no debería costarnos mucho asumir la necesidad de superar este drama colectivo. Ante nosotros tenemos el dilema entre continuar en una situación enquistada o intentar, con sus riesgos y costes, el desbloqueo de una situación que resulta corrosiva socialmente”.
Hay otro elemento que permite abonar esta misma tesis: los indultos no pasaron factura al PSC. Arrasó en las generales y todas las encuestas vaticinan que Salvador Illa ganará las autonómicas. En su partido aspiran a llegar a los 50 diputados (ahora tiene 33). Saben que ser los primeros no les garantiza que puedan gobernar pero quien seguro que no lo logrará, ni llegar primero ni hacerse con la Generalitat, será el PP. Ni con Vox ni sin él. Y si sigue con esta estrategia que se olvide por unas cuantas décadas más.
Gritar ‘Puigdemont a prisión’, ‘Puigdemont al paredón’ o ‘Sánchez, mamón, tu amigo es Puigdemont’, entre pancartas de dudoso gusto e incluso alguna contra el rey, puede ser un ejercicio catártico para los asistentes a una manifestación como la de este domingo pero ayuda en muy poco a avanzar hacia la normalidad. Según la Guardia Urbana eran 50.000 personas (no todas coreaban lo mismo) e igual que la ANC ya solo representa a una parte cada vez menor del independentismo, también Societat Civil Catalana es solo altavoz de las facciones más duras de los contrarios al secesionismo.
Es probable que protestas como la de este domingo tengan justamente el efecto contrario al que buscan y sean un incentivo más para que el PSOE y los independentistas lleguen a un acuerdo que permita a Pedro Sánchez ser investido. Esta vez la partida no se juega en los extremos, por más que a Ayuso le convenga.