“La consulta se hará y será legal”. Artur Mas reafirmó con estas palabras hace solo una semana el compromiso del Govern con el 9N. Pero a 3 meses escasos de la fecha pactada para la consulta, las dudas sobe que ésta llegue a celebrarse crecen según pasan los días. Pese a que el la Generalitat ultima los detalles técnicos para que los catalanes acudan a las urnas el 9 de noviembre, destacados miembros de la coalición nacionalista y del Govern se han pronunciado en las últimas horas rebajando las expectativas y rechazando celebrar una consulta sin el aval del Constitucional.
La última en hacerlo ha sido la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), quien descartó el lunes sacar las urnas bajo la impugnación del TC, opinión que reafirmó este martes al abrir la puerta a posponer la consulta. “Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre”, aseguró la vicepresidenta en los micrófonos de RAC1.
Ortega se sumaba así a la cadena de dirigentes nacionalistas que en los últimos días han adelantado las intenciones del Govern. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila i Vicente (CDC) anunció la semana pasada que el Ejecutivo catalán no desobedecería un eventual veto del alto tribunal, la misma postura sostenida por Joan Rigol (UDC), presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, quien aseguró que, sin la conformdidad con los tribunales españoles, sacar las urnas “no sería lo bastante democrático”.
La cascada de declaraciones del entorno de CiU ha dejado al descubierto la diferencia de posturas entre los partidos que firmaron el pacto para celebrar la consulta el pasado 12 de diciembre y, más concretamente, la fisura entre los principales socios parlamentarios, CiU y Esquerra, en la recta final hacia el 9N. Tanto ERC como ICV-EUiA y la CUP han marcado distancias con CiU al asegurar que la consulta es irrenunciable y pedir que se celebre con o sin el veto del Consitucional.
Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, ha afirmado que, oyendo a la vicepresidenta Ortega, parece que “el Govern ha decidido suicidarse”. También Alfred Bosch ha salido al paso asegurando que aplazar la consulta sería un “engaño al pueblo catalán”, aunque Bosch ha rebajado la polémica al señalar que hasta hoy el Ejecutivo de Mas ha cumplido el pacto firmado junto a ERC, ICV-EUA y la CUP, razón por la que el diputado “está seguro de que el Govern continuará cumpliendo todos sus compromisos”.
El portavoz adjunto de ICV-EUiA, Joan Mena, ha censurado las palabras de Ortega afirmando que “la única alternativa a la consulta es la consulta” puesto que lo contrario sería “darle la propiedad del derecho a decidir al Gobierno español y al Tribunal Constitucional”, mientras que el diputado de la CUP, David Fernàndez, ha llamado a “desobedecer la imposición” del Constitucional y ha remarcado que CiU quedaría fuera del acuerdo sobre la consulta y del mandato popular si llegara a acatar la prohibición.
Tampoco las entidades que preparan la manifestación de la Diada de l'Onze de Setembre, la Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural, ven con buenos ojos un posible aplazamiento de la consulta. Ambas organizaciones aseguran que “no van a renunciar al 9N” por un veto del Constitucional, puesto que la consulta está “legitimada por el apoyo del pueblo catalán, del Parlament de Catalunya y del Govern de la Generalitat”.
Una hoja de ruta incierta
Las certezas sobre el proceso en este momento solo abarcan hasta la convocatoria de la consulta. La hoja de ruta del Govern es aprobar la Ley de Consultas a finales de septiembre, momento en el que el president firmaría el decreto de convocatoria amparado en dicha ley. Pero si el Tribunal Constitucional veta la norma, como es predecible, el Govern deberá decidir si sigue adelante o si descarta celebrar la consulta el 9N.
El lenguaje críptico del president Mas a la salida de la reunión con Rajoy no contribuyó a resolver dudas, más bien todo lo contrario. “No hay plan B”, aseguró tajante entonces el president de la Generalitat. “El único plan que hay es que los catalanes pasen por las urnas”.
Pero “pasar por las urnas” y hacerlo en una consulta sobre la pueden ser cosas diametralmente distintas en la jerga propia del proceso soberanista catalán. En muchos sectores crece la sospecha nunca disipada de que el plan de Mas es convocar elecciones anticipadas en cuanto los tribunales impugnen la Ley de Consultas. El escenario de unas elecciones en clave plebiciscitaria, varias veces sugerido por el propio Mas, es cada vez más fuerte en el entorno de CiU. La última en manifestarse en este sentido fue la presidenta de las juventudes de Convergència y diputada en el Parlament, Marta Pascal, quien afirmó la semana pasada en una entrevista concedida a VilaWeb: “Nosotros siempre hemos dicho que si el Estado niega la consulta votaremos en unas plebiscitarias”.