El vecindario de Ciutat Vella, el centro histórico de Barcelona, se ha concedido una tregua este fin de semana. Estos espartanos de la masificación turística han celebrado dos sentencias en las que la justicia les da la razón. La del caso Palau, donde ejercían de acusación popular, es la más famosa. Pero hay otra que afecta directamente a su día a día y de la que se sienten especialmente orgullosos: la que anula (y deja a la altura de una chapuza administrativa) el plan de usos del distrito que aprobó el consistorio que dirigía el convergente Xavier Trias en 2013.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), publicada esta semana en respuesta al recurso de varias asociaciones vecinales, ha anulado por completo el plan de Trias para regular las plazas hoteleras y las licencias para restaurantes o discotecas del barrio. Se trata del décimo y último fallo que el TSJC viene emitiendo al respecto desde el verano. En nueve sentencias, los magistrados han anulado total o parcialmente el plan de usos.
La rotundidad de las sentencias contra la regulación de Ciutat Vella de Trias, junto a la voluntad del consistorio de Ada Colau de restringir las actividades más vinculadas a la saturación que han aparecido en los últimos años, han llevado al Ayuntamiento a impulsar un nuevo plan de usos para el distrito.
Está aprobado por el gobierno municipal, pero le falta el visto bueno de la mayoría del pleno, algo nada fácil dada la minoría de BComú (11 concejales de 41), la atomización del consistorio y los 18 meses que faltan para las municipales: a medida que se acercan los comicios, los partidos de la oposición tienen que marcar más perfil propio para intentar desbancar a Colau en 2019.
Entre las propuestas de Colau y la concejal del distrito, Gala Pin, destaca la prohibición de abrir nuevas discotecas, bingos y centros de juego. También se quiere restringir la apertura de establecimientos destinados a actividades turísticas y de restauración y condicionar la de los dedicados a vehículos de movilidad, como los famosos seg-ways que han proliferado por el centro de Barcelona en los últimos años y que causan más de un susto al paseante despistado.
El consistorio quiere dividir las actividades entre las diurnas y las que tienen impacto nocturno e imponer restricciones a las que generan molestias y tienen impacto en la salud del vecindario. Las cifras dan cuenta de cómo el distrito se ha ido poblado de actividades para el visitante, en detrimento del vecino: del total de 2.191 licencias, un 41,15 % corresponden a restauración, un 27,92% a alojamiento –que ahora se regulan en otro plan– y un 17,70 %, a la venta de productos alimenticios.
Trias omitió la participación ciudadana
El plan de Trias de 2013 no gustó a casi nadie, salvo a los empresarios hoteleros. Actores tan dispares como la patronal de apartamentos turísticos Apartur, las asociaciones de vecinos, la todopoderosa Núñez y Navarro, Cáritas Diocesana y varios particulares lo llevaron al TSJC, que les ha dado la razón.
En la contundente sentencia de julio que tumbó la normativa a partir del recurso de Apartur, el TSJC anuló la totalidad del plan por sus contradicciones: en la memoria justificativa proclamaba que no se podían aumentar las plazas hoteleras, pero su articulado permitía a la práctica que se implantaran más hoteles.
El alto tribunal señala asimismo que los artículos de la norma que permitían en la práctica abrir más hoteles –lo contrario de lo que se decía en la memoria justificativa– coinciden con las conclusiones de un estudio que Trias encargó a una consultura hotelera. Ahora, además de este motivo, el TSJC, tal y como reclamaban los vecinos, sitúa como motivo de anulación que Trias omitió la participación ciudadana obligatoria por ley en la redacción de la norma.
“La sentencia deja constancia del menosprecio que el consistorio tuvo con los procesos participativos específicos con el vecindario obligatorios por ley, que CiU ventiló con los trámites de información pública y alegaciones, algo que no debe ser así”, asevera el abogado de varias asociaciones vecinales, Daniel Jiménez Schlegl. Destaca además que la sentencia deja claro que el ayuntamiento y las administraciones “no pueden usar las memorias justificativas” de sus normativas como “un brindis al sol”.
Desde la plataforma Ciutat Vella No Està en Venda, Daniel Pardo explica que en esta ocasión el consistorio sí ha cumplido con la normativa y ha articulado espacios de participación vecinal para el nuevo plan de usos. Pardo se muestra satisfecho por los aspectos restrictivos del plan, pero constata que la normativa, por definición, será “una cura paliativa” para un distrito ya muy saturado de actividades turísticas. Además, muestra su temor a que, debido a la negociación con los grupos, algunos aspectos del plan se rebajen respecto a las necesidades vecinales.