El Tribunal Constitucional (TC) vuelve a impedir la investidura de Carles Puigdemont, la hipótesis que contemplaban de nuevo los independentistas tras tres intentos fallidos. En un auto, los magistrados han aceptado a trámite la impugnación del Gobierno contra la resolución del presidente del Parlament, Roger Torrent, por la que propuso a Puigdemont como candidato. La admisión del recurso del Ejecutivo –que se interpuso el pasado mes de enero– implica la suspensión automática de la propuesta que hizo Torrent para que el expresident fuera investido.
Además, el pleno del TC declara “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno” cualquier resolución “o vía de hecho” que contravenga la suspensión de Puigdemont como candidato, incluidas las que confirmen o reiteren la candidatura del expresident. El tribunal barra así el paso a que el Parlament vuelva a proponer a Puigdemont como candidato mediante un acto jurídico distinto del que Torrent hizo en enero. El TC va más allá y avisa a Torrent y al resto de miembros de la Mesa de que se emprenderá la vía penal si vuelven a proponer a Puigdemont como candidato.
En concreto, los magistrados advierten al presidente del Parlament y a la Mesa de que “se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
El TC ha considerado que, aunque Torrent dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura el pasado mes de enero, la impugnación que presentó entonces el Gobierno “plantea cuestiones de interés general”. En consecuencia, han optado –tres meses del recurso del Gobierno– por admitirlo a trámite, en vez de declarar extinguido el proceso constitucional planteado por el Ejecutivo.
Tras la truncada investidura de Jordi Sànchez por su ingreso en prisión, diversos sectores independentistas, entre ellos JxCat, han retomado la idea de investir a Carles Puigdemont. Para ello, el grupo impulsa desde el pasado febrero una modificación de la ley de presidencia para introducir la posibilidad de celebrar investiduras a distancia, sin encontrarse el candidato en la Cámara. Consideran que de esta forma podrían esquivar las medidas cautelares impuestas por el TC, que ahora han quedado sin objeto una vez confirmada la admisión a trámite del recurso.
Desde JxCat se ha intentado tramitar la reforma por vía de urgencia, de forma que llegase a debate en el pleno del próximo 3 de mayo. Solo así tendría opciones de entrar en vigor antes de la disolución automática del Parlament, el día 22 de mayo. Debido al control del Gobierno central del Diario Oficial de la Generalitat con el 155, de ser aprobada la entrada en vigor de dicha modificación legal podría no entrar en vigor hasta 15 días más tarde.
ERC, por su parte, duda de esta vía y considera que JxCat debería de proponer a la mayor brevedad un candidato viable a la investidura para recuperar el autogobierno. JxCat, en cambio, está decidida a agotar los plazos de la legislatura antes de buscar un candidato alternativo. Alegan que ya han propuesto hasta tres nombres y que los tribunales les han impedido la investidura en cuatro ocasiones.