La expectación creada en torno a la conferencia de la CUP el jueves en la Universidad Pompeu Fabra solo era comparable al sonoro silencio con el que la candidatura había respondido al clima de presiones y atención mediática por sus diferencias con Junts pel Sí. Tras 10 días sin actos públicos, por fin este viernes la izquierda independentista, portadora de la llave del gobierno catalán, exponía sus puntos de vista en una conferencia que se ha convertido en una oda al arte de lanzar pelotas al tejado del contrincante.
La celebración por el éxito de la candidatura, que triplicó sus escaños y dio la victoria al independentismo en las elecciones, había durado poco. Ya desde la propia mañana del 28 de septiembre, los números uno y dos de la CUP, Antonio Baños y Anna Gabriel, tuvieron que comenzar a responder a la pregunta machacona sobre la investidura de Artur Mas. “No vamos a investir a Mas, ¿lo repito? No lo vamos a investir”, aseguraba Gabriel. Era solo el comienzo de dos semanas en las que toda la presión mediática de la que dispone el Palau se lanzaría al cuello sobre una formación que, desde el independentismo, constituía el único accidente para los planes de Convergència tras el 27-S.
Aunque se han mostrado firmes en sus posiciones y las asambleas territoriales las respaldan casi por unanimidad, el de la investidura es un debate que hace sufrir a la organización. Les pone bajo presión, oculta el resto de su agenda y hace que las negociaciones comiencen bloqueadas en un punto que para ambos lados es de mínimos. Seguir en ese debate era insostenible para una organización que recoge buena parte de los deseos del independentismo más militante, pero también un importante voto antisistema que tienen un interés limitado sobre la cuestión nacional.
“El 27-S ganó las elecciones la voluntad de construir una República”, aseguraba Anna Gabriel. “La clave de bóveda está aquí y no en otra cuestión, y pasa por encima de partidos y de patios particulares”. La CUP tomaba la iniciativa, centraba el debate y abría el marco. Vinculaba el principio de acuerdo a dar pasos tangibles en la senda de la nueva república, sin lo cual, quedaba implícito, no hablarían sobre la investidura. Y para empezar a hablar de lo que la CUP quiere hablar, seis de los diez diputados deslizaban propuestas con cierto grado de concreción, articuladas sobre los ejes de la ruptura legal, el rescate social y el proceso constituyente.
Para la izquierda independentista, es imprescindible alejar los focos de la reelección de Mas, un asunto donde la CUP tiene las de perder. Lanzar la pelota al tejado de Junts pel Sí es la única forma de ganar ventaja antes de que Convergència les arrincone en una decisión binaria con la que es imposible contentar a todos sus votantes. Si antes de la conferencia se había especulado con la posibilidad de que la CUP rebajase sus exigencias para allanar el camino a una presidencia de consenso, nada más lejos de la realidad. Los diputados electos han puesto de manifiesto todas sus demandas más contundentes, casi un programa de máximos. Con este gesto dejaban claro, por un lado, que había muchas cosas sobre las que ponerse de acuerdo que nada tenían que ver con la investidura. Por otro, remarcaban que a su parecer las cesiones debían comenzar desde la orilla de Junts pel Sí.
Eulàlia Reguant ha sido la encargada de llenar de contenido social la apuesta constituyente, dejando entrever medidas de choque, que ha numerado en 39, además de la propuesta de revertir 10 privatizaciones “claves”. Pese a presentar ambos números, la diputada electa no ha definido ni las medidas ni las privatizaciones que pretenden revertir, guardándose la carta para las negociaciones a puerta cerrada con Junts pel Sí.
En el mismo sentido, Benet Salellas ha verbalizado la propuesta de ruptura en el plano legal. La CUP no quiere que se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional. La medida, a caballo entre la declaración de intenciones y la línea roja, resulta todo un reto lanzado a Artur Mas, que está llamado a comparecer ante los juzgados el próximo jueves bajo la imputación de haber desobedecido al Alto Tribunal en el proceso participativo del 9-N del año pasado.
El fantasma de nuevas elecciones
Pese a la ventaja táctica que puede darles el hecho de tomar la iniciativa y poner el debate a su favor, los diputados de la CUP saben que las negociaciones serán arduas. Las asambleas territoriales, que durante las últimas semanas se han pronunciado, son en su mayoría partidarias de mantener la mano cerrada respecto a la investidura, pero Junts pel Sí tiene una fuerza de 6 contra 1 y cuenta con las entidades soberanistas. Precisamente el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, que hasta ahora se había mantenido neutral, abrió fuego el jueves dando por sentado que habrá otras elecciones si Mas no resulta investido.
“Tenemos que salir del marco Mas sí, Mas no. El reglamento da hasta dos meses para empezar a demostrar que esto va en serio”, aseguraba en un corrillo tras la conferencia uno de los hombres fuertes de la CUP. Dilatar el periodo entre elecciones para obligar al Govern a dar pasos en la línea de sus exigencias es un escenario plausible para la organización. No así el de una repetición electoral que, pese a ser una carta que deberán mostrar como opción en las negociaciones, podría hacer daño al independentismo en su conjunto, y más a la CUP que a Junts pel Sí.
Salir de un debate en el que sufren, como es el de la investidura, era la principal razón de la CUP para lanzarse públicamente al barro de las propuestas concretas. Pero también la de escenificar su voluntad inequívoca de acuerdo, que buena parte del mundo independentista les reclama. Si Junts pel Sí pretendiera negociar cerrándose en banda y haciendo valer su fuerza, para la CUP es importante que los 'noes' vengan del otro lado y por cuestiones diferentes a la investidura, lo que pondría a Mas y los suyos en la tesitura de tener que ser quien explique por qué no hay acuerdo.