La CUP ha decidido renunciar a seguir ejerciendo la acusación popular en la causa del 3% que investiga la presunta corrupción de Convergència, y de la que podría ser responsable su sucesor, el PDeCAT. Después de tres años presentes en la causa durante toda la fase de instrucción, primero por el juez de El Vendrell, después en la pieza separada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, finalmente, en la Audiencia Nacional, la formación anticapitalista comunicó este lunes al juez José de la Mata su decisión de desistir y retirarse de la acción popular, al considerar que sus objetivos ya han sido cumplidos.
“Nos retiramos de la acusación popular porque ya hemos hecho el trabajo en la fase de instrucción y durante la investigación. Lo hemos hecho desde dentro de la propia sala y desde fuera. Ahora nos retiramos porque llega la fase del juicio oral y creemos que es el momento de las instituciones perjudicadas”, explica la diputada de la CUP, Maria Sirvent preguntada por este diario. Según indica la diputada, el movimiento de la formación está coordinado con el que ha llevado a cabo el ayuntamiento de Sant Cugat, donde gobiernan junto a ERC y PSC, que ha decidido personarse como ayuntamiento perjudicado por la trama para reclamar el retorno de los fondos presuntamente malversados.
De esta forma, el relevo de la acusación popular podrá ser cogido ahora por este consistorio u otros que puedan presentarse. Además la propia Generalitat ha decidido en las últimas semanas dar el paso y personarse para ejercer la acusación particular. “Hay que tener en cuenta”, recuerda Sirvent, “que hasta ahora hemos estado solos como formación política en la acusación, tratando de garantizar que la investigación iba por buen camino”, remarca. Una tarea que los cuperos entienden que ya no es necesario que ellos hagan. Con esta decisión cerrarán una importante vía de gastos además de trabajo de sus militantes.
Desde la CUP aseguran estar satisfechos con la investigación que se ha seguido, tanto en los juzgados ordinarios como en la Audiencia Nacional, y entienden que su trabajo ha servido, por una parte, para que las administraciones perjudicadas puedan ahora presentarse a reclamar la reparación económica que les pueda corresponder. Por otra parte sacan pecho de que su trabajo en la causa has servido para esclarecer los hechos y obtener el procesamiento de los máximos responsables de la maquinaria financiera convergente, como Daniel Osácar, Andreu Viloca y Germá Gordó, ademças de a CDC y al PDeCAT como partidos políticos.
El pasado 30 de julio el juez De la Mata dictó un auto de procesamiento que concluía una larga instrucción comenzada en 2015 y que enviaba al banquillo a 31 personas por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Además el magistrado dejaba también encaminada la acusación contra CDC, el PDeCAT, las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras o Copisa, entre otras, y archivaba la causa para cinco personas físicas y una jurídica. En su auto, el juez constataba la existencia de un circuito de financiación ilegal de Convergència, basado en cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública tanto de la Generalitat como de ayuntamientos convergentes.