Este lunes el president Carles Puigdemont comparecerá ante un juez después de haber pasado la noche en una cárcel de Neumünster, al norte de Alemania. El proceso de extradición del president cesado podría alargarse hasta 90 días y no se descarta que Puigdemont intente pedir asilo para evitar su entrega a España.
La detención del president cesado ha dejado en estado de shock a los dirigentes independentistas en un momento en el que intentan rediseñar la estrategia tras el impacto que han supuesto los ingresos en la cárcel de Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa.
Puigdemont era el garante para muchos dirigentes de JxCat pero también de la CUP, para la Assamblea Nacional Catalana y para influyentes opinadores, de la república catalana que pretendía cimentarse desde Bruselas. El 'sueño' de la república que no pudo ser queda ahora sepultado. Se había decidido que en Catalunya no se repetiría en la desobediencia para evitar nuevas imputaciones y que en todo caso las decisiones más controvertidas, aunque fuesen simbólicas, se adoptasen en Bruselas.
Los partidos independentistas se enfrentan a tres retos para intentar encontrar una salida: el reloj ya corre hacia las elecciones, siguen sin tener decidido quién debe ser el candidato o candidata y existe el riesgo de que la tensión en las calles vaya a más.
Uno de los alcaldes metropolitanos del PDeCAT, Joan Ramon Casals, expresó públicamente una propuesta que también defienden algunos dirigentes de JxCat y la CUP y que implicaría responder a la detención a Puigdemont de la manera más contundente (y peligrosa). Se trataría de convocar un pleno en el que el candidato a la investidura fuese el presidente cesado y que la mayoría independentista lo votase.
Es una opción que no cuenta con el apoyo de ERC, Y no hay que olvidar que el presidente del Parlament, Roger Torrent, que es quien debería convocar el pleno y que hasta ahora se ha negado a desobedecer, es dirigente de esta formación. Los republicanos son partidarios de explorar las posibilidades de configurar un gobierno de concentración, una fórmula complicada porque implicaría que el PDeCAT compartiese el Ejecutivo con la CUP o los 'comuns'. O incluso con los dos, añaden en ERC. Una posibilidad de la que los afines a Puigdemont no quieren ni oír hablar.
El temor a incidentes
Tanto el PDeCAT como ERC niegan que estén negociando la convocatoria de una huelga general, una de las proclamas que más se ha escuchado en las últimas manifestaciones y que cuenta con el aval de la CUP. Los partidos temen que en algún momento la indignación del electorado independentista se acabe descontrolando en forma de incidentes graves. De ahí que este domingo hayan multiplicado las apelaciones a la calma. “La gente tiene que salir a la calle de manera pacífica y no violenta”, reclamó el diputado de la CUP, Carles Riera.
El presidente del Parlament insiste en que hay que impulsar un frente común para defender “los derechos y libertades individuales y colectivas”. Fuentes de las entidades independentistas confirman que ya se está trabajando en esta idea y que el modelo sería el pacto nacional por el referéndum, en el que estaban también los 'comuns', sindicatos y organizaciones empresariales. De momento ya ha recibido un apoyo y no un apoyo cualquiera. Ada Colau ha aceptado la propuesta de Torrent para intentar forjar ese frente en defensa de los derechos humanos.