Los seis arrestados en la operación contra el 1-O que permanecían detenidos, entre ellos los dos más estrechos colaboradores del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, han quedado este viernes en libertad con cargos tras negarse todos ellos a declarar ante el juez instructor 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tras las últimas puestas en libertad, ninguno de los 14 detenidos el miércoles está ya entre rejas. La causa permanece secreta.
Tanto el secretario general de Vicepresidència, Josep Maria Jové –que una hora antes de negarse a declarar ante el juez ha cesado de su cargo para evitar la multa del Constitucional– como el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, están ahora obligados a firmar cada martes ante el juez de instrucción y apercibidos por el magistrado de que no desarrollen ni una medida más para el referéndum (aunque Jové no puede al estar ya fuera del Govern).
También han quedado en libertad con cargos, imputados por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último delito penado con hasta ocho años de cárcel, los otros cuatro detenidos: la directiva de la empresa privada T-Systems, R.R.C; Josep Masoliver, de la fundació .Cat; el trabajador de Vicepresidència Juan Manuel Gómez y el directivo del Centro de Telecomunicaciones del Govern (CTTI), Josuè Salent.
A todos ellos el juez les requiere, en un auto, que no realicen ninguna actividad “directa o indirectamente relacionada con el referéndum convocado para el 1 de octubre y/o cualquier colaboración con la misma”, y les advierte que si lo hacen podrían incurrir en delito de desobediencia.
Tras su comparecencia, la defensa de Lluís Salvadó ha vuelto a recusar al juez de instrucción por falta de imparcialidad –ya lo hizo porque el mismo magistrado, tras ordenar las detenciones, tenía que resolver el habeas corpus planteado por 7 detenidos. Fuentes judiciales han explicado que la recusación se tramitará y resolverá por parte de la Audiencia de Barcelona.
Asimismo, fuentes de las defensas han denunciado que el juez ha mantenido las esposas puestas a todos los detenidos durante sus comparecencias.
Todos los detenidos han llegado a la Ciutat de la Justicia desde el cuartel de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona pocos minutos después de las 7:00h. Las comparecencias ante el juez han empezado a las 11:47h. y han terminado a las 13:36h.
En el vestíbulo de la Ciutat de la Justicia se han concentrado a esperar a los detenidos numerosos amigos y familiares de los detenidos, entre ellos el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, las conselleres Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Meritxell Serret, altos cargos como el secretario de Economia, Pere Aragonès y el de Asuntos Sociales, Josep Ginesta, así como el diputado por ERC en el Congreso, Joan Tardà.
Un sonoro aplauso ha seguido a la noticia de que Jové quedaba en libertad. Mientras, fuera de la Ciutat de la Justicia, centenares de personas esperaban la salida de los detenidos, que han abandonado las dependencias judiciales pasadas las 16:00h entre gritos de “no estáis solos”.
Por su lado, los otros ocho detenidos el miércoles han ido quedando en libertad con cargos –desobediencia, prevaricación y malversación– en las últimas 48 horas, y están obligados a comparecer ante el juez cuando les llame a declarar.
El juez que ordenó este miércoles la operación que descabezó la logística del referéndum indaga si el Govern ha destinado a la organización del 1-O un total de 6,2 millones de euros. Se trata de tres partidas públicas del presupuesto de la Generalitat, de 5 millones, 407.450 y 800.000 euros, validadas por el Parlament y anuladas por el Constitucional, el pasado mes de julio, después de que el Gobierno las impugnara.
El magistrado ordenó a la Guardia Civil buscar especialmente los documentos que puedan estar relacionados con “la contratación con entidades públicas o privadas” para el referéndum y la “planificación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de estructuras de Estado”. De ahí que los 41 registros se practicaran tanto en despachos de la Generalitat, domicilios particulares de los altos cargos detenidos, despachos profesionales y sedes de empresas privadas como Indra.