Ha pasado casi una década desde que el compañero Pedro Águeda informase en este diario de la existencia de una unidad secreta de la Policía que actuaba fuera de sus competencias y sin control judicial para perseguir a dirigentes independentistas. Fue la primera vez que un medio desvelaba que este operativo estaba funcionando desde el año 2012. Una especie de Policía política que no aparecía en ningún organigrama y que con el tiempo se acabó mal llamando ‘Policía patriótica’.
En el transcurso de estos 10 años tanto elDiario.es como otros medios han aportado nuevas informaciones que describían en qué consistía esta guerra sucia. También los hubo que participaron de la estrategia y actuaron como portavoces publicando informes apócrifos y falsos contra políticos con el propósito de frenar el procés. Hay que reconocerles la efectividad. Sin ellos la guerra sucia hubiese sido igual de sucia pero menos efectiva.
No será por falta de tiempo ni de indicios pero la justicia no ha llegado a investigar la ‘Operación Cataluña’ y lo único que se han abierto son algunas causas colaterales. Lo más parecido a un problema judicial que tiene el expresidente Mariano Rajoy por las maniobras de su gobierno es la investigación abierta en Andorra por presuntas coacciones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) con el objetivo de conseguir datos de la familia Pujol. La comisión rogatoria está pendiente aún de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ni un solo político ha reconocido su participación en unas prácticas inaceptables en cualquier democracia. Optaron por cargarle la responsabilidad a unos cuantos policías, con el excomisario José Manuel Villarejo al frente, argumentando que estos agentes iban por libre y que el Gobierno del PP no tenía constancia de nada. Que Villarejo y el resto de mandos que se inventaban los informes contra los independentistas tenía responsabilidad nadie lo duda. La pregunta es: ¿Quién más la tiene?
La investigación que hemos empezado a publicar esta semana desvela datos y documentación que desmienten que el Gobierno de Rajoy no supiese nada. El compañero José Precedo lo resumía muy bien con la primera frase de una de sus informaciones: “No fue solo Villarejo”. Como mínimo hubo dos ministerios que habrían estado implicados. Son el de Hacienda, entonces controlado por Cristóbal Montoro, y el de Interior, con Jorge Fernández Díaz.
El Ministerio de Hacienda habría aportado datos sobre contribuyentes catalanes que fueron utilizados por Villarejo y compañía. Sobre el papel de Jorge Fernández Díaz en la política en general y en su paso por Interior podría escribirse una novela. Ha negado “rotundamente” en varias ocasiones, tanto en sede judicial a raíz del caso Kitchen, como en sede parlamentaria haber mantenido contactos con Villarejo. Y eso que existen incluso grabaciones que lo desmienten. ‘El País’ publicó en julio de 2022 una conversación entre el entonces ministro con Villarejo y el jefe de la Policía, Eugenio Pino, para planificar la estrategia contra Mas y Pujol. “Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido”, se escucha decir a Fernández Díaz en un encuentro que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2012 en la sede de Interior.
Este lunes en elDiario.es hemos revelado que Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes independentistas. Las llamadas “notas informativas” se le empezaron a entregar en 2012. La primera, con fecha de 18 de octubre, atribuyó falsamente al entonces president, Artur Mas, una cuenta en el paraíso fiscal de Liechtenstein. De ahí acabó, un mes después y coincidiendo con el inicio de una campaña electoral, en la portada de ‘El Mundo’.
Así que Fernández Díaz, que todavía sigue dando lecciones de política y moralidad en sus columnas en La Razón y OK Diario, sabía qué decían los informes que pergeñaban los policías que actuaban al margen de la ley. Y que no satisfechos con perseguir a independentistas lo intentaron nada menos que con el entonces fiscal jefe en Catalunya, Martín Rodríguez Sol (lo fue hasta 2013 cuando presentó su dimisión tras haber sido expedientado por plantear que igual podía existir alguna alternativa a un referéndum independentista). A Martín Rodríguez Sol querían vincularlo con el presunto cobro de comisiones procedentes de Unió Democràtica. En la misma nota en que aparecía el nombre del fiscal se reconocía que no se había contrastado la información.
El PP, que día sí y día también acusa al PSOE de ensuciar la Justicia, intentó involucrar a un representante de la judicatura que tanto dice defender en un caso de corrupción sin prueba alguna. Fuentes conocedoras de esos informes contra dirigentes independentistas, empresarios y hasta todo un fiscal jefe, aseguran que algunas “notas informativas” se remitían al presidente Rajoy en sobres blancos, sin remitente ni destinatario a través del servicio de escoltas. Otra vez, una de sobres y PP.
Alberto Núñez Feijóo tiene razón cuando dice que no todo vale en política. Ahora solo falta que se aplique el cuento y exija a Rajoy, Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal que cuenten la verdad.