El presunto fraude entre 2011 y 2015 para que las subvenciones de la Diputación de Barcelona acabaran en bolsillos amigos salpica al actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, apunta que Dalmases recibió parte de las subvenciones destinadas a proyectos de dos de las fundaciones fundadas por el diputado pese a que los estatutos de las entidades lo prohibían y los avisos de los técnicos de la Diputación.
Dalmases aparece en el auto por el que ha ordenado la entrada y registro a una veintena de sedes, entre ellas las de la Diputación y las fundaciones CATMon e Igman. Tras analizar los expedientes de cinco ayudas públicas otorgadas a ambas fundaciones, el juez sostiene que CATMon presentó como justificación de gastos de uno de los proyectos subvencionados “varias facturas para el pago de los servicios de Dalmases” por “tareas de dirección de la revista ONGC”, pese a que los estatutos de la entidad resaltan que los patronos ejercen su cargo gratuitamente. Algunas de las facturas fueron abonadas a Dalmases antes de que se emitieran, añade el juez.
La subvención para la revista ascendió a 24.063 euros. El resto de subvenciones otorgadas por la Diputación a las dos fundaciones investigadas se dedicaron, según la información de los expedientes, a reconstruir la ciudad bosnia de Opstrina Trnovo (31.031 euros); una guía turística digital para la misma ciudad (52.800 euros); la difusión del mundo local a través de la revista Catalan International Views (49.918,40 euros); y consolidar los gobiernos locales en la revista ONGC (28.650 euros). Son cinco de las 28 subvenciones investigadas en un fraude que, como mínimo, se situaría en dos millones de euros.
Los técnicos de la Diputación, explica el juez, emitieron informes negativos a los proyectos porque excedían el máximo de gastos directos y por la “vinculación” entre el beneficiario de la subvención (la fundación CATMon) y los “pagos a Dalmases”, algo que podría vulnerar la ley general de subvenciones. No obstante, la Diputación de Barcelona admitió las facturas presentadas por las fundaciones.
Los patronos de las fundaciones han sido detenidos este miércoles, entre ellos Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de Convergència. El juez, una vez analizada toda la documentación, ve en las subvenciones otorgadas a las fundaciones indicios de un delito continuado de malversación en concurso con uno de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
El único patrono que no ha sido arrestado ha sido Dalmases. Al ser diputado autonómico, Dalmases goza del privilegio del aforamiento y sólo podría investigarlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluny (TSJC). El diputado ha declinado comentar con este diario el contenido del auto judicial.
Además, Dalmases, como presidente de Igman, justificó mediante declaraciones juradas una factura de viaje a Sarajevo de una de las cofundadoras de la fundación “sin que se explique que dicho viaje esté relacionado con ninguna actividad”. Se trataba de la mujer de Terradellas, que a su vez era asalariada de CATmon. Dalmases también justificó de 1.250 euros al tesorero de Igman “por su colaboración en calidad de experto en desarrollo rural”.
“Todos los expedientes son irregulares, presentan un gran desorden e incoherencias, mostrando dejadez en la presentación de documentación por parte de los beneficiarios [las fundaciones CATMon e Igman]; algunas justificaciones finales no pasan por el registro”, asevera el juez. En el caso de los proyectos en Bosnia, el juez cree que no hay “verificación suficiente” de que las actividades se llegaran a realizar.
Asimismo, la Diputación otorgó los 49.918,40 euros para la revista Catalan International Views de forma directa “dada la singularidad del proyecto que no hace viable la convocatoria pública de la subvención”, según recoge el expediente administrativo. El juez cree que esta excepción se debe a que no hay una “explicación racional” para dar la subvención “más allá del interés en beneficiar por algún motivo personal a las personas del grupo CATMon–Igman” por parte del exdirector de relaciones internacionales de la Diputación, Jordi Castells.
Las pesquisas sitúan a Castells, a día de hoy alto cargo de la Generalitat, como el presunto responsable máximo del desvío de dinero público. Según Anticorrupción, los fondos de las subvenciones de la Diputación de Barcelona “transitaban de forma anómala” entre las cuentas bancarias de Igman, CATmon y la empresa Discatimat SL, “para sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama”.
De las 30 personas detenidas este jueves, cinco pasarán a disposición judicial este viernes. Además de Terradellas y Castells, comparecerá ante el juez Aguirre la antigua cúpula del servicio de cooperación internacional de la Diputación: Joan Carles Garcia, actual diputado provincial y alcalde de Tordera; Jonathan Jorba, jefe de la oficina de cooperación de la Generalitat; y Joaquim Ferrer Serra, director de la patronal Pimec hasta 2014.