Nuevo examen europeo a la causa del 'procés' que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La justicia belga ha convocado para este miércoles una vista para decidir en primera instancia si ejecuta las órdenes europeas de arresto y entrega emitidas por Llarena contra los tres consellers cesados que permanecen en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.
La sesión de la Chambre du Conseil arrancará a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Bruselas. La Fiscalía comunicará durante la sesión si apoya la extradición de los exconsellers y por qué delitos, y las defensas podrán presentar sus alegaciones en contra de la ejecución de las euro–órdenes. Mientras que Comín está reclamado por rebelión y malversación, Serret y Puig sólo podrían ser entregados a España por malversación. El delito de desobediencia por el que también les procesó el juez Llarena está excluido de la normativa europea de extradición.
Fuentes de las defensas de los exconsellers confían en que de la vista de este miércoles salga otro varapalo al juez Llarena como el que recibió de parte de la justicia alemana al rechazar la entrega de Carles Puigdemont por rebelión. Además de los argumentos presentados durante la tramitación de la primer euro–orden del pasado mes de diciembre, las defensas insistirán en que los hechos que Llarena atribuye a los exconsellers no encajan en ningún tipo delictivo del ordenamiento belga y que Comín, Puig y Serret verían vulnerados sus derechos fundamentales de ser entregados a España.
En este sentido, la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena ha dado a las defensas nuevos argumentos para reclamar que se rechacen las euro–órdenes. Por ejemplo, el uso de la primera persona por parte del juez al describir el plan soberanista como “la estrategia que sufrimos”, que ya le ha valido reproches por ser “juez y víctima” de parte de los dirigentes independentistas encarcelados en España.
Los exconsellers están en libertad con la obligación de permanecer en Bélgica. Tras la vista del miércoles, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la euro–orden. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto las defensas como la acusación podrán recurrirla. Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los un tribunal de apelación emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva.
Comín, el único reclamado por rebelión
La Fiscalía belga solicitó el pasado mes de marzo (sólo tres días después de recibir la euro–orden) información adicional sobre la petición del juez Llarena. El magistrado respondió a mediados de abril. Precisó en primer lugar que los motivos por les que reclama la detención y entrega de los políticos catalanes no son los que argumentó la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sino los que recogió en su auto de procesamiento del mes de marzo.
“Se trata de hechos complejos”, expuso Llarena en su escrito de seis páginas dirigido a la Fiscalía de Bruselas. El juez también indicó que cada exconseller “ha tenido una contribución bien diferente” en el otoño soberanista de 2017, lo que tiene “un reflejo” en los dos delitos por los que reclama a los políticos.
Sobre la supuesta rebelión, que requiere un alzamiento público y violento, Llarena ha trasladado a Bélgica que Comín “promovió la declaración de independencia” de Catalunya “sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia y con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad político”. El juez fundamenta esta tesis en algunos puntos del auto de procesamiento.
En primer lugar, señala que Comín cesó a los responsables de consorcios sanitarios en vísperas del 1-O para “asegurar” que se utilizaran para la votación. A partir de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil durante el verano, Llarena sitúa a Comín como “responsable destacado” de la búsqueda de locales para el referéndum. No obstante, el documento enviado a Bélgica también recoge sobre Comín puntos del auto de procesamiento referentes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), ente sobre el que el exconseller de Salud no tenía competencias.
Respecto a la malversación, Llarena se remite a los acuerdos aprobados por la Generalitat en septiembre que autorizaban a la confección del material electoral y a la cantidad de 1,6 millones de euros “que necesariamente habían de realizarse o comprometerse” para el 1-O. La falta de concreción sobre si esa cantidad corresponde a facturas abonadas o comprometidas ya ha provocado dudas en la justicia alemana, ante la que Puigdemont ha alegado que el referéndum se pagó con aportaciones privadas.
Durante la tramitación de la primera euro–orden, la Fiscalía de Bruselas apoyó la entrega a España de los exconsellers. Sin embargo, el juez belga no pudo pronunciarse porque Llarena retiró la euro–orden en diciembre. Evitó así que el juez belga limitara la acusación de rebelión contra Puigdemont, algo que no ha podido esquivar en Alemania. Bélgica se pronuncia a partir de este miércoles sobre la 'doctrina Llarena'.