Un hombre ha quitado el protagonismo al rey este lunes en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido el centro de miradas y focos y ha recibido calurosas salutaciones, abrazos y palmadas en la espalda de sus compañeros de carrera. El apoyo cerrado al juez coincide con el momento más delicado de la causa contra el 'procés' tras el revés del tribunal alemán del estado de Schleswig-Holstein a extraditar a Carles Puigdemont por rebelión, una circunstancia que el independentismo no quiere desaprovechar.
Las fuerzas soberanistas confían en que las justicias belga, escocesa y suiza seguirán la misma senda que la alemana y descartarán la entrega de los dirigentes independentistas por rebelión. De hecho, la defensa de Oriol Junqueras ya ha recordado al juez la “inidoneidad” de la supuesta violencia que consideró el tribunal alemán, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es por el que se adhiere a los recursos presentados por el resto de dirigentes contra su procesamiento.
En el corto plazo, los partidos apuestan por profundizar el frente ante los organismos internacionales, comenzando por el rescate de Jordi Sànchez como candidato a la presidencia avalado, afirman, por la ONU. Siguiendo el guion pactado entre JxCat y ERC, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para el próximo viernes la sesión de investidura de Sànchez y ha enviado una carta al magistrado reclamando que permita asistir al candidato.
El objetivo es continuar tensionando la 'doctrina Llarena' y que el magistrado deniegue el permiso a Sànchez para salir de la cárcel y ser investido, en línea con la que hizo el pasado mes de marzo y al declarar su incapacidad legal prolongada para ser diputado. Una decisión así, a criterio de los independentistas, entraría en colisión con la petición del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que España respete los derechos políticos de Sànchez.
El organismo internacional dispuso estas medidas cautelares a instancia de la defensa del candidato y en ningún caso quiere decir que considere que sus derechos políticos no están siendo respetados, ya que no ha entrado a posicionarse sobre el fondo de la demanda. Lo ha recordado la líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, para rechazar al candidato Sànchez. “Dejen de mentir y vuelvan al 'seny', si es que pueden”, ha reclamado a las formaciones independentistas.
Además, el Comité no tiene mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones ni imponer sanciones económicas. El único aspecto que se podría ver afectado si el Estado decide hacer caso omiso a Naciones Unidas sería la reputación internacional de España. Pese a eso, los independentistas consideran que un nuevo auto de Llarena denegando la investidura de Sànchez después de la comunicación de la ONU es un potente ariete tanto a nivel discursivo, reforzando la idea de la violación de derechos contra el movimiento, como a nivel legal en diferentes ámbitos.
En primer lugar, porque consideran que es un argumento a favor de la “persecución política” que denuncian en todos los países a los que llegan euroórdenes, sea Alemania (que de momento ha rechazado esta acusación), Bélgica, Suiza o Escocia. Pero, además, en la esfera jurídica que defiende a los acusados independentistas aún no se descarta la posibilidad de acabar demandando al propio juez Llarena por lo que consideran prevaricación a la hora de dictar sus resoluciones. Si ese paso, anunciado pero nunca efectuado por el grupo de JxCat, se acaba dando, una resolución del magistrado del Supremo que pueda entenderse como contrario a la petición cautelar de la ONU puede ser un buen punto de partida.
Estrasburgo... ¿y Luxemburgo?
Aún hay un tercer ámbito desde el que el independentismo está tratando de agrietar la 'doctrina Llarena' según la cual hay indicios suficientes para una acusación por un delito de rebelión. Es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, una instancia a la que diversos líderes independentistas han apelado, por ejemplo el propio Torrent, aunque aún nunca se han dirigido a ella formalmente.
Estrasburgo es, antes que nada, la última instancia del sistema judicial europeo, a la que la forma de llegar es agotar las instancias estatales. Por ello, es el final seguro del caso que se instruye en el Tribunal Supremo, como ya dejan entrever las defensas en sus recursos, donde exponen varias vulneraciones de derechos que, a su juicio, ha comportado la instrucción de la causa por rebelión.
A Europa, sin embargo, no sólo miran las defensas. El juez Llarena está estudiando la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, tras el varapalo alemán. En círculos judiciales se presenta como primera opción del Supremo acercar posiciones con Alemania y que sea la propia justicia germánica la que reconduzca la negativa a extraditar a Puigdemont por rebelión. En cualquier caso, la cuestión prejudicial al TJUE no se plantearía hasta el fallo definitivo de los jueces alemanes.
Otras fuentes jurídicas, sin embargo, descartan un cambio de posicionamiento de la Justicia alemana en lo que a la rebelión se refiere. Y advierten con fuerza además de la posibilidad de que Alemania también descarte extraditar al expresident por malversación, habida cuenta de que el código penal germano contempla este delito cuando el político se lleva el dinero al bolsillo, no cuando lo usa para financiar un referéndum inconstitucional como puede ser el caso de Puigdemont.
Los procesos de extradición pueden terminar con la imagen de un mismo juicio en el Supremo con un banquillo de los acusados dispar, en el que Puigdemont se siente por presunta malversación y Oriol Junqueras por presunta rebelión, lo que sería dar otro argumento al independentismo. Con todo, la puerta para juzgar a Puigdemont por rebelión no está totalmente cerrada: la ley orgánica española sobre la euroorden permite que, una vez juzgados los delitos por los que se ha extraditado a un encausado, se le pueda abrir otro procedimiento si no se marcha de España en 45 días “desde su puesta en libertad definitiva” (en el caso de que Puigdemont fuera condenado por malversación, delito penado con hasta 8 años de cárcel).
Más allá de la evolución del caso 1-O, la constatación de que es improbable que España acabe juzgando a Carles Puigdemont por rebelión ha abierto una inesperada caja de truenos política en el ámbito de la izquierda española. Figuras tan dispares como Felipe González o Pablo Iglesias se han pronunciado en los últimos días sobre la rebelión, opinando que no ha existido, y favorables a la liberación de los presos. Las grietas de la doctrina Llarena también han abierto la puerta a un cambio de posición en el PSOE. Por boca de su secretario de organización, José Luis Ábalos, los socialistas han asegurado este lunes que mantener a los políticos independentistas presos “no ayuda” a la resolución del conflicto.