ERC y Òmnium dudan de la propuesta de JxCat para citar al rey como testigo en el juicio al 'procés'

Los abogados y abogadas de los doce líderes soberanistas que se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo han ultimado este fin de semana, también desde las cárceles donde están encerrados sus clientes, los escritos de defensa que presentarán como tarde este martes. Todos los acusados tienen claro el relato de hechos con el que replicar a la Fiscalía y defender que no hubo ni rebelión sedición ni malversación, tal y como muestra parte del escrito de defensa del exvicepresident Oriol Junqueras avanzado este domingo por el diario.es.

Donde ha existido más debate entre las defensas, que se reunieron más de cinco horas este viernes, es en una parte clave de los escritos: la solicitud de testigos, peritos y pruebas. Uno de los testigos que se propondrán será el rey Felipe VI, según desveló el viernes el exconseller Francesc Homs. La propuesta no termina de convencer a las defensas de los dirigentes encarcelados de ERC y Òmnium Cultural, que difícilmente secundarán la propuesta, aunque la última palabra la tendrán sus clientes.

Su argumentación se basa en una estrategia de defensa centrada en el protagonismo de los acusados, con testigos que, de forma mayoritaria, avalen su relato. Bajo este planteamiento, se concluye que difícilmente se podría obtener algo a favor del testimonio del rey Felipe VI –o en su defecto, el del jefe de la casa real, Jaime Alfonsín, que plantearán Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull–. Citar al rey tampoco está en los planes de la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn.

Por contra, Homs defendió que el testimonio del rey es “muy importante”, ya que, a su juicio, el discurso de Felipe VI crítico con el independentismo catalán del 3 de octubre de 2017 hizo cambiar el posicionamiento de los tribunales respecto a los delitos de rebelión y sedición, que hasta entonces no habían contemplado. El hecho de que el exconseller de Presidència de Artur Mas desvelara la citación al rey en TV-3 ha causado entre sorpresa y malestar a las defensas oficiales, habida cuenta de que Homs no representa jurídicamente a ningún político sino que es un “coordinador”, en sus propias palabras, de la estrategia de los acusados de JxCat.

Homs recordó además que fue la propia Fiscalía quien, en su escrito de acusación contra los líderes soberanistas, enmarcó el discurso del rey del 3-0 en el “legítimo cumplimiento de funciones” de Felipe VI ante el “levantamiento” independentista. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Oriol Junqueras; 17 para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; 16 para Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull; Jordi Turull y Raül Romeva, todos ellos acusados de rebelión. Para los exconsellers Santi Vila, Carles Mundón y Meritxell Borràs se piden 7 años. La Abogacía del Estado pide penas rebajadas respecto a la Fiscalía; Vox las multiplica.

Por otro lado, el viernes existía mayor consenso para descartar la petición para que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy acudiera a testificar al juicio, aunque no se había cerrado una posición. En cualquier caso, el tribunal que presidirá el magistrado Manuel Marchena se tendrá que pronunciar sobre la comparecencia de Rajoy porque el partido de extrema derecha Vox, que ejerce la acusación popular, sí la ha pedido.

Escritos y periciales

Las defensas centrarán sus escritos no tanto en rechazar los hechos expuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sino en la calificación jurídica de los mismos. “Los hechos que relata la Fiscalía son, en esencia, los mismos que expondremos nosotros. Lo que cambia es que ellos lo ven como una rebelión, pero en realidad el alzamiento violento no existe por ningún lado”, resumían fuentes de las defensa de Sànchez, Rull y Turull este viernes.

La Fiscalía sostiene que desde 2012 los independentistas idearon un plan unilateral hacia la independencia que contemplaba la utilización de “la violencia necesaria” a través de los Mossos y de manifestaciones “tumultuarias” de Òmnium y la ANC. El escrito de acusación de los fiscales se basa en resoluciones parlamentarias, acuerdos de Govern, movilizaciones y el 1-O, jornadas y hechos que no pueden negarse que existieran.

Con lo que sí creen las defensas que se puede replicar es, por un lado, con el propio Código Penal y la jurisprudencia existentes, que a su juicio tienen que llevar a la absolución. Además de con la técnica, algunas defensas reivindicarám el pacifismo de las movilizaciones y denunciarán que el Supremo enjuicia un conflicto que tendría que resolverse a través de la política. En otras palabras, los 12 encausados llevarán a cabo una defensa coordinada, pero no conjunta.

La combinación de argumentos estrictamente jurídicos sin descuidar los más políticos que ya se vio en la vista sobre la competencia del Supremo para enjuiciar el 'procés'.  Algunas defensas, de hecho, situarán en sus escritos el inicio del contencioso catalán con la sentencia del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut en 2010. Es el caso del exvicepresident Oriol Junqueras, quien en su escrito de defensa reivindica que en su etapa en el Goviern que condujo al 1-O y a la declaración del independencia “defendió en todo momento y defiende aún en la actualidad que la solución pasa por una negociación política”.

Las vulneraciones de derechos fundamentales que las defensas denuncian que han producido a lo largo de la instrucción, claves para el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo donde terminará la causa, también se expondrán en los escritos, entre ellos el derecho al juez predeterminado por ley –los independentistas creen que la causa tendría que juzgarse en el TSJ catalán.

Respecto a las pruebas periciales, las defensas consultadas este viernes guardaban silencio, aunque se da por descontado que se propondrá una prueba pericial para contrarrestar las lesiones supuestamente causadas por votantes a los policías del 1-O que aduce la Fiscalía. El objetivo: intentar probar que las lesiones son compatibles con el uso de las porras.

Los escritos de defensa también resolverán el debate que han mantenido las defensas en las últimas semanas: pedir la anulación de las pruebas en las que se basan las acusaciones –provenientes en su mayoría de la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que algunos abogados consideran que es ilegal– o presentar pruebas de descargo respecto a la documentación incautada en los registros del 20 de septiembre de 2017.

En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía ha propuesto que dos guardias civiles declaren como peritos de inteligencia para analizar los documentos 'Enfocats' y la libreta Moleskine, documentos donde se escribió, según el ministerio público, la ruta a la rebelión del otoño soberanista de 2017, y que son claves para la acusación.