El caso Mercurio, que ha puesto en la picota la gestión del exsocialista Manuel Bustos al frente del Ayuntamiento de Sabadell, parece no tener fin. Este viernes la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce de acusación popular del caso, ha informado que la jueza ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– a Bustos en otras dos piezas.
Se trata de las piezas 25 y la 31, que investigan las posibles colocaciones irregulares de personas en el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), el Consorcio de Residuos y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por un lado, y si Bustos habría facturado al Consell Comarcal un viaje al congreso del PSOE de 2012. De esta forma, Bustos acumula un total de nueve imputaciones en este proceso judicial, correspondientes a las piezas número 5, 25, 25 bis, 27, 28, 29, 30, 31 y 33.
En el primero de los casos, la jueza del caso Mercurio considera que Bustos habría realizado las acciones oportunas para colocar personas de su confianza en diferentes ámbitos del Consejo Comarcal y del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental, así como del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El exalcalde Bustos declarará como investigado por un delito de tráfico de influencias por las presuntas colocaciones.
“Existen conversaciones donde Bustos comenta con su hermano Paco que deben hablar con Antoni Balmón –alcalde de Cornellà y vicepresidente de la AMB– para colocar a una trabajadora en el ente supramunicipal, lo que al final sucedió”, ha explicado el abogado de la Plataforma, Raul Garcia Barroso. Por este motivo, la jueza ha citado a declarar Balmón en calidad de testigo el próximo 9 de junio.
Por otra parte, la magistrada ha enviado a un juzgado de Terrassa la información, para que investigue si Bustos facturó al Consell Comarcal del Vallès Occidental el coste de un alojamiento en Sevilla entre el 3 y el 5 de febrero de 2012, cuando se celebró un congreso del PSOE. El juzgado ha citado a declarar el exalcalde de Sabadell por un presunto delito de malversación el próximo martes.
Juntamente con Bustos están citados, para este martes y por el mismo motivo, la miembro del consejo nacional del PSC, Magdalena Gallardo, actualmente trabajadora del CCVOC, y que viajó y se alojó en Madrid el 1 y 2 de octubre de 2011 y en Almería el 6 y 7 de enero de 2012, igual que Montserrat Montiel (PSC) que también estuvo en Madrid por las mismas fechas y Marta Picañol, interventora del Consorcio de Residuos, “la encargada de velar para que no sucedieran estas prácticas” y que deberá dar explicaciones, ha explicado el letrado.
Asimismo, el ex gerente del Consorcio, Francisco Fernàndez Ortega -también investigado en la pieza 31-, por presunta malversación de cabales públicos y que tras los atestados de los Mossos d'Esquadra se desprende una “posible participación de un delito de malversación de fondos públicos y de falsedad en documento público”, con 43 desplazamientos y dietas por España no realizadas, cobro ilícito por duplicado y triplicado de kilometraje y dietas y disposición de dineros en metálico a través de cajeros, entre otros conceptos entre 2011 y 2012, que ascienden a un total de 38.926,14 euros.
Si bien estas piezas del caso Mercurio permanecen abiertas, otras ya se han cerrado. De hecho, Bustos y el exsecretario de organización del PSC, Dani Fernández, fueron condenados a un año y 4 meses de cárcel y una multa de 60.000 euros por un delito de tráfico de influencias al interceder para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC.