Segundo revés para la Fiscalía a cuenta de la flexbilización de la estancia en prisión de los presos del procés. El juez de vigilancia penitenciaria de Barcelona encargado de estudiar el permiso que la cárcel de Puig de les Basses (Girona) concedió a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa para cuidar de su madre tres días a la semana ha tumbado la solicitud de la Fiscalía para revocarlo, dando así su visto bueno a la decisión de los profesionales de la cárcel.
Al ser una cárcel distinta a la de Lledoners, donde permanecen los siete hombres condenados por el 1-O, también es un juez distinto el que revisa las decisiones sobre Bassa, la única presa del procés que está en Puig de les Basses (Carme Forcadell cumple condena en la cárcel tarraconense de Mas d'Enric).
La conclusión del magistrado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya, Jesús Ignacio Moncada, respecto a Bassa es la misma a la que llegó su compañera del juzgado 5, Maria Jesús Arnau, con Cuixart: ambos tienen derecho a la aplicación del 100.2, artículo del reglamento que flexibiliza el régimen penitenciario, decidida por la Junta de Tratamiento de las respectivas prisiones.
Ambos togados, con estilos distintos, también cierran la puerta a la intención de los fiscales de “reeducar” a los presos del 1-O para “enseñarles a respetar la ley”. Magistrado y magistrada concluyen que esta petición de los fiscales va en contra de la libertad ideológica de los presos y que no corresponde a un tratamiento penitenciario que tiene como último fin la reinserción social de los presos.
La magistrada Arnau dedicó varias páginas a desmontar las tesis fiscales, mientras que el juez Moncada llega a la misma conclusión de forma más sucinta. El juez despacha en un párrafo los argumentos de la Fiscalía sobre la “reeducación” de los presos del procés, y recuerda que esta petición fiscal “se remite a la esfera intelectual y de asunción emocional de la personal”. Al ser la ideología una cuestión “inherente a la esencia personal”, no puede ser objeto de tratamiento penitenciario, agrega el magistrado.
Toda la cuestión ideológica, según el juez, está “desencajada”, de la aplicación del 100.2, y en especial del caso de Bassa. La exconsellera, indica el juez en base a los informes psicológicos de la prisión, no está interesada en volver a la política, sino que enfoca su futuro en la familia, volver a su profesión, la enseñanza, y en su futura jubilación. De ahí que el juez no ponga inconveniente en que Bassa salga de prisión durante un mes tres días a la semana para cuidar de su madre en aplicación del 100.2.
Con el auto de este lunes respecto a Bassa se confirma la senda iniciada el pasado viernes con Cuixart de aval judicial a la semilibertad de los condenados por sedición. Los nueve presos, condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel, ya han empezado a salir entre semana de prisión para trabajar, realizar labores de voluntariado y, solo en el caso de las dos mujeres, cuidar de sus madres. La Fiscalía puede recurrir la decisión del juez ante la Audiencia de Barcelona.