La Fiscalía está a punto de concluir todas las diligencias que mantiene abiertas desde hace más de un año contra los alcaldes catalanes por su colaboración con el 1-O. Ahora llega el momento de archivarlas o presentar la correspondiente querella en los juzgados contra los ediles, algo que sucederá en pocas semanas. La clave para hacerlo será si los alcaldes cedieron locales municipales para la votación después del 8 de septiembre del año pasado, fecha en que el Tribunal Constitucional suspendió la votación y les advirtió, junto al resto de autoridades catalanas, de su deber de impedir cualquier iniciativa relacionada con el 1-O.
Por orden del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza (fallecido en noviembre de 2017), el ministerio público abrió diligencias contra los 712 alcaldes y alcaldesas (el 75% del total) que mediante decretos de alcaldía apoyaron al Govern por el 1-O. Más de un año después, solo menos de un centenar permanecen investigados. Tampoco se interpondrá querella contra todos ellos, sino solamente contra los que se hayan logrado indicios sólidos de su colaboración contra el 1-O mediante la cesión de locales municipales.
Ha sido una investigación exhaustiva en la que han participado todas las fiscalías de las distintas demarcaciones catalanas, bajo la coordinación de la Fiscalía Superior de Catalunya, y de la que se ha informado puntualmente a la Fiscalía General del Estado. Fue el exfiscal general Julián Sánchez Melgar quien fijó en febrero que sólo tendrían relevancia penal los “hechos o conductas” de los alcaldes para ceder locales para el 1-O una vez suspendida la votación, criterio que ha mantenido la nueva jefa de la Fiscalía, María José Segarra.
La Fiscalía Superior catalana ha llevado a cabo las pesquisas sobre los alcaldes que también eran diputados en el Parlament y por lo tanto aforados. Este diario ha tenido acceso al decreto de archivo de las diligencias contra uno de los alcaldes que se ha salvado de la querella, Marc Solsona, primer edil de Mollerussa (Lleida). El escrito del fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio es un manual de instrucciones sobre cómo han abordado los fiscales la investigación de los alcaldes.
En el caso de Solsona, el archivo de la causa se ha dictado porque no se ha acreditado “más allá de meras suposiciones” la presunta comisión del delito de desobediencia ni de malversación por la cesión de locales. Cabe recordar que para la Fiscalía la última reforma del delito del malversación permite perseguir penalmente no sólo el gasto fraudulento de dinero público, sino también el uso ajeno a la función pública y a la legalidad del patrimonio de la administración. Aquí entraría la cesión de locales municipales el 1-O.
El fiscal, pese a archivar la investigación, deja claro que es “más que probable” que Solsona colaborara “materialmente” con el 1-O. Después de las duras críticas que recibió la Fiscalía por abrir diligencias contra los alcaldes, el fiscal Pérez de Gregorio zanja que los decretos de alcaldía de apoyo al 1-O son actos de “mera adhesión política o ideológica” al referéndum y que “carecen de relevancia penal” al haberse realizado antes de la suspensión del Constitucional.
Investigación exhaustiva
Solsona se negó a declarar ante el fiscal el 15 de septiembre, después de que fuera citado por firmar el 7 de septiembre un oficio –otros ediles firmaron un decreto de alcaldía– en el que mostraba su “pleno apoyo” al 1-O. El 31 de enero, el fiscal requirió al secretario municipal de Mollerussa que certificara si Solsona había adoptado disposiciones para ceder locales municipales a la Generalitat para la votación. Un mes después, el funcionario informó de que no tenía constancia de que el alcalde hubiera firmado ningún documento o acto administrativo en este sentido, ni tampoco que el 1-O hubiera abierto ningún local.
El fiscal no dio credibilidad al secretario, por lo que en mayo pidió a los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en la mayoría de casos, que comprobaran lo manifestado por el funcionario. El informe de los Mossos recoge la misma versión exculpatoria del secretario sobre el papel del alcalde en el 1-O, además de otros detalles sobre el día de la votación en Mollerussa.
En conjunto, en Mollerussa se pudo votar en tres locales, dos de ellos de propiedad privada (un colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y un instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas). Por su lado, el director de la escuela de música municipal declaró ante los Mossos que el 1-O no se encontraba en el centro y que desconocía quién la había abierto para que se votara. Y lo más importante: que no recibió indicación alguna de Solsona para abrir la escuela para el referéndum.
De hecho, el director explicó que las llaves del local también las tenían la brigada de limpieza municipal, la policía local, los bomberos, los servicios territoriales de Enseñanza de la Generalitat, el AMPA y el Orfeó Renaixença, el coro del pueblo. Un alegato para descargar de responsabilidad al alcalde que el fiscal considera “poco creíble”.
En base a toda esta información, el fiscal concluye que pese a que es “indudable” que se votó en Mollerussa, “no ha sido posible obtener prueba ni indicio alguno de que Solsona hubiera adoptado u ordenado adoptar disposición alguna, de iure o por la vía de hecho, para poner a disposición espacios de titularidad municipal para la celebración del referéndum”. Solsona no recibirá una querella, pero otros alcaldes catalanes sí tendrán abierta una causa judicial a las puertas de las elecciones municipales. Y con indicios sólidos recopilados por la Fiscalía a lo largo de un año.