Retirada momentánea de la Fiscalía en su pretensión de imputar por organización criminal a 28 altos cargos del Govern y empresarios por preparar el referéndum del 1-O. El Ministerio Público ha desistido de su recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra la negativa de la titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona de citar a declarar por este delito a los procesados, entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio.
En un decreto, al que ha tenido acceso eldiario.es, el letrado de la administración de justicia de la sección 2 de la Audiencia de Barcelona, encargada de resolver todos los recursos de apelación planteados en la investigación del 1-O del juzgado de instrucción 13, constata que la Fiscalía no ha comparecido ante el tribunal para sostener su recurso en el plazo legal de diez días, por lo que declara “desierto” el recurso de apelación del Ministerio Público.
Tras más de dos años de investigación, la Fiscalía quiso introducir por primera vez el delito de organización criminal el pasado mes de mayo, una vez la jueza instructora ya había recopilado suficientes indicios como para procesar a los 30 investigados por malversación, desobediencia, prevaricación o falsedad documental, entre otros cargos. A principios de junio, también la Fiscalía del Supremo mencionó, durante el final del juicio del procés, por primera vez la organización criminal, pero finalmente no acusó por este delito.
La diferencia entre añadir o no la organización criminal en la causa de los preparativos del 1-O no es menor, habida cuenta de que es un delito castigado con hasta ocho años de prisión. De los 33 procesados, diez lo están por delitos como la desobediencia o la prevaricación, que no conlleven penas de cárcel, a diferencia de la malversación, la falsedad documental o la revelación de secretos.
En el último tramo de la instrucción del caso, la Fiscalía ha intentado introducir por ambas vías el delito de organización criminal. Primero pidiendo procesar por este delito a 28 de los investigados, solicitud que fue rechazada por dos veces por la jueza, que finalmente ni siquiera aceptó tramitar el recurso de apelación del Ministerio Público.
La segunda vía fue la solicitud de los representantes del Ministerio Público del caso, los fiscales anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonando y la fiscal Isabel Nevot, para tomar declaración como imputados por organización criminal a todos los investigados.La jueza lo rechazó en primera instancia y ahora la Fiscalía no ha comparecido para defender su posición ante la Audiencia de Barcelona, por lo que el recurso ha quedado desierto.
El doble intento de la Fiscalía de introducir el delito de organización criminal generó varios escritos de reproches cruzados entre la jueza instructora Alejandra Gil y los fiscales. A criterio de la jueza, “no se acaba de entender el motivo” por el que los fiscales primero quisieron procesar a los investigados por organización criminal “sin haberles tomado declaración antes”, pero luego sí “consideraron necesario” interrogarles para poder acusar en el juicio.
Los fiscales contraatacaron criticando la “notable contradicción” de la jueza porque, a su juicio, sin tomar declaración a los procesados por el delito de organización criminal durante la fase de instrucción, el Ministerio Público no puede acusar por este delito en el juicio. De hacerlo, se vulneraría el principio acusatorio y no se garantizaría el derecho de defensa de los procesados.
La jueza opina lo contrario, y en todos los autos por los que ha rechazado las pretensiones de la Fiscalía respecto a la organización criminal ha recordado a los fiscales que sí podrán acusar por este delito en el juicio a los procesados. Los altos cargos y empresarios aguardan que la Audiencia de Barcelona confirme o revoque su procesamiento para que el caso encare su recta final, con la presentación de escritos de acusación y de defensa y la celebración del juicio.