Lo que empezó como una investigación sobre las palabras del exjuez Santiago Vidal derivó en un escrutinio sobre el 1-O y los contratos de la Generalitat en busca de malversación en las denominadas “estructuras de Estado”. Sin embargo, el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, no fue el primero ni el único en investigar sobre esta cuestión.
Cuando Ramírez Sunyer abrió la causa en febrero pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya llevaba un año investigando las estructuras de Estado. En concreto, el ministerio público tenía la sospecha de que el CESICAT, una fundación de la Generalitat sobre ciberseguridad adscrita al departamento de Presidencia, era el embrión de la futura Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una suerte de CNI a la catalana.
“Las actividades irregulares del CESICAT alcanzarían también la ejecución de actividades de censura mediante la eliminación de páginas web; al control de las comunicaciones mediante la interceptación de correos electrónicos; el acceso a bases de datos ajenas; al encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso la creación de bases de datos de ciudadanos”, sostenía la Fiscalía.
El levantamiento del secreto de sumario de la causa del 13 ha permitido conocer detalles sobre la investigación pilotada por los fiscales de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y Miguel Ángel Carballo sobre las estructuras de Estado. El motivo es que la Fiscalía se inhibió en favor del juez en septiembre de este año, después de que ambos investigaran durante seis meses en paralelo la creación de estructuras de Estado. Fue la Guardia Civil quien advirtió al fiscal de que el juez Ramírez Sunyer estaba investigando lo mismo.
Las diligencias de la Fiscalía incluyeron un alud de solicitudes de documentación y contratos millonarios de la Generalitat con una veintena de empresas, entre ellas grandes multinacionales tecnológicas y consultoras. Los contratos reclamados no sólo versaban sobre ciberseguridad. También se reclamaron, por ejemplo, los procesos de contratación para la digitalización de las tarjetas de transporte pública, las llamadas T-Mobilidad.
Asimismo, se requirieron a la Seguridad Social los informes de vida laboral de unos setenta trabajadores, tanto del CESICAT como de firmas del sector privado. En el momento de inhibirse en favor del juez, la Fiscalía mantenía sospechas sobre la presunta conversión del CESICAT en una agencia de inteligencia.
No obstante, las respuestas de las empresas y los contratos solicitados se enmarcan en labores sobre las que la Generalitat tenía competencias autonómicas. Algunas grandes firmas, como Deloitte, llegaron a concretar al fiscal “la inexistencia de encargos de la Generalitat con finalidad o alcance de asistir a una estructura de Estado”.
Por su lado, el juez siguió la misma tesis de la Fiscalía y requirió a la Guardia Civil para pedir a la empresa It Corporate Solutions Spain SL, con sede en Madrid, a aportar todos los servicios de seguridad informática que le hubiese encargado la Generalitat.
El CESICAT, en la primera legislatura de Artur Mas, fue objeto de importantes polémicas, que desveló este diario, como por ejemplo la elaboración de informes de activistas sociales junto a los Mossos d'Esquadra.
El juez, además del CESICAT, se centró en la construcción de la Hacienda catalana. De hecho, uno de los primeros imputados fue el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó. Las pesquisas no logran confirmar que Catalunya dispusiera de una agencia tributaria al uso para afrontar la independencia, y de hecho vienen más a avalar la escasa preparación de la Generalitat para afrontar el cobro de los grandes impuestos que ahora gestiona el Estado.
A septiembre de 2017, un informe de la Guardia Civil sí plasmaba que la Generalitat había encargado a varias multinacionales el diseño de la organización del sistema fiscal de una hipotética Catalunya independiente, incluido el detalle de sus organismos rectores, tal y como el propio Govern de Artur Mas había anunciado que haría.