Nuevas querellas de la Fiscalía para impedir el referéndum. El ministerio público se ha querellado contra la alcaldesa de Vilanova y la Geltrú (Barcelona), diputada de Junts pel Sí y presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras (PDECat), y contra el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch (PDECat), por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de cárcel.
En esta nueva querella, la tercera en menos de una semana contra políticos independentistas, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, pide al juez que ordene a todos los alcaldes catalanas retirar todos los carteles de sus municipios que llamen a participar o a votar 'sí' el 1–O, una medida que no se había reclamado hasta ahora. El objetivo del fiscal es impedir el referéndum.
La querella contra la presidenta de la AMI y el líder de la ACM se ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya que Lloveras es aforada ante este tribunal por su condición de diputada en el Parlament.
Entre las medidas cautelares solicitadas por el fiscal destacan también, por un lado, la solicitud de fianza –sin cuantificar– “y, en su caso, embargo de bienes”, así como el cierre de las webs de las dos asociaciones, http://www.municipisindependencia.cat/ y http://www.acm.cat/. Y precisa el fiscal que, si el servidor de las dos webs se encuentra en el extranjero, se ordene bloquear el acceso a ambos portales desde España.
Asimismo, el fiscal reclama al juez que ordene a los 947 alcaldes catalanes impedir facilitar recursos materiales o ceder locales para el referéndum. “Y singularmente –añade el fiscal– la prohibición de imprimir, colocar o difundir los carteles de fomento de la participación o a favor del SÍ, debiendo retirar, en su caso, los carteles que ya se han colocado”.
La última medida cautelar que ha pedido el fiscal también aparece la querella contra Puigdemont y el Govern, sobre la que la magistrada Mercedes Armas todavía tiene que pronunciarse: ordenar a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que retiren urnas, algo que ya les ha mandado la propia Fiscalía.
El fiscal acusa a Lloveras y a Buch Romero de realizar “actos inequívocos de promoción y organización” del referéndum, al que se refiere como “inconstitucional convocatoria”. En concreto, el envío por correo electrónico a los alcaldes de sus respectivas asociaciones del modelo del decreto de alcaldía para comprometerse con el Govern a ceder locales el 1-O que han firmado más de 700 alcaldes, así como de dos carteles de la AMI y la ACM llamando a participar y votar 'sí' el 1-O.
Querella contra la Sindicatura Electoral del 1-O
Por otro lado, la Fiscalía ha interpuesto ante los juzgados de instrucción de Barcelona una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del referéndum, organismo equivalente a la Junta Electoral central encargado de controlar la votación del 1-O.
A diferencia del resto de querellados por el referéndum, los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O no son políticos profesionales, sino que son juristas, abogados o polítologos, la mitad de ellos profesores de universidad. Se trata de Jordi Matas, Marta Alsina, Josep Pagès, Tània Verge, y Marc Marsal.
El Constitucional preguntó este miércoles todos los síndicos electorales si están o no cumpliendo la suspensión de su nombramiento que el alto tribunal acordó la semana pasada. El Abogado del Estado ha pedido luego al TC que ejecute la suspensión, pues a su juicio se está desobedeciendo. Antes de proceder, eventualmente, a multas, el Constitucional ha enviado un exhorto a los síndicos para que expliquen cómo están cumpliendo sus resoluciones.
La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, no ha esperado a la respuesta de los síndicos al Constitucional y se ha querellado contra todos ellos por desobediencia, usurpación de funciones y malversación.
Con estas dos nuevas denuncias, ya son 27 los políticos y cargos catalanes querellados por el impulsar o permitir el debate parlamentario del referéndum: Puigdemont, Junqueras, y los doce consellers del Govern; Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlament; la presidenta de la AMI, Neus Lloveras; y el líder de la AMC, el también neoconvergente Miquel Buch.
Además, la Fiscalía citará a declarar a 712 alcaldes para interrogarles sobre la cesión de locales para el 1-O, bajo amenaza de detenerlos si no acuden voluntariamente.