Por primera vez en tres años, una funcionaria de la cárcel de Brians I (Barcelona) ha admitido que la interna Raquel E.F. sí verbalizó que se quería suicidar días antes de que el 11 de abril de 2015 se quitara la vida, tras pasar sus últimos siete meses en régimen de aislamiento. “No quiero vivir, no quier vivir”, ha afirmado que dijo la interna una semana antes de suicidarse.
La revelación de la funcionaria se ha producido durante el juicio por el suicidio de la interna que se ha celebrado este martes y que enfrenta a la familia de Raquel E.F., representada por el centro Iridia, contra la Generalitat, administración competente en prisiones en Catalunya. La familia reclama 20.000 euros a la administración porque, a su juicio, la Generalitat es responsable de la muerte de Raquel al haber omitido los avisos que dio la propia interna antes de quitarse la vida.
Se basa la familia en el intento de quemar la celda que hizo la interna, las autolesiones que se practicó con un cristal o la retirada de las sábanas de su celda. Estas tres cuestiones quedaron plasmadas en informes de la cárcel que obran en la causa, pero ninguno de los responsables del centro, ni los psiquiatras ni los funcionarios han dicho recordarlos durante su declaración como testigos.
Tan solo la citada funcionaria ha explicado, sin más concreciones, que Raquel E.F. sí había avisado de que se quería quitar la vida. Lo que ocurrió después de que la oyera decir “no quiero vivir, no quiero vivir” no ha quedado del todo claro, y es la clave del juicio. Para que la Generalitat sea condenada a indemnizar a la familia, hay que demostrar que la administración mantuvo una dejación de funciones y no activó el protocolo antisuicidios pese a saber de las tendencias autolesivas de la interna.
Un protocolo deficiente
En este sentido, lo que sí ha quedado claro es que en 2015 el protocolo antisuicidios de la cárcel de Brians era mucho más vago que el que está en vigor a día de hoy. Así, varios funcionarios han explicado que si detectaban algún preso que quería quitarse la vida lo que hacían era avisar al médico de guardia, que a su vez lo comunicaba después al psiquiatra. Luego pasaban varios días hasta decidir si se trasladaba al interno en aislamiento al módulo psiquiátrico. En otras palabras: una actuación lenta y más discrecional de la que hay ahora, en la que inmediatamente se debe rellenar un informe con varios documentos adjuntos.
Tampoco han recordado los funcionarios los malos tratos que denunció la interna y que envió al juzgado de vigilancia penitenciaria. Algunos sí han explicado cómo inmovilizaron a la presa porque estaba “alterada”.
La Generalitat rechaza responsabilidades
Al contrario que la familia, la Generalitat no advierte una relación causa–efecto entre su falta de actuación y el suicidio de la interna. Así lo ha manifestado el director de la cárcel de Brians I en el momento del suicidio, Joan Carles Navarro, que ha descargado toda responsabilidad en la aplicación del protocolo antisuicidios en los psiquiatras del centro y ha asegurado que, en general, los presos se autolesionan para “calmar su angustia”.
Uno de los psiquiatras que atendió a Raquel E.F. ha ido más allá y ha zanjado que la interna “nunca manifestó deseos suicidas” y ha vinculado las autolesiones a “llamadas de atención para expresar su malestar”. Según su versión, lo que sí dijo la interna el día antes de suicidarse, cuando estaba, en sus palabras, “irritable”, fue avisar de que se iba a declarar en huelga de hambre porque “no podía más”.
Y el funcionario que estaba de jefe de unidad ha abundado que todo en la actitud de la interna era “manipulativo” y destinado a salir del régimen de aislamiento. Tampoco la psicóloga externa al centró que la trató ha dicho haber notado en la interna deseos suicidas, si bien ha explicado que no los funcionarios le impidieron visitarla los últimos 15 días de su vida porque estaba “en contención” y la responsable de mujeres del centro le había pedido que “estuviera atenta” a Raquel E.F.
Si algo ha quedado claro en el juicio son las deplorables consecuencias sobre el estado físico y psicológico de los internos que comporta el régimen de aislamiento, tal y como vienen denunciando organizaciones por los derechos humanos y hasta la ONU. Antes de que pasara a régimen de aislamiento, donde permaneció siete meses, Raquel E.F. era “educada y se podía hablar bien con ella”, ha descrito una funcionaria. “Era una presa bastante centrada y sociable, pero cambió al entrar en aislamiento”, ha abundado la psicóloga.