Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau de la Música, no quiere pisar la cárcel. La hija del exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, presentó este miércoles a la sala un documento para intentar demostrar que 3,2 millones de los que se la acusa de haberse apropiado en realidad fueron expoliados por Fèlix Millet, el expresidente de la institución cultural y principal acusado. El fiscal Emilio Sánchez Ulled pide para Gemma Montull 26 años de prisión.
En el documento se registran 22 retiradas de dinero en efectivo entre 2004 y 2007 de una cuenta de Caixa Manresa. Ya formaban parte de la causa pero estaban atribuidas a Gemma Montull. Ahora la exdirectora financiera del Palau busca que sea Millet quien cargue con ellas, ya que sostiene que los millones no los gastó ella sinó que fueron a a parar a gastos del expresidente del Palau o a la caja de seguridad o a las cuentas de Millet.
Según el documento, 1,5 de los 3,2 millones fueron a parar al registro contable personal de Fèlix Millet, sin más detalle sobre cómo se gastaron finalmente. Además, el saqueo que Gemma Montull atribuye ahora al ex líder del Palau sirvió para comprar de obras de arte, entre ellas un cuadro de Ramon Casas de 360.607 euros; y dos viajes por valor de 50.580,97 y 75.751 euros respectivamente. Otros 36.606 euros se destinaron a “Fèlix vacaciones”.
El dinero también se destinó a compras y a llenar la caja de seguridad de Fèlix Millet en el Palau. Asimismo, en el documento aportado por la hija de Jordi Montull también figuran movimientos sin justificar. Es el caso de un pago a “Papitu Solans” de 120.202 euros.
En paralelo a esta estrategia para librarse de la acusación por el saqueo del Palau, Gemma Montull mantiene conversaciones con la Fiscalía para confesar que Convergència usó al Palau de tapadera para recibir comisiones de Ferrovial a cambio de una rebaja en la condena de 26 años de cárcel.
La manera en que lo harán todavía está por definir, aunque fuentes judiciales apuntan a que será la hija de Montull, exdirectora financiera del Palau para quien la Fiscalía pide 26 años de cárcel, la que lleve la voz cantante. Una vez los Montull han decidido tirar de la manta, ahora Millet también quiere sumarse al pacto para no quedarse solo, aunque a la Fiscalía le basta con la confesión de Jordi y Gemma Montull.
Primer absuelto del caso Palau
La jornada de este jueves también ha traído el primer absuelto del caso Palau. El tribunal ha exculpado a Ramon Marc Martí, administrador de la empresa Publiciutat, porque el delito de falsedad documental del que estaba acusado ha prescrito. La última factura de 50.000 euros de la sociedad del acusado al Palau de la Música, que el fiscal sostiene que sirvió después para financiar irregularmente a Convergència, está fechada el 5 de septiembre de 2007. El empresario fue imputado el 25 de septiembre de 2012, por lo que por solo veinte días se cumple el plazo de cinco años necesarios para la prescripción del delito. Los 15 acusados que quedan empezarán a declarar el próximo miércoles.
La sesión de este jueves, que ha durado poco más de dos horas, ha servido para que las partes terminen de exponer sus cuestiones previas. Igual que este miércoles, lo más interesante no lo han podido captar las cámaras ni los micrófonos. Fèlix Millet y Jordi Montull, exgestores y saqueadores confesos del Palau, han continuado durante los 25 minutos de receso la conversación que iniciaron ayer tras un biombo de la entrada del auditorio de la Ciutat de la Justicia donde se celebra el juicio. Este jueves Montull hablaba apoyado en una de las butacas rojas del auditorio, y Millet, desde su silla de ruedas, escuchaba, asentía, y contestaba con pocas palabras al que fuera su mano derecha. Ni Fèlix Millet ni Jordi Montull han planteado la prescripción de ninguno de los siete delitos de los que están acusados por los que se enfrentan a 27 años de prisión.
Más cuestiones previas
Sí habían pedido la prescripción del delito de tráfico de influencias el extesorero de CDC, Daniel Osàcar –para quien el fiscal pide además seis años de cárcel por blanqueo. Por su lado, los exdirectivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, habían solicitado la prescripción del delito de administración desleal. El fiscal cree que Ferrovial pagó a través del Palau 6,6 millones de euros en comisiones a cambio de obra pública.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled y la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona se han opuesto a la prescripción de ambos delitos. “La administración desleal no aparece en el marco de la gestión de la empresa, sino en el contexto de financiación de un partido”, ha dicho Sánchez Ulled para rechazar la petición de los directivos. Sobre Osàcar, el fiscal se ha opuesto a la prescripción porque, a su juicio, existe una “conexión natural” entre el delito de tráfico y el de blanqueo, y la prescripción de este último es de diez años.
Por otra parte, Sánchez Ulled también ha rechazado las tesis de la defensa de los directivos de Ferrovial de que se rompió la cadena de custodia en una de las pruebas clave del caso, un CD con varios documentos en los que se basó Hacienda para concluir que CDC se financió ilegalmente a través del Palau. Ha alegado que, pese a que ese disco se rayó, los peritos habían hecho una copia en su ordenador de los archivos, y posteriormente el juez los obtuvo de nuevo a través de un documento notarial que encargó la dirección del Palau de la etapa postMillet.