El culebrón político generado alrededor de la externalización por parte de la Generalitat de un servicio telefónico de rastreo de posibles casos de COVID podría tener un beneficiario inesperado: Ferroser, la filial de Ferrovial a la que se adjudicó en primer lugar el contrato. Si la Generalitat continúa adelante con su intención de romper el acuerdo, la multinacional podría ganar antes de descolgar un teléfono una suma en concepto de indemnización que iría entre los 510.872 euros, según las previsiones más bajas, y los 938.602, según las más generosas.
La horquilla es amplia y no hay muchos antecedentes de una operación similar, en la que una administración pública se retire de un contrato unilateralmente después de otorgarlo y sin causa técnica ni prevista en los pliegos. Con carácter general, la ley Contratos del Sector Público estipula que la indemnización que debe recibir el contratista es del 6% del total si ya ha comenzado el servicio, como es el caso de Ferroser, que tiene un contrato vigente desde el día 1 de junio.
Sin embargo, en el caso del contrato para rastrear telefónicamente a posibles contagiados, este constaba de una parte fija, que asciende a algo más de 8,5 millones de euros, y una parte variable que podía suponer un coste de hasta 7,1 millones más. Los expertos dudan, sin embargo, sobre si debe pagarse indemnización por esa parte variable, al considerar que podría entenderse que toda ella o al menos una parte no puede considerarse una pérdida imprevista. Es por eso que, según lo que se acabe negociando, el precio final de la compensación puede variar en hasta 400.000 euros.
La ley de contratos estipula además que en caso de que la administración desee revertir un contrato sin una causa prevista, la empresa tiene derecho a oponerse. De ocurrir eso, es la Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo del Govern, quien debe emitir un dictamen sobre la cuestión. Será este informe el que acabe determinando la cuantía de la indemnización, sin perjuicio de que la contratista tiene derecho a recurrir en los tribunales.
Salut ya ha consultado a Ferrovial
Fuentes de Ferrovial confirman que el departamento de Salut ya les ha preguntado por la indemnización que reclamarían en caso de una revocación del contrato. Una cifra que la compañía aún no ha calculado. Desde la empresa recuerdan que la Generalitat no solo debería hacer frente a la posible compensación por lucro cesante, sino también pagar los despidos o hacerse cargo de los contratos de las cerca de 200 personas que ya trabajan en el servicio.
En la empresa dudan de que la Generalitat tenga capacidad para sustituir inmediatamente de una infraestructura como la que ellos proveen, puesto que la administración pública debería responsabilizarse de las contrataciones, la coordinación y la dirección operativa, además de contar con una plataforma técnica. “Si cesa el contrato, podemos dejar los trabajadores, pero la infraestructura nos la llevamos porque es nuestra”, ilustran desde Ferrovial.
Además, si estas dificultades para dar continuidad al contrato se trasladasen a la realidad, para la Generalitat sería prácticamente imposible cumplir con los requisitos impuestos por el Ministerio de Sanidad para los cambios de fase. En total Catalunya calcula que necesita algo menos de 200 rastreadores cuando la epidemia está en una tasa baja de contagios, como es la actual. Pero las necesidades pueden aumentar hasta los 900 profesionales en el pico de un eventual rebrote.
Por parte del departamento de Salut prefieren no aventurarse en señalar una cifra sobre la posible indemnización. Tanto la consellera Alba Vergés como el vicepresident económico del Govern, Pere Aragonès, reconocieron este martes que la Generalitat debería pagar una indemnización a la filial de Ferrovial si rompía el contrato. “Si genera inquietud y malentendidos en el sector, no nos sabe mal replantear el contrato, al contrario”, afirmó Vergés. Fuentes de la conselleria afirman que continúan explorando todas las opciones para revertir el contrato suscrito y buscando otra entidad para hacerse cargo del servicio.
Versiones contradictorias en el Govern
La polémica por el contrato que da a Ferrovial la gestión del servicio de rastreo de contactos de COVID generó una fuerte polémica entre las organizaciones de sanitarios y en los partidos de la oposición desde el pasado jueves, cuando se conoció el contrato. Pero la tensión pronto se trasladó al seno del Govern, con un nuevo choque entre JxCat y ERC que se puso de relieve el lunes, cuando la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, reclamó que se replantease la contratación.
A partir de ese momento dos versiones sobre la pugna interna han corrido en paralelo. La primera asegura que el president de la Generalitat, Quim Torra, habría trasladado durante el fin de semana al vicepresident Pere Aragonès y a la consellera de Salut, Alba Vergés, su deseo de que el contrato con Ferroser se revirtiese. Fuentes de la Oficina del president aseguran que Torra lo hizo mediante un mensaje telefónico.
En vicepresidència, en cambio, negaron que Torra hubiera hablado de anular el contrato y, aunque admitieron que había habido conversaciones sobre la externalización, rechazaron dar detalles por considerarlas comunicaciones internas en el Govern. En la rueda de prensa de este martes Aragonès de nuevo se negó a confirmar o desmentir haber recibido la orden de Torra, y aseguró que la decisión sobre el contrato la había tomado conjuntamente el Ejecutivo.