La Generalitat de Carles Puigdemont no ejecutó la independencia tras declararla el 27 de octubre de 2017, pero tenía varios planes para hacerlo. Incluso con estructuras de estado que debía construir de cero en caso de independencia al no formar parte de las competencias transferidas a las autonomías, como por ejemplo el Poder Judicial. La dirección general de Patrimonio del Govern llegó a planificar los recursos humanos y los edificios que debían albergar los tribunales de la Catalunya independiente.
Así consta en un documento incautado durante los registros del 20 de septiembre de 2017 en el despacho del director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, y que ha sido analizado en un nuevo informe aportado por la Guardia Civil al juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
El documento analiza la necesidad de incrementar el personal y las sedes físicas de juzgados y tribunales para implementar los nuevos servicios de Justicia. En el caso del Tribunal Supremo catalán –máximo órgano judicial de la independencia contemplado por la ley de transitoriedad jurídica– su sede no se movería del Palacio de Justicia del paseo Lluís Companys que alberga desde hace décadas el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Tampoco se movería de su actual sede en la Baixada de Sant Miquel el reconvertido Consell de Garanties Estatutàries en Tribunal Constitucional de una Catalunya independiente, que se podría poner en marcha, según los planes gubernamentales, en el mismo momento de la secesión.
Hasta el paseo Lluís Companys se tendría que trasladar la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Escuela Judicial de una Catalunya independiente, que según el documento de Sutrias no se podría poner en marcha hasta un año después de la secesión y necesitaría contar con 164 funcionarios, jueces y magistrados nuevos.
Dos años tardaría en funcionar el registro civil, penal y de la propiedad del estado catalán, del que se reconoce que sería difícil conseguir “si no hay acuerdo” con España. Para dicho registro serían necesario 400 empleados nuevos, según la previsión del Govern. El documento plantea la posibilidad de que la Generalitat se “quedara” el edificio de la plaza Duque de Medinaceli, que acoge el registro civil actual.
Y respecto a las Audiencia de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, el documento exponía que “de entrada” no haría falta cambiarlas de su actual sede o dotarlas de más personal. No obstante, el documento ponía un plazo de hasta seis años para poner en marcha las audiencias en cada una de las vegueries catalanas (el sistema de administración territorial en seis demarcaciones que sustituiría a las provincias contemplado por la Generalitat)
Un croquis con respuestas a la Guardia Civil
Los altos cargos del Govern eran conscientes del marcaje en corto a los que les sometía la Guardia Civil en vísperas al 1-O. El propio Sutrias llegó a dejar por escrito qué debían contestar los trabajadores y directivos de Unipost, empresa encargada de repartir los sobres, papeletas y notificaciones a presidentes de mesas del 1-O, en caso de ser requeridos por los agentes del Instituto Armado.
Así consta en un nuevo informe aportado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, por la Guardia Civil sobre la documentación incautada a Sutrias el 20 de septiembre de 2017. En una nota manuscrita, que la Guardia Civil atribuye a Sutrias al haberse hallado en su domicilio, se plasmó un esquema de la estrategia a seguir en caso de que la Guardia Civil llamara a declarar al exdirector general de Unipost, Antón Raventós, o a sus trabajadores (como así sucedió).
Respecto a Raventós, el esquema plantea dos alternativas: declarar o no declarar. En caso de decantarse por la primera opción, se presenta la posibilidad de que alegue que su empresa está en concurso de acreedores y que se explique que tiene “contacto” con la Generalitat. “Cuantos más pedidos mejor, trabajo es trabajo”, se añade.
El documento plasma incluso las cinco facturas que los investigadores relacionan con pagos de la Generalitat a Unipost por el 1-O, efectuadas a través de cinco conselleries distintas –Economía, Presidencia, Trabajo, Cultura y Salud– de las que se han desentendido los exconsellers en el Supremo. De hecho, han recordado que la administradora concursal de Unipost ha certificado que dichas facturas se anularon.
“Pueden pedir correos”, añade la nota manuscrita atribuida a Sutrias, que también anuncia una “reunión” con Raventós y Vendrell. Se trata de un encuentro documentado por la Guardia Civil en el sumario de la causa. En concreto, Sutrias, Vendrell y Raventós se reunieron el 15 de septiembre de 2017, cuatro días antes de que en una oficina de Unipost la Guardia Civil se incautara de miles de sobres con las notificaciones destinadas a los miembros de las mesas del 1-O.
En la segunda columna de la nota manuscrita figura al inicio el epígrafe “trabajadores” y ahí se formulan supuestas preguntas como “quién lo habló” si “algún trabajador lo fue a buscar, ”si recibieron instrucciones internas y cuáles“ y ”si era urgente, cómo sabía que lo era“. En esa misma columna aparece anotado también y en mayúsculas: ”Urgente borrar cámara. Últimos 10 días“. ”Previas 118/2017, 15 personas. Atención Guardia Civil“, se añade.