El Gobierno ha respondido judicialmente a la votación del Parlament en la que Junts pel Sí y la CUP avalaron la vía unilateral hacia la independencia. El Ejecutivo ha planteado este viernes el ya anunciado incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para que declare nula la resolución aprobada por los independentistas. Pero ha ido un paso más allá y también ha requerido al Alto Tribunal que analice si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, incurrió en “responsabilidades penales”, es decir, si delinquió, al no impedir que los grupos independentistas forzaran el debate y la votación de las conclusiones sobre el proceso constituyente catalán.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la actuación del Ejecutivo busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, así como un aviso personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara y a su secretario para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución.
El Ejecutivo también pedirá apercibir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont y a todos los miembros del Govern de las consecuencias a las que se exponen –que van de una multa hasta la inhabilitación– si desarrollan leyes o reglamentos relacionados con el proceso constituyente catalán. Con todo, Santamaría no ha concretado qué tipo de sanción pediría a los políticos catalanes si incumplen las resoluciones del Constitucional.
La última y la más relevante actuación que el Gobierno plantea es la que afecta personalmente a la presidenta del Parlament. Así, Santamaría ha avanzado que pedirá al TC que “deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder” a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.
A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha concretado que el Constitucional deberá elaborar un dictamen y trasladarlo a la Fiscalía, que sería quien presentaría la eventual querella contra Forcadell. A juicio del Gobierno, Forcadell hizo “caso omiso” al Constitucional al permitir debatir en el pleno las conclusiones de la comisión parlamentaria del proceso constituyente.
Las advertencias que plantea el Gobierno a los líderes independentistas se amparan en reforma del Constitucional aprobada por el PP en 2015 y que prevé posibles sanciones penales para los cargos públicos que incumplan los mandatos del Alto Tribunal. Los cambios legislativos se pensaron para frenar el proceso soberanista catalán. “La broma se ha terminado”, proclamó el líder de los populares en Catalunya, Xavier Garcia Albiol, cuando se presentó.
¿Por qué contra Forcadell?
Los independentistas habían planteado una estrategia para intentar salvar a Forcadell de las consecuencias anunciadas este viernes por el Gobierno. Así, en vez de la Mesa del Parlament, fueron los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP con una petición en medio del pleno quienes forzaron la inclusión en el orden del día la votación que avalaba la vía unilateral hacia la independencia.
Pero el propio TC ya había advertido al Parlament y “especialmente” a la Mesa de su obligación de “impedir o paralizar cualquier iniciativa” que suponga ignorar o eludir las resoluciones del Alto Tribunal. Es el caso de las conclusiones aprobadas el miércoles por el Parlament, que desarrollan la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Constitucional, y plantean la apertura de un proceso constituyente catalán.
“No estamos sólo ante un desafío, estamos ante un desacato del Constitucional”, ha afirmado este viernes Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por su lado, en declaraciones a TV3, Forcadell ha afirmado que cumplió con el reglamento del Parlament. “No me gusta hablar de obediencia o desobediencia porque contribuye a judicializar la política”, ha añadido.
El Govern: “No nos moveremos de nuestro camino”
La portavoz del Govern, Neus Munté, ha acusado al Gobierno central de amenazar a las instituciones catalanes con sus constantes apelaciones al Constitucional y ha avisado de que la Generalitat no rectificará su rumbo soberanista: “El Gobierno amenaza pero no nos moveremos de nuestro camino, que es profundamente democrático”.
Munté ha expresado su pleno apoyo a Forcadell y ha opinado que sería “del todo inadmisible e inaudito desde una perspectiva democrática” que se pidiera la inhabilitación de la presidenta del Parlament por permitir un debate en la Cámara que, a su juicio, fue perfectamente democrático.