Respuesta judicial de la Generalitat al control semanal de su gasto impuesto el pasado viernes por el Gobierno. El Govern ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal Supremo y el Constitucional la orden de Hacienda que busca evitar que la Generalitat destine fondos al referéndum y que, en caso de que así sea, suspendería las entregas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Asimismo, pese a que la administración catalana cumplirá con el requerimiento de Hacienda, los certificados semanales de gasto los firmarán cada uno de los consellers y no los interventores de los respectivos departamentos, tal y como exigió el Gobierno.
De esta forma, según ha explicado en rueda de prensa el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, el Govern quiere “proteger de las amenazas” a los funcionarios de las conselleries y las 183 entidades del sector público catalán afectadas por la orden del Ejecutivo central. “Cada conseller certificará lo que haga falta”, ha zanjado Junqueras, que, además de desvincular el FLA del referéndum, ha criticado con su estilo retórico habitual la medida impuesta por el Gobierno.
“El referéndum no tiene nada que ver con el FLA. Nos piden información sobre entidades como el Banco de Sangre y Tejidos o el Instituto de Oncología. ¿Alguien cree que pagamos un referéndum a través del Banco de Sangre y tejidos o el Instituto de Oncología? No tiene ningún sentido”, ha aseverado Junqueras, que ha pedido “responsabilidad” al Gobierno y ha lamentado que pida “una información de la que ya disponen y es pública”.
De hecho, de los más de 60.000 millones de euros en préstamos que la Generalitat ha recibido de los programas de rescate del Estado a las comunidades como el FLA, la mayoría se han destinado a amortizar vencimientos de deuda autonómica y a cubrir desviaciones de déficit público.
Los funcionarios sujetos a la obligación impuesta por Hacienda –ahora, según Junqueras, en manos de los consellers– son los interventores y responsables económicos de cada departamento y todas las entidades públicas con capacidad de gasto, que deberán certificar ante Hacienda no haber iniciado ningún expediente de inversión para preparar el referéndum.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, incluyó a los funcionarios catalanes en su explicación sobre la “medida preventiva” que, a su juicio, supone el control semanal del gasto. “Hemos querido dejar bien claro a todos, a los consejeros para que no esgriman como en el 9-N que no lo sabían y para los funcionarios que firman, que no se escondan en la obediencia debida”, afirmó.
La Generalitat pagará la defensa de los funcionarios
En este clima de toma y daca entre ambos ejecutivos con los funcionarios de por medio, el Govern ha aprobado este martes un acuerdo por el que la Generalitat pagará la defensa de los trabajadores públicos, altos cargos y consellers que resulten imputados en causas judiciales vinculadas con el referéndum.
Así lo ha explicado el conseller de Presidència y portavoz, Jordi Turull, que, a preguntas de los periodistas, ha circunscrito la medida a una defensa jurídica relacionada con el referéndum, no con posibles casos de corrupción. También ha dicho que la Generalitat ya está pagando la defensa –que ejerce el despacho Molins&Silva– de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, imputada por el concurso fallido de las urnas.
Turull ha concretado que los eventuales imputados podrán decidir si su defensa la asume un despacho externo, como el caso de Borràs, o los servicios jurídicos de la Generalitat. “Ningún servidor público tendrá que sufrir ante las querellas y la actuación arbitraria y por tierra mar y aire del Estado”, ha dicho el portavoz, que ha añadido que no está previsto cuánto costará esta medida.
Sigue el misterio sobre las urnas
Lo que no se ha despejado este martes es la incógnita sobre si el Govern ha comprado ya las urnas para el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Los periodistas han preguntado a Turull sobre una noticia publicada en la edición digital del diario ARA en la que se asegura que Puigdemont trasladó a un grupo de intelectuales que el Govern ya ha comprado las urnas.
Turull ha repetido lo que dijo el pasado martes: “Cuando hayamos completado el itinerario [para comprar las urnas], informaremos”. El misterio de las urnas sigue sin resolverse.