El acto simbólico con el que el Govern de la Generalitat mostrará este viernes su compromiso con el referéndum caiga quien caiga no es ajeno a una utilidad política mucho más prosaica. Al nivel de los partidos servirá, por un lado, para curar las heridas abiertas en las últimas semanas en la relación entre los socios, con las revelaciones del plan B “autonomista” del PDECat y la acusación de estos a ERC de haber grabado las conversaciones de su responsable de organización.
Pero será útil también para suavizar el reconocimiento de que el Estado podría efectivamente impedir un referéndum, un tabú hasta ahora que en los últimos días ha comenzado a ser reconocido por diferentes voces soberanistas. La última, la del vicepresidente Oriol Junqueras, que este miércoles recordó que el programa electoral de JxSí preveía una declaración unilateral de independencia (DUI) ante una situación de bloqueo del Estado. También la ANC tiró de ese hilo, anunciando que sometería a votación de sus afiliados establecer la DUI como plan B al referéndum, aunque la su presidente, Jordi Sánchez, la tachó de “poco probable”.
Que los miembros del Govern aseguren en público que el referéndum se celebrará no quita que no busquen escenarios alternativos, como bien lo revelan las conversaciones privadas de Bonvehí. Eso sí, desde todos los frentes desinflan la idea de las elecciones. No solo porque sea ese el punto que más fricción ha creado históricamente entre Convergència y ERC –la última vez fueron el instrumento con el que Artur Mas consiguió someter a Oriol Junqueras a una lista conjunta que el republicano rechazaba–, sino porque desean alejar del referéndum todo lo posible el fantasma electoral presente en los momentos previos a la consulta del 9-N, que acabó convirtiéndose en un descafeinado proceso participativo.
JxSí asegura que esta vez no será así y recuerdan que el compromiso de Puigdemont es con el “referéndum o referéndum”. Mientras, la CUP, trata de cerrar todas las salidas ante una posible vuelta atrás del Ejecutivo, evitando a la vez cualquier actuación que pueda suponer un obstáculo, o una excusa, al Govern. Desde que dieran un 'sí' a las cuentas de JxSí, la izquierda independentista se ha centrado en no dejar que la coalición del Govern se salga ni un milímetro de la promesa refrendaria. A cambio, la CUP ha dejado atrás los reproches de la agitada primera parte de la legislatura.
El silencio de los anticapitalistas ha sido ensordecedor durante las últimas dos semanas, cuando las costuras del Govern ha estado a punto de reventar. Mientras desde los partidos del Ejecutivo dejaban caer mutuas acusaciones veladas por, supuestamente, no estar cumpliendo con los preparativos del referéndum para evitar ponerse en riesgo judicial, la CUP se limitaba a repetir que debía anunciarse ya la fecha y la pregunta del referéndum.
Acto no impugnable
Ninguna de las dos cosas, ni la fecha ni la pregunta, se conocerán este viernes. La representación del compromiso con el referéndum, en el que participarán, además del president y vicepresident, todos los consellers y sus secretarios generales, será eso, una representación. Según fuentes oficiales, no se prevé ningún acto jurídico, ni la emisión de ningún documento con valor legal. El texto que la cúpula administrativa catalana firmará es un manifiesto que, en principio, no se prevé que pueda ser ni recurrido ni interpretado por la Fiscalía como un acto de desobediencia a ninguna suspensión del Constitucional.
Lo que sí pretende el Govern es que la foto sea suficiente para acabar con las especulaciones en torno al verdadero compromiso de los consellers y sus partidos con el referéndum. Hasta tal punto que fuentes del Ejecutivo hablan de que será el momento de “quemar las naves”, en el sentido de que desean mostrar que no hay vuelta atrás.
En una cuidada sincronización del Govern, será dos días después de eso cuando la campaña del Pacte Nacional pel Referèndum llegue a su momento cumbre, coincidiendo con la diada de Sant Jordi, tradicional día de ebullición en las calles catalanas. El Pacte, en el que están agrupadas el grueso de entidades y partidos soberanistas entre las cuales los sindicatos mayoritarios y el partido de los comuns, recogerá firmas desde un millar de puntos en todo el territorio para reclamar al Estado que pacte el referéndum.