A poco más de 100 días para la fecha anunciada del referéndum sobre la independencia el Govern ha comenzado a explicar algunos de los detalles sobre cómo prevé celebrar la votación, si bien con cuentagotas. Según han avanzado, la fórmula concreta se explicará públicamente a finales de junio, momento en el que previsiblemente también se revelen algunas de las claves sobre la ley que debe amparar el referéndum.
Aunque este miércoles Carles Puigdemont utilizó la sesión de control en el Parlament para despejar algunas, las incógnitas son aún más que extensas. Entre lo que se conoce, la fórmula con la que se pretende preservar a los funcionarios en el proceso, la existencia de una comisión internacional de verificación o la fórmula para habilitar puntos de votación en localidades cuyos ayuntamientos no quieran colaborar. Los interrogantes, asuntos claves como la formación del censo, la designación de la junta electoral o el amparo legal que sustentará la votación.
Agentes electorales y composición de mesas
El president anunció este miércoles un registro de voluntarios, funcionarios o no, a partir del cual la Generalitat formaría el cuerpo de autoridades electorales. Según las explicaciones ofrecidas, sería la fórmula de no violentar a los trabajadores públicos en el choque de legitimidades previsto. Además, indican que la ley electoral vigente no regula que el personal deba ser funcionario, por lo que la fórmula estaría avalada. La estimación gubernamental es que serán necesarios entre 2.500 y 4.500 personas en ese registro voluntario para actuar como “agentes electorales”, con diversas funciones.
Otro de los puntos calientes es la composición de las mesas. El número de estas, en principio, se situaría en torno a las 8.000, tantas como el número de urnas de las que se ha provisto el Govern a través de la licitación del pasado mayo. En las últimas elecciones al Parlament, las del 27 de septiembre de 2015, se constituyeron 8.177 mesas, que necesitaron de 77.470 ciudadanos movilizados para formarlas, contando con los titulares más los suplentes. Una cifra similar a la que se necesitaría para el próximo 1 de octubre, que la Generalitat pretende establecer por sorteo en el censo.
Comisión internacional de validación
La jornada parlamentaria de esta semana sacó también a la luz la creación de una comisión internacional de juristas y expertos. Así lo ha confirmado este jueves por el conseller de Asuntos Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, quien ha afirmado que el objetivo de esta comisión será validar y supervisar tanto la organización como la celebración del referéndum y su resultado. Su departamento trabaja ya en la composición de este grupo, aunque según ha explicado Romeva, la intención es “estar abiertos a que venga quien lo desee”.
Censo y junta electoral
Las intenciones sobre la formación del censo son todavía una incógnita. El vicepresident Oriol Junqueras se refirió brevemente a esta cuestión el pasado lunes, asegurando que se haría “con todas las garantías”, pero sin ofrecer más detalles. Fuentes conocedoras de los preparativos indican que el censo que se utilice en el referéndum saldrá de los datos que ya tiene la administración catalana, pero que se deberá “legitimar” cruzándolo con otros datos. Aquí la opción más probable es que se utilicen los padrones municipales, aunque por el momento hay hermetismo sobre la cuestión.
Por su parte, la existencia de una junta electoral se da por descontada, ya que la idea es que el referéndum se parezca lo máximo posible a una jornada electoral típica. Sin embargo, nada se sabe de este organismo todavía. En el proceso participativo del 9-N el organismo análogo a la junta electoral fue la comisión de control, nombrada a propuesta de los partidos que apoyaban la votación y aprobada por el Parlament.
Locales y puntos de votación
Una vez superados obstáculos como la composición de las mesas o la elaboración del censo, disponer de lugares físicos en los que llevar a cabo la votación por todo el territorio catalán supone uno de los restos logísticos más complicados. La Generalitat dispone de diferentes espacios de su titularidad, como centros escolares dependientes del departamento de Ensenyament, que podrá utilizar para ello. Pero la experiencia del 9-N señala que este uso puede generar conflictos con algunos de los funcionarios encargados de custodiar esos locales, como los directores de instituto.
Asunto aparte es el papel de los ayuntamientos, que en los procesos electorales ordinarios tienen algunas funciones asignadas como la designación de los centros de votación que consideran más idóneo. La dirección del PSC ya ha bajado a sus ediles la instrucción de no colaborar con el referéndum y de reclamar cualquier petición de la Generalitat por escrito y firmada. La Generalitat, por tanto, deberá diseñar la jornada minimizando el papel de los consistorios, al menos en buena parte de las grandes ciudades del área metropolitana.
Ley sobre el referéndum
Uno de los aspectos que todavía no está decidido, y que genera cierta controversia, es cómo se amparará legalmente la votación. Desde que se comenzara a pensar en un referéndum sin pacto con el Estado la idea era utilizar la ley de transición jurídica para regular el proceso referendario. Sin embargo en las últimas semanas diversas voces se han posicionado considerando preferible una ley propia sobre el referéndum.
De esta opinión es principalmente la CUP, aunque también ciertos sectores de JxSí. En las últimas horas la opción de redactar una ley ad hoc ha ganado enteros, y en los partidos del Govern, ERC y el PDECat hay un debate abierto sobre la cuestión. La importancia de esta ley, bien exenta o bien inserta en la de Transitoriedad, estriba en que será el texto que regule todos los aspectos del 1 de octubre, del censo utilizado al discurrir de la jornada, pasando por el recuento.
Efectividad de los resultados
La cuestión sobre la que menos certezas hay es la que comúnmente se conoce como “el día después”. Habiendo renunciado a plantear unos mínimos de participación, siguiendo la recomendación de la Comisión de Venecia, y sin un acuerdo concreto entre los partidos soberanistas respecto a las consecuencias de los resultados, qué hará el Govern o la mayoría parlamentaria según el escenario que quede el 1 de octubre por la noche es una pregunta capital sobre el referéndum.
Los cabezas del Ejecutivo han tenido cuidado en subrayar que el referéndum “será efectivo y tendrá consecuencias”, aunque sin explicar de qué forma. La clave de esto podría volver a estar en la ley de Transitoriedad, que en su articulado contendría, de facto, una declaración de independencia y pretendería efectuar la desconexión entre el ordenamiento jurídico español y el catalán.
Entre los debates que los ponentes de la Ley de Transitoriedad han mantenido, una de las propuestas era que la ley previera no entrar en vigor de forma completa, sino unos artículos u otros dependiendo del resultado del referéndum. Pero este, como tantos otros, continúa siendo un asunto guardado con extremo celo por la Generalitat.
La Fiscalía ata corto al Govern
Sobre lo que no existe ninguna duda es que a cada paso del Govern hacia el referéndum le seguirá una respuesta en el terreno judicial. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este jueves que la Fiscalía estudia los pasos de Puigdemont y le ha avisado de que “las cosas no se pueden hacer a las bravas”.
De momento, la Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y su exnúmero dos, Francesc Esteve, por la compra de urnas. El ministerio público instó este martes al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a decidir ya si acepta o no la querella. Además, en un aviso a navegantes, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, incluyó en la querella el anuncio sobre la fecha y la pregunta del referéndum para el 1 de octubre que Puigdemont realizó el pasado viernes.
El propio fiscal reconoció que al tratarse de un mero anuncio, sin constar en ningún documento oficial, no podía emprender acciones legales. Sin embargo, consideró que el anuncio de Puigdemont reforzaba su tesis de que la licitación de urnas por la que se querelló contra Borràs, que sí se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), está vinculada a la celebración del referéndum. Por otro lado, en Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si empresas contratadas por la Generalitat ayudan a la independencia.