La campaña a favor del referéndum tiene un nuevo escenario: la comandancia de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Por allí han desfilado entre este miércoles y este jueves para ser interrogados por los agentes tres altos cargos del Govern y también Joan Ignasi Elena, coordinador y portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma no gubernamental que agrupa a partidos, sindicatos y entidades tanto partidarias como contrarias a la independencia pero que están a favor de un referéndum pactado con el Estado.
Los interrogatorios de la Guardia Civil se enmarcan en la causa abierta sobre los preparativos del 1-O abierta por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El magistrado mantiene el secreto de sumario de la causa desde sus inicios y este jueves ha decidido prorrogarlo otro mes.
Pese a que las pesquisas sobre el referéndum efectuadas por la Guardia Civil, que actúa como policia judicial, han sido avaladas por el juez, Sunyer, en el auto de la semana pasada en el que negó a la CUP su personación en el caso, aseguró que la causa “no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum”.
Toda una paradoja, que ha aumentado más si cabe este jueves con el interrogatorio por parte de la Guardia Civil del coordinador del Pacto por el Referéndum, Joan Ignasi Elena. A Elena, de hecho, le han interrogado sobre la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum. Por su lado, el interrogatorio de este jueves al director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, ha versado sobre los preparativos del 1-O.
Este miércoles, otros dos altos cargos fueron interrogados en relación con la puesta en marcha de las webs que informan sobre el referéndum y la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero que lanzó el Govern.
El papel de la Fiscalía Superior
¿Qué investiga, pues, el juzgado de instrucción 13? En teoría, las revelaciones sobre presuntas ilegalidades de la Generalitat reveladas por el exjuez Santi Vidal. El magistrado inició la causa tras admitir a trámite sendas querellas del abogado Miguel Durán y el partido ultraconservador VOX contra el propio Vidal, el secretario de Hacienda, Lluís Salvador, y el asesor gubernamental Carles Viver Pi Sunyer.
No obstante, el juez no ha citado todavía a declarar como imputados a ninguno de los tres. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha indicado este jueves que los interrogatorios de estos días en la comandancia de la Guardia Civil “no han sido solicitados por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona”.
Por otro lado, pese a las críticas del Govern, que este miércoles anunció que se querellaría contra el juez y la Guardia Civil por vulneración de derechos fundamentales, los agentes no van por libre, sino que siguen las órdenes directas de la Fiscalía Superior de Catalunya –y no del fiscal del juzgado de instrucción 13–, ha informado El Punt Avui y han confirmado fuentes jurídicas a este diario. El magistrado, de este modo, prácticamente ha dejado al ministerio público la dirección de la investigación.
Con todo, cabe añadir que todos los altos cargos y funcionarios de la Generalitat que han sido citados a declarar como testigos han acudido la comandancia de la Guardia Civil pese a que la ley no les obliga a ello.
Las pesquisas que se conocen, pese al secreto de sumario, ordenadas por el juez desmienten su propia afirmación de que no investiga el referéndum. Por ejemplo, el magistrado autorizó a la Guardia Civil a acudir al Teatre Nacional de Catalunya para requerir información sobre el acto sobre el referéndum organizado por Junts pel Sí.
Tras abrir la investigación, el juez acordó en primer lugar preguntar al Senado si Santiago Vidal continuaba formando parte de la cámara alta, para certificar que ya había abandonado su escaño y no era aforado. Asimismo, el juez requirió el pasado 1 de marzo al Parlament la transcripción de la comparecencia del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la que desmintió con un rotundo “no, no, no y no” el contenido de las charlas de Vidal. Poco después, el magistrado acordó decretar el secreto de sumario y encargar la investigación a la Guardia Civil.