La escalada de desencuentros y tensión entre la Generalitat y las instituciones del Estado ha aumentado un grado más este miércoles. La Generalitat ha anunciado que denunciará ante los tribunales por vulneración de derechos fundamentales “a todas” las personas que han participado en la investigación del referéndum, empezando por los agentes de la Guardia Civil y el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que pilota las pesquisas.
Paradójicamente, en un auto, el juez, que mantiene la causa secreta desde hace cinco meses, ha dicho que no investiga el referéndum, aunque a lo largo de la causa ha enviado a agentes de la Guardia Civil al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a buscar documentación sobre un acto de JxSí sobre el referéndum y ha permitido a la Guardia Civil interrogar a funcionarios sobre los preparativos del 1–O –los últimos, este mismo miércoles.
El conseller de Presidència y portavoz, Jordi Turull, ha focalizado sus críticas en el secreto de las actuaciones que mantiene el juez, que ha considerado que genera “una enorme indefensión en los que acuden a declarar a la Guardia Civil”.
Fuentes jurídicas independientes consultadas coinciden en considerar excesivo el tiempo que lleva la causa bajo secreto (desde que se inició en febrero), aunque una de ellas añade que solo se podrá evaluar plenamente si el secreto ha conllevado vulneración de derechos una vez se levante. El magistrado tiene que decidir en pocos días si mantiene el secreto.
Turull ha mostrado el tono más contundente que se recuerda hasta ahora sobre la investigación del referéndum. “Ya basta, esto es una causa general contra la voluntad de votar donde se pasa de testimonio a investigado policial sin que lo diga el juez”, ha aseverado.
El portavoz se refería a los interrogatorios de este miércoles por la mañana por parte de la Guardia Civil de dos altos cargos de la Generalitat, el secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, y al director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells. Nin ha sido citado a declarar esta mañana como testigo, pero a lo largo de su interrogatorio los agentes han apreciado indicios que podrían vincularlo a los delitos que investiga el juez por los preparativos del referéndum.
Por ese motivo, la Guardia Civil ha detenido el interrogatorio para comunicar al alto cargo de la Generalitat que debía seguir declarando con la condición de investigado, y por lo tanto asistido por un abogado. Con todo, el juez no ha ordenado en ningún momento la imputación de Nin.
De hecho, en un auto del pasado 19 de julio por el que rechazó la autoinculpación de la CUP por el referéndum y su solicitud de personarse en la causa como imputada, el magistrado Ramírez Súñer negó que investigara el 1-O. “Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectamente tuvieran interés en él”, reza el auto al que ha tenido acceso este diario. Fuentes del CUP han indicado que recurrirán.
La causa que instruye el juez Ramírez Súñer se originó por sendas denuncias del abogado Miguel Durán y del partido VOX contra el exsenador Santiago Vidal y varios altos cargos de la Generalitat tras las revelaciones de Vidal sobre supuestas ilegalidades del Govern. El magistrado aceptó la querella contra al propio Vidal, al secretario de Hacienda, Lluís Salvador, y al asesor gubernamental y expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), Carles Viver Pi i Sunyer.
Mientras tanto, la Guardia Civil prosigue con sus citaciones. Este jueves será el turno del coordinador del Pacto Nacional para el Referéndum, Joan Ignasi Elena, ha avanzado Nació Digital. El Pacto es una plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de la celebración de una consulta de independencia en Catalunya. El referéndum que, según ha escrito el mismo juez, no se investiga