Las sospechas de la Guardia Civil sobre la malversación por el 1-O se dirigen ahora a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal. El instituto armado sostiene que Vidal, que ha negado hasta cuatro veces el uso de fondos públicos para la votación, no activó “ningún procedimiento” para denunciar un “intento fraudulento” de la empresa postal Unipost para cobrar al menos una factura de 238.965 euros a la administración por gastos vinculados al 1-O. “Podría suponer al menos una tentativa de estafa”, añaden los investigadores.
El informe, adelantado por Europa Press y al que ha tenido acceso eldiario.es, apunta dos sospechas más sobre la interventora. En primer lugar, la participación de Vidal en abril de 2017 en una reunión para garantizar que todos los altos cargos de la conselleria de Vicepresidencia mostrasen su “compromiso” con el referéndum. Vidal también aprobó la tramitación con carácter “urgente” del expediente para financiar con 2,2 millones de euros la campaña publicitaria “Civisme”, dentro de la cual se pretendían difundir, según la Guardia Civil, anuncios vinculados al referéndum.
“Si bien en aquel momento podía desconocer tal finalidad, actualmente Rosa Vidal es conocedora del objetivo que se pretendió con aquella campaña sin que se tenga conocimiento de que haya activado ningún procedimiento para denunciar esa intencionalidad”, resalta la Guardia Civil en el documento entregado al juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.
El informe incluye un certificado de la Interventora al juez de instrucción 13 de Barcelona en el que Vidal vuelve a sostener que no se ha pagado ninguna de las cinco facturas intervenidas en Unipost, que ascienden a casi un millón de euros. La propia Guardia Civil, en su último informe remitido al Supremo, asume la tesis de la Interventora y asegura que las facturas intervenidas en Unipost no se abonaron. Los 980.313,76 supuestamente gastados en Unipost suponen la mitad del total del dinero que se habría malversado por el 1-O.
Facturas del Diplocat
En un otro informe, la Guardia Civil sostiene que el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) gastó un total de 17.703,36 euros en hoteles para un total de 47 personas que llegaron a Barcelona en las fechas previas al 1-O para actuar como observadores internacionales o bien de acompañantes. Entre ellos había un miembro de EH Bildu (Josu Juaristi), un miembro de Alternativa Galega (la eurodiputada Lidia Senra) y cuatro miembros del Sinn Féin.
En el informe, con fecha 9 de marzo, la Guardia Civil suma dichos gastos “logísticos” a otros 18.835,76 euros en vuelos y 4.052,1 euros que se habrían empleado en financiar los actos en los que estas personas participaron, lo que hace un total de 40.591,2 euros. Señala como responsable directo de su pago a Albert Royo, que fue secretario general de Diplocat desde 2013 hasta el 31 de octubre de 2017, cuando fue cesado en aplicación del artículo 155.
Los pagos en algunos de estos hoteles, como el Praktik Bakery de Barcelona, se abonaron con una tarjeta Diners Club manejada por Royo, responsable de la institución cuya responsabilidad última corresponde al exconsejero de Exteriores Raül Romeva, procesado en la causa y actualmente en prisión preventiva por orden de Llarena.
En el informe también se incluye la respuesta de Vidal a las dos transferencias de 119.700 euros a The Hague Center, sospechosas de haberse usado para costear la estancia de los observadores. En línea con lo que aseguró Amadeu Altafaj, el exdelegado del Govern ante la UE, Vidal niega que el dinero fuera a un gasto relacionado con el 1-O, sino que se usó para recibir asesoramiento de la fundación holandesa “para fijar la posición de la Generalitat ante las iniciativas legislativas” de la Unión Europea.