La Generalitat ha negado por tercera vez ante los tribunales que gastara dinero público en el 1-O. La interventora de la Generalitat, en una carta aportada al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, certifica que los encargos del Govern a la empresa de mensajería Unipost no se dirigieron a “la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”.
Unipost ha sido señalada por los investigadores como una de las empresas a través de las que el Govern desplegó el 1-O. El pasado 19 de septiembre, en una sede de la empresa en Terrassa (Barcelona), la Guardia Civil se incautó de 45.000 sobres con notificaciones a miembros de mesas electorales del referéndum. El día del referéndum, los miembros de las mesas fueron voluntarios que se organizaron en los mismos colegios.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, requirió el pasado 24 de octubre a la interventora general de la Generalitat para que informara en relación a 33 facturas de distintos departamentos con Unipost, que alcanzan un valor total de 233.024 euros.
Rosa Vidal respondió el 13 de noviembre que las facturas con la empresa de mensajería corresponden a “servicios postales ordinarios propios del ámbito competencial de los respectivos departamentos”. Recordó además que el Govern mantiene un acuerdo marco con Unipost y Correos para los servicios postales desde 2015, que implica que no sean necesarias licitaciones posteriores.
Además de la interventora, en otro informe, la empresa de gestión de la facturación de la administración pública IOS Finance E.F.C. concluye que no ha constatado “ninguna relación entre estas facturas y eventuales actividades ilegales”. No obstante, la auditora, después de otra petición de Hacienda, añade que las facturas “corresponden a servicios postales, pero desconocemos el contenido de los envíos” de Unipost.
Tanto el informe de la Interventora como el de la auditoría han sido aportados al sumario de la causa por parte de la Abogacía del Estado, que está personada como acusación en el caso desde el 11 de diciembre del año pasado. En concreto, la Abogacía lo registró en el juzgado el 20 de diciembre, más de un mes después de la respuesta de la Interventora a Hacienda y seis días después de una operación ordenada por el juez en la que se detuvo al director general de Unipost, Pablo Raventós, durante el registro de la sede de la empresa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Cabe recordar que la fórmula de los acuerdos marco ya existentes con distintas empresas fue la manera con que el Govern llevó a cabo la consulta del 9-N de 2014. Por ejemplo, destinando a la votación ordenadores comprados para las escuelas. Al no ser un contrato directo sino un acuerdo marco anterior a la suspensión de la votación, Artur Mas no llegó ni a ir a juicio por malversación en el 9-N.
En el caso del 1-O, la Interventora y los distintos departamentos del Govern, primero ante la Audiencia Nacional y después ante el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, han certificado que no se ha destinado dinero público al 1-O. El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que mantiene imputados a una veintena de altos cargos por desobediencia, prevaricación y malversación, no se lo ha creído y ha pedido una auditoría al ministerio de Hacienda en virtud del 155.
Unipost está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones de euros, por lo que no puede contratar de manera directa con las administraciones públicas. El administrador concursal ha pedido al juez la liquidación de la empresa, que pertenece a una rama de la familia Raventós, propietaria de Codorniu, tras el concurso que presentó por una deuda de 50 millones de euros.