Los independentistas muestran dos estrategias de defensa distintas en el ensayo general del juicio al 'procés'
Las intervenciones de los abogados de los 18 líderes independentistas en la vista por las cuestiones previas del juicio al 'procés' han evidenciado ciertas diferencias en la estrategia con la que los letrados afrontan esta causa. Aunque todos han desplegado similares argumentos jurídicos para defender que los dirigentes soberanistas sean juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en lugar de en el Supremo, algunos de ellos sí han sumado a sus intervenciones manifestaciones de carácter político.
Quien ha mostrado de forma más clara la intención de combinar alegatos jurídicos con argumentos de profunda carga política ha sido la letrada Marina Roig, que defiende al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La abogada ha afeado al Supremo que sacrifique los derechos fundamentales “en aras a una defensa mal entendida de la indisoluble unidad de España”, además de recordar que ni un solo de los hechos supuestamente delictivos cometidos por su cliente se han realizado fuera de Catalunya, por lo que, a su juicio, la investigación sobre Cuixart tendría que llevarse a cabo en un juzgado catalán.
Roig –una de las ocho mujeres que se han sentado este martes en los estrados del Supremo, por 19 hombres magistrados, fiscales y abogados– ha puesto en duda además la imparcialidad del Supremo por ser el tribunal, ha dicho, “más sensible a las influencias del poder político y económico”.
Pese a que no era el objetivo de la vista de este martes, Roig también ha empezado a rebatir a la Fiscalía, que pide para Cuixart 17 años de cárcel. En concreto, Roig ha acusado al ministerio público de “tener un concepto de la democracia muy raquítico” por los fragmentos del escrito de acusación en los que se vincula la supuesta rebelión de su cliente con su grito de “no pasarán” el 20 de septiembre o a una página web que impulsó Òmnium para que personalidades internacionales apoyaran el referéndum.
“Hoy empieza todo”. Con estas palabras ha iniciado su intervención, la primera de la jornada, el abogado Andreu Van den Eynde, que representa en el procedimiento al exvicepresident Oriol Junqueras y al exconseller de Raül Romeva. “No tengo los años de experiencia de los representantes de la Fiscalía, pero nunca he estado tan seguro de una causa como de esta. Son políticos haciendo política y el proceso no ha seguido las reglas”, ha añadido poco después. A continuación, Van den Eynde ha instado a la Sala a aclarar “qué reglas se van a aplicar a este proceso: si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción”.
El letrado ha basado parte de su alegato en la supuesta falta de garantías de la que han sido objeto sus clientes durante la fase instrucción. A su juicio, cuestiones técnicas se han “retorcido” y “pervertido” para “un uso de persecución política”. “Cualquier investigación ha sido más profunda que la que ha sucedido en esta causa, eso debe generar algunas alarmas”, ha añadido. Junqueras se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía y Romeva de 16.
Sin entrar en contradicción en ningún momento con sus compañeros de estrado, los letrados que han desplegado un argumentario centrado únicamente en cuestiones de técnica jurídica han sido Jordi Pina, que defiende a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull; Olga Arderiu, que representa a Carme Forcadell; y Judith Gené, que junto a Xavier Melero defienden a Joaquim Forn y a varios exmiembros de la Mesa.
En esencia, sus argumentos se han centrado en la propia jurisprudencia del Supremo y que los hechos de los que se acusa a sus clientes –ya sea el supuesto alzamiento violento de la rebelión o la disposición de fondos públicos de la malversación– se planearon y ejecutaron únicamente en Catalunya. Son los hechos, han razonado, los que marcan la competencia, y no que los efectos del delito –en este caso, la declaración de independencia– puedan afectar a todo el Estado. “Una transferencia desde una sucursal del BBVA de Bruselas no puede arrastrar la competencia al Supremo”, ha dicho Gené. “No han pasado 30 años desde el caso del 9-N, donde nadie se planteó que la competencia fuera del Supremo”, ha ironizado Pina.
Dentro y fuera de la sala
El único momento de fricción entre las defensas se ha producido cuando Gené ha replicado a Van den Eynde, quien había instado al Supremo a “devolver la causa a Catalunya”. “Quizás a Catalunya hay que devolverle muchas cosas pero no precisamente esta causa, nosotros queremos que la causa se devuelva al tribunal competente, que es el TSJC”, ha aseverado Gené. No es su primera discrepancia pública. El pasado mes de julio, en una rueda de prensa conjunta de las defensas, Van den Eynde dudó de que tuvieran un juicio justo en el Supremo, a lo que Melero respondió: “Si no pensara que tendremos un juicio justo tendría que abrir una pizzería”.
También las defensas de algunos acusados que solo se juegan penas de inhabilitación han incluido consideraciones políticas en sus alegatos. El abogado de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, Carles López, ha afirmado que es la “razón de Estado” la que hará que el Supremo y no el TSJC juzgue el 'procés', mientras que Enrique Leiva, abogado del diputado de los 'comuns' Joan Josep Nuet, ha alertado de que esta causa puede suponer la criminalización de la “disidencia” política.
Pese a ese abanico de argumentos, ninguna de las defensas confía en que el Supremo rectifique y envíe la causa del 'procés' al TSJC. Las normas procesales indican que la sala II del Alto Tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, debería confirmar que juzgará el caso este mismo miércoles, aunque no se descarta que pueda tardar más días. Luego los acusados tendrán 10 días para presentar sus escritos de defensa, un plazo que debido a los días festivos de las fiestas de Navidad terminará después de Reyes.
El tribunal decidirá entonces qué testigos y qué documentos propuestos por las partes acepta, y todo estará listo para el arranque de la vista oral. El juicio servirá para comprobar si los acusados mantienen el giro que dieron al final de la instrucción, cuando de acatar la Constitució y el 155 pasaron a cuestionar y a criticar de forma abierta al Supremo y a denunciar que el tribunal estaba “criminalizando” sus ideas“. De las intervenciones de este martes –y de la proximidad de elecciones– cabe esperar interrogatorios de alto voltaje.
De cara al juicio, que empezará a finales de enero, los equipos jurídicos y políticos de los presos continúan sin una estrategia clara para definir quién, qué y cómo se comunicarán fuera de la sala de plenos del Supremo. No ha fructificado la propuesta para que ejerzan de portavoces August Gil Matamala y Magda Oranich, pesos pesados de la abogacía catalana que defendieron a multitud de represaliados por el franquismo en los últimos años de dictadura. En Òmnium se baraja el nombre del letrado suizo Olivier Peter, que forma parte desde el verano del equipo de defensa de Cuixart que capitanea Roig, como uno de los portavoces ante los medios durante la vista oral.
Por otro lado, varios de los abogados han anunciado que, de celebrarse finalmente en el Supremo, solicitarán al tribunal que permita a los encausados expresarse en catalán. El primero en hacer este anuncio ha sido Jordi Pina, que ha avanzado que solicitará que se facilite “traducción simultánea, no consecutiva” durante la celebración de la vista. “No es que el acusado, los testigos o los abogados tengamos derecho a hablar en catalán, es que la carta europea de derechos fundamentales prevé que se pueda llevar el procedimiento en el idioma que quiere el acusado”, ha zanjado Roig.
