Contundente respuesta de los 32 jueces de instrucción de Barcelona a la denuncia, basada en una norma desfasada, de un alto cargo del Govern sobre que la causa de los preparativos del 1-O se adjudicó de forma “irregular” al extitular del juzgado de instrucción número 13 de la capital catalana, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. En un comunicado, los magistrados tildan las informaciones relativas a la denuncia de este alto cargo de “noticias falsas” y lamentan los “juicios de valor falsos” vertidos sobre Ramírez Sunyer.
La denuncia del actual director general de relaciones institucionales de la Generalitat, Aleix Villatoro, imputado por la contratación de los observadores del 1-O cuando era secretario general de la conselleria de Exteriores, sobre presuntas irregularidades en el reparto de la causa causó un gran revuelo político. Representantes de ERC, como el presidente del Parlament, Roger Torrent, llegaron a hablar de “escándalo judicial”.
No obstante, tal y como pudo corroborar eldiario.es, la denuncia del alto cargo se basó en unas normas de reparto desfasadas. La normativa en vigor en 2017, cuando arrancó el caso a partir de una denuncia del abogado Miguel Duran, sí permitía a Ramírez Sunyer asumir las pesquisas de los preparativos del 1-O.
Tras una reunión, los jueces de instrucción de Barcelona han acordado un comunicado en el que lamentan “profundamente” los “juicios de valor falsos” vertidos sobre el juez Ramírez Sunyer, del que destacan que fue “un ejemplo de honestidad, compromiso con su función” y que actuó “en todo momento con elevados valores éticos y con pleno respeto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”. Las defensas de los 43 imputados en la causas cuestionan este último aspecto.
Asimismo, los instructores han criticado a la exdecana de los jueces de Barcelona, Maria Josep Feliu, que en una entrevista en TV3 inmediatamente después a que se conociera la denuncia del alto cargo dio credibilidad a la misma pese a que fue ponente del acuerdo por el que cambió la normativa de reparto. A criterio de los instructores, las “lamentables” palabras de Feliu causan “un grave descrédito a la Administración de Justicia”, por lo que han acordado dar cuenta de las declaraciones a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “a los efectos oportunos”.
Por otro lado, la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, ha rechazado la denuncia de Villatoro para adjudicar a otro magistrado la causa del 1-O porque recayó de forma “aleatoria” en el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, con un sistema informático ejecutado por la Generalitat. La jueza decana desestima así la petición que planteó la defensa de Villatoro.