El 1-O no solo intervinieron antidisturbios de la Policía. En los colegios, los encargados de coger materialmente las urnas fueron agentes de la Brigada de Información y de Policía Judicial, que en las imágenes de lo sucedido aquel día aparecen vestidos con un chaleco reflectante de la Policía. Ahora el juez que investiga las cargas del 1-O en Barcelona ha pedido a la Policía que identifique a los agentes de la Brigada de Información y de la Policía Judicial que actuaron para impedir el referéndum.
La nueva petición del juez se enmarca en las pesquisas para intentar resolver las incógnitas que permanecen en esta causa: quién ordenó las cargas policiales, por qué en algunas escuelas se intervino y en otras no y por qué la actuación terminó al mediodía. El magistrado, que mantiene imputados a 50 agentes, ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular.
Los agentes de las unidades de la Policía Judicial e Información fueron los encargados de requisar las urnas y papeletas del 1-O mientras los antidisturbios cargaban para abrirles paso. El Ayuntamiento entiende que es necesario identificarlos porque sospecha que los mandos de las dos primeras unidades “habrían tomado decisiones ejecutivas como actuar o no en algún centro de votación”.
El concejal de derechos de ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, se ha felicitado de que, pese a que la Secretaría de Estado de Seguridad todavía no ha aportado al juzgado el organigrama completo de la cadena de mando de la Policía Nacional el 1-O, tal y como le ha requerido el juez, “poco a poco se va reconstruyendo el rompecabezas”.
Con esta nueva petición, el juez abre una nueva línea para investigar el papel de las unidades de Información y Judicial en las cargas policiales. Hasta ahora los sucesivos informes de Interior y de la Policía y el coordinador del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos, han señalado como responsables últimos de las cargas a los ocho inspectores jefe de las unidades antidisturbios de la Policía que se distribuyeron por los distintos distritos de Barcelona el 1-O y que, sobre el terreno, decidieron en qué colegio actuar. Se trata de los denominados “jefes de unidad de intervención” y declararán como imputados los próximos 24 y 25 de octubre.
Batería de diligencias
Otra de las diligencias solicitadas por el consistorio y que ha aceptado el juez ha sido requerir a la Brigada de Información de la Policía Nacional en Barcelona el atestado que elaboraron sobre su actuación en la jornada del referéndum del 1-O. El juez también ha insistido en reclamar a la Secretaría de Estado de Seguridad el “plan de actuación establecido por la superioridad” para cumplir el auto del TSJC que ordenaba impedir el 1-O, un documento al que varios mandos policiales se han referido en sus declaraciones en el Supremo pero que no consta en la causa de Barcelona.
También pide el instructor a la Delegación del Gobierno en Cataluña la copia del expediente de la solicitud de autorización de grabación por videocámaras policiales por parte del dispositivo del 1-O, una diligencia que el Ayuntamiento cree puede aclarar “la evaluación de riesgos o datos relativos a la planificación del operativo”. Y reclama a la Jefatura de la Policía Nacional que aporte el documento con las normas básicas de actuación de los andisturbios vigente en 2017 y los impresos de la aplicación informática de esa unidad sobre el uso de la defensa policial que se llevó a cabo en cada colegio.
Además, el juez requiere a la Dirección General de la Policía que aporte el “protocolo progresivo de medios” incluido en su circular sobre el empleo de material antidisturbios, así como el manual de formación de la Unidad de Intervención Policial ante concentraciones y manifestaciones.
A través de un exhorto, el juez ha acordado también solicitar al Tribunal Supremo la copia de las declaraciones del jefe de la Brigada de Información de Barcelona, del comisario jefe de la Unidad central de Información de la Policía Nacional y de los comisarios de los Mossos d'Esquadra Ferran López –exnúmero dos de Josep Lluís Trapero y que comandó el cuerpo en al etapa del 155– y Manuel Castellví.
Estos mandos declararon que la coordinación entre cuerpos policiales el 1-O fue inexistente por culpa de Pérez de los Cobos. Lo contrario contó el exalto cargo del Ministerio de Interior que coordinó el dispositivo policial contra el 1-O. Por último, el juez solicita al Supremo una copia del correo que el comisario Ferran López envió, el día del referéndum, al coronel Diego Pérez de los Cobos pidiendo ayuda a la Policía Nacional en 200 escuelas que acogían urnas.