Los juzgados de Barcelona y Girona fueron los que recibieron más denuncias de heridos por la intervención policial del 1-O. Además de identificar a los agentes presuntamente causantes de las lesiones, las acusaciones populares que ejercen los ayuntamientos de Barcelona, Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva quieren que los jueces de instrucción indaguen en la cadena de mando del dispositivo para impedir el referéndum. El objetivo es conocer todos los detalles de la intervención policial más polémica de los últimos años e intentar que se depuren las responsabilidades a todos los niveles.
Los instructores han empezado a responder a las diligencias solicitadas por los ayuntamientos. En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, el titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona ha pedido al ministerio del Interior que identifique a los encargados de escoger los 28 colegios de la ciudad en los que la Policía Nacional cargó el 1-O.
En concreto, el juez requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad que emita un informe en el que se indique “la persona o persona responsables de la elección de los diferentes espacios y centros de votación donde se realizaron las actuaciones policiales” el 1-O en la capital catalana. La causa está abierta por un presunto delito de lesiones.Por el momento no se ha citado a ningún agente y han comparecido testigos y 275 heridos para ratificar sus denuncias. El Ayuntamiento, además, ha aportado al juzgado nuevas imágenes de particulares de las cargas en 23 colegios.
El nuevo informe de Interior debe servir para complementar la información que el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos proporcionó al juzgado. El pasado mes de enero, el juez preguntó a Pérez de los Cobos por los criterios escogidos en la elección de los colegios y el motivo por el que las cargas terminaron al mediodía.
En su respuesta, el mando único de Interior adujo el cese de las cargas a la “prioridad” de intervenir durante las primeras horas de la mañana. Además, explicó que por la tarde los efectivos policiales se “replegaron” para proteger los edificios propiedad del Estado en Barcelona ante la previsión de que los votantes se concentraran ante ellos una vez finalizada la votación (algo que no ocurrió). Sobre los criterios de actuación, Pérez de los Cobos justificó la intervención directa de la Policía por la “ineficacia” de los Mossos d'Esquadra y por las “acciones de violencia directa” de los votantes contra los agentes.
También en la misma causa, el Ayuntamiento de Barcelona realizó un llamamiento a la ciudadanía para aportar vídeos y fotografías de las cargas del 1-O. Y es que existe el riesgo de que alguna investigación se archive por no poder identificar a los agentes que presuntamente golpearon a los votantes. El consistorio ha recibido un centenar de grabaciones inéditas. “Es muy importante recopilar imágenes que prueben las agresiones policiales del 1-O para evitar que queden impunes. La respuesta ciudadana a nuestro llamamiento está siendo ejemplar”, asevera el teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens.
Más pesquisas en Girona
Interior ya entregó al juzgado el número de placa y el operativo de los agentes desplegados el 1-O en Barcelona, incluidos 1.100 antidisturbios. Eso mismo es lo que ha pedido la titular del juzgado de instrucción 2 de Girona a petición de los tres ayuntamientos que ejercen la acusación popular y que presentaron una querella colectiva por la actuación policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La magistrada de Girona también ha solicitado el acta de la Junta de Seguridad del pasado 28 de septiembre.
En aquel encuentro, Pérez de los Cobos trasladó al exconseller de Interior Joaquim Forn que la Generalitat no podía usar como excusa la orden del TSJC a los cuerpos policiales de impedir el referéndum “sin afectar la normal convivencia ciudadana” para no usar la fuerza en caso de que fuera necesario. Así lo explicó el propio Pérez de los Cobos en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, en la que cargó contra los Mossos d'Esquadra.
Durante la Junta de Seguridad, según la versión del coronel, se planteó a Carles Puigdemont que la única forma de evitar los incidentes era desconvocar el referéndum. Según el relato de Pérez de los Cobos, Forn respondió que entonces habría dos millones de personas en las calles y que la convivencia ciudadana era un bien superior a preservar. Pérez de los Cobos contestó que “el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana”.
En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la jueza pide a los cuerpos policiales que identifiquen “exactamente” a los agentes que participaron en cada una de las intervenciones en los colegios del 1-O en Girona, Sant Julià de Ramis –el colegio donde tenía que votar Carles Puigdemont– y Aiguaviva. Además, reclama que se especifique la función de cada uno de ellos y que Policía y Guardia Civil informen de la cadena de mandos y remitan “todas las imágenes y vídeos de que se dispongan”.
Posibles torturas
El objetivo de la jueza es “identificar a los [agentes] querellados y deslindar su intervención en los hechos investigados”. Entre otras diligencias, la jueza reclama a los ayuntamientos todas las imágenes de las cargas, mientras que a la Delegación del Gobierno en Girona le solicita un informe sobre las instrucciones orales y escritas dadas a los cuerpos de seguridad el 1-O, los criterios que guiaron las intervenciones policiales y “el motivo por el que cesaron en un momento determinado”.
La jueza ha acotado los delitos en los que se enmarcará la instrucción, descartando de entrada el delito contra los derechos fundamentales. No obstante, ha abierto la puerta a investigar las cargas policiales por un presunto delito de torturas, además del de lesiones, tal y como solicitaba la acusación. Los abogados voluntarios del caso argumentaron que la actuación policial no solo fue excesiva, sino que tuvo la finalidad de “castigar a los ciudadanos que pretendían participar en el referéndum”.
Por último, la jueza ha accedido a oficiar a los Mossos d'Esquadra para que obtengan las transcripciones o grabaciones de las comunicaciones realizadas entre los agentes de la Guardia Civil y sus centros operativos. Antes de solicitarlo formalmente, la Fiscalía tendrá que informar sobre si apoya esta diligencia, algo de lo que dudan fuentes de las acusación popular. Y es que tanto en Girona como en Barcelona la actuación de la Fiscalía, a criterio del resto de acusaciones y de ONGs como Amnistía Internacional, se asemeja más a la de un abogado defensor.