¿Cómo se registraron las órdenes del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos a los mandos policiales que intervinieron en los colegios del 1-O en Barcelona? Esta pregunta permanece sin respuesta nueve meses después del referéndum pese a los intentos para averiguarlo del juez que investiga las cargas policiales, las acusaciones de los heridos y la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona.
En un escrito, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya ha comunicado al juez que “no existen registros” de audios y transcripciones de las comunicaciones entre Pérez de los Cobos, por entonces director del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y encargado de dirigir el operativo policial para impedir el 1-O, y los diferentes mandos actuantes en los colegios donde hubo cargas en Barcelona. Tampoco “existen registros” de audios ni comunicaciones, según el Cuerpo Nacional de Policía, entre los distintos mandos.
Los canales oficiales de la sala de la Jefatura Superior de Policía sólo registraron las comunicaciones entre los mandos y agentes en los colegios, es decir, entre los jefes y los subordinados que intervinieron sobre el terreno el 1-O. Son decenas de audios, aportados por la Policía al juzgado, en los que los agentes indican su posición y denuncian que los Mossos d'Esquadra “obstaculizan” su labor y que han sido recibidos con “resistencia” y “violencia” por los votantes.
Hay grabaciones entre mandos y agentes en 18 puntos de votación, pero no “existen registros” de las comunicaciones entre agentes del operativo desplegado en los colegios Estel y Santa Caterina de Siena, según ha trasladado la Policía al juez en un escrito al que ha tenido acceso este diario. Al mediodía, cesaron las cargas y los colegios permanecieron abiertos hasta finalizar la votación.
Las acusaciones personadas en la causa han recibido con desconcierto la respuesta de la Policía. “¿Cómo es posible que no exista un registro oficial de la orden por la que finalizaron las cargas al mediodía? Es evidente que los agentes no cesaron sus intervenciones motu proprio, algún superior tuvo que decírselo”, razonan fuentes jurídicas.
Además, a algunas acusaciones se les ha encendido la señal de alarma al escuchar dos grabaciones aportadas por la Policía en la que los agentes actuantes en el CAP Guinardó y el IES Victor Català se emplazan a hablar “por otro medio”. Sospechan que los responsables de la actuación policial se podrían haber comunicado con los mandos y los agentes por canales alternativos a los que quedan registrados oficialmente, habida cuenta de que en la teórica compilación del conjunto de comunicaciones policiales los agentes se instan a llamarse “por otro medio”, que no se precisa.
El cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens, denuncia la “inacción” y las “trabas” que ponen la Fiscalía y el Ministerio del Interior a la investigación. “Hay audios cortados, no se identifica correctamente a todos los agentes, se ponen obstáculos a la investigación que no ayudan al juez”, asevera, e insta al Gobierno de Pedro Sánchez a ordenar a la Policía “colaborar” con la investigación.
“En todos los operativos de orden público, y más en el del 1-O en Barcelona, hay una sala de mando y coordinación con un canal de comunicación con los mandos sobre el terreno. No es creíble que no exista comunicación entre el coronel Pérez de los Cobos, su equipo y sus subordinados”, expone el letrado del centro Iridia para los derechos humanos Andrés García Berrio, que representa a varios heridos.
Cabe recordar que, nada más iniciar la investigación el pasado mes de octubre, el juez ya requirió a Interior las “instrucciones orales y escritas” dadas a los policías del 1-O “así como cualesquiera instrucciones que se hubiera dado a los mismos”. Pérez de los Cobos no incluyó en su respuesta ningún una orden concreta el día del referéndum. Y limitó las instrucciones dadas a los agentes a un documento del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, del 29 de septiembre, en el que se indicaba que el “objetivo prioritario” era cumplir con la orden del TSJC para impedir el 1-O.
Sobre por qué terminaron las cargas al mediodía, el coronel adujo que la “prioridad” era requisar el material por la mañana, así como la “dificultad” para intervenir por la continúa afluencia de votantes a los colegios. También indicó que los agentes se tuvieron que replegar para “proteger” edificios propiedad del Estado ante la “previsión” de que hubiera concentraciones de independentistas (algo que no ocurrió). El juez también espera la respuesta de Interior para identificar a los “responsables” de elegir los colegios en los que la Policía cargó el 1-O.