No todo el agujero de 720 millones en operaciones inmobiliarias de CatalunyaCaixa es delictivo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado archivar la causa contra ocho de los 14 directivos de la entidad denunciados por la Fiscalía. El magistrado sí ha mantenido como investigado por un presunto delito de administración desleal al expresidente de la caja, el también exvicepresidente del Gobierno del PSOE Narcís Serra, por los proyectos fallidos de la inmobiliaria de CatalunyaCaixa en Polonia y España.
En un auto, el magistrado acuerda seguir la investigación contra Serra y otros cuatro directivos por “operaciones aparentemente muy irregulares correspondientes a siete proyectos distintos” que Procam, la inmobiliaria participada por CatalunyaCaixa, desarrolló en Polonia en el año 2007.
En este país del este de Europa una sociedad que Procam controlaba al 50% compró tres terrenos en 2006 en Varsovia por 51,31 millones, pero sin la garantía de que fuesen fincas urbanizables. Según la Fiscalía, CatalunyaCaixa no compró “un cuerpo cierto y determinado” sino “una expectativa urbanística de edificabilidad”. La escritura de venta, remarca la Fiscalía, ni mencionó que el objetivo de la operación fuera una promoción inmobiliaria. Además, la operación se cerró sin contar con un planeamiento urbanístico. En los terrenos no se ha construido nada.
Otro terreno de Cracovia también se compró sin que se hubiera desarrollado el planteamiento urbanístico. Cuando estuvo listo, el techo edificable terminó aumentando en 250.000 metros cuadrados más de los previstos, lo que hizo subir el precio casi 64 millones. Pero tampoco se levantó vivienda alguna “dada la situación económica del mercado inmobiliario y de las restricciones de la propia entidad”, según la Fiscalía.
El magistrado comparte el criterio de la Fiscalía en referencia a las operaciones en Polonia por la filial Torca Prokam Polska y en España por Vertix Procam Landomus, que al llevarse a cabo a partir de 2007 no están prescritos.
Entre las “notables irregularidades” en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios que expone el juez destacan la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea para construir las viviendas, los “notorios” conflictos de intereses con los socios de Procam en los proyectos, que vendían terrenos recientemente adquiridos “y por precios en ocasiones deliberadamente ocultados para impedir que se conocieran las plusvalías generadas”.
El magistrado también asegura que algunos de los terrenos adquiridos “podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas” y que la Comisión Ejecutiva de la caja aprobó algunas de las operaciones “con evidente falta de competencia objetiva”.
A diferencia de Serra, el juez ha archivado la causa respecto a ocho directivos porque, tal y como sostiene la Fiscalía, los acuerdos que tomó la entidad entre los años 2008 y 2013 para separarse de los socios que le permitieron llevar a cabo las operaciones entre los años 2000 y 2007. El magistrado descarta que los administradores “actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros”. Entre los exdirectivos exculpados destaca el exdirector general de la caja, Adolf Todó.
Además, el juez no ve elementos suficientes para sostener que los administradores de CatalunyaCaixa “actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad, ni de que se obtuviera beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo penal”. Y en cualquier caso, añade Moreno, los hechos estarían prescritos.