Libertad, permiso extraordinario y, en última instancia, videoconferencia desde Soto del Real. Son las alternativas que ha planteado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la defensa del diputado de JxCat y candidato a la investidura, Jordi Sànchez. En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, el letrado Jordi Pina pide al magistrado que se pronuncie antes del viernes, fecha en la que está convocado el debate de investidura.
La defensa insiste, tal y como hizo el pasado 26 de marzo en un escrito del que no ha obtenido respuesta del juez, en que Llarena “habilite las medidas necesarias” para que Sànchez “pueda tomar parte como candidato” en la sesión de investidura del viernes, tal y como se desprende del requerimiento formulado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Estas medidas, a criterio de la defensa, pasan, en primer lugar, por acordar la libertad provisional de Sànchez, procesado por rebelión y en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre. Esta petición ya fue rechazada por el juez el pasado mes de marzo, cuando Sànchez fue propuesto por primera vez como candidato a president.
Si Llarena no le deja en libertad, la defensa solicita un permiso extraordinario para que Sànchez pueda acudir a los plenos de investidura, que previsiblemente transcurrirán en dos sesiones: la primera el viernes, en la que para ser president Sànchez requiere de una mayoría absoluta que a día de hoy no tiene por la abstención de la CUP. De no conseguirla, se celebraría una segunda sesión de investidura 48 horas después, donde solo es necesaria la mayoría simple.
Y una tercera opción que plantea la defensa al juez Llarena es la autorización para que Sànchez participe en los plenos de investidura “por videoconferencia” para exponer así su programa ante la Cámara.