Las derivadas judiciales del proceso soberanista hasta ahora solo afectaban a los dirigentes independentistas. Tras el 1-O, a los políticos se les han sumado los policías. Un total de 17 juzgados catalanes investigan por desobediencia a los Mossos d'Esquadra por su inactividad el 1-O, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil centran las pesquisas de nueve magistrados por las cargas para cerrar colegios electorales, en especial en la ciudad de Barcelona.
Las diligencias judiciales a los Mossos se han abierto a partir de denuncias de particulares por “no actuar” en colegios electorales de 17 poblaciones. Todos los magistrados investigan si la policía catalana habría cometido un delito de desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al no impedir la votación.
Varios de los juzgados –Lleida, Mataró, Amposta, Puigcerdà... y así hasta 17 en toda Catalunya– ya han pedido información al jefe de la comisaría local de las Mossos para que dé cuenta ante la Justicia sobre por qué no actuaron para cerrar ambulatorios o colegios habilitados como puntos de votación.
La policía catalana ya advirtió antes del referéndum de que no cerraría colegios si ello suponía crear un problema de orden público, y así lo hizo el 1-O. Según los datos de los Mossos, la policía catalana clausuró 108 colegios el domingo, mientras que otros 400 puntos de votación amanecieron el 1-O cerrados por decisión de sus responsables después de que el día anterior los agentes levantaran acta por la existencia de personas concentradas en su interior.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha salido este viernes en defensa de los Mossos y ha remarcado que la policía catalana cerró colegios sin dejar heridos, “al contrario”, ha añadido, que la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según los datos de la Generalitat, 844 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencia por la actuación policial.
Aluvión de denuncias contra Policía y Guardia Civil
Según datos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), hasta las 13.00 horas de este viernes un total de 9 juzgados tienen diligencias abiertas por lesiones de la Guardia Civil o la Policía Nacional en sus actuaciones para cerrar un total de 92 colegios el 1-O en toda Catalunya.
La más importante de ellas es la del juzgado de instrucción 7 de Barcelona, que ha abierto 26 piezas separadas –tantas como colegios cerrados por los antidisturbios de la Policía Nacional en Barcelona el 1-O– ante el “aluvión” de 130 denuncias de particulares por lesiones presentadas.
En un contundente auto, el juez replica al fiscal –que restó importancia a las cargas policiales– y le insta no “minimizar la gravedad” de lo ocurrido el 1-O ya que, añade el magistrado, la actuación policial en la capital catalana “afectó la normal convivencia”.
Sin embargo, el magistrado, de momento, ha acotado la investigación al delito leve de lesiones, y no ha abarcado los delitos que figuraban en la denuncia de la Generalitat contra la Policía Nacional y la Guardia Civil: desórdenes públicos, coacciones y amenazas, tal y como denunció la Generalitat. Sí ha empezado a indagar el magistrado sobre los daños en los bienes de las escuelas públicas que provocó la actuación policial.
Por otro lado, otros cinco juzgados catalanes investigan el uso indebido de datos personales en el referéndum por parte del Govern, hay dos jueces con diligencias abiertas por votación ilegal, y un juzgado de Mataró indaga un caso de atentado a la autoridad contra un agente de la Guardia Civil.
Un solo mando imputado: Trapero por el 20-S
De momento, ningún agente de ambos cuerpos ha sido imputado todavía por su actuación –o inacción– el 1-O. De hecho, solo hay un mando policial imputado, y su nombre es más que relevante: se trata del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El mayor está imputado no por el 1-O sino por sedición en la Audiencia Nacional por el dispositivo de los Mossos el pasado 20-S en la conselleria de Economía mientras era registrada por la Guardia Civil.
Trapero ha declarado este viernes durante una hora ante la jueza Carmen Lamela, pero previsiblemente tendrá que volver a hacerlo después de que la Fiscalía haya recibido esta misma semana documentación de la Guardia Civil que se refiere también a los hechos ocurridos durante el 1-O.
Al incluir el 1-O, se empezarían así a cumplir así las previsiones de algunos juristas, como la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, que sospechan que la denuncia de la Fiscalía por sedición por el 20-D solo busca crear una macrocausa contra el referéndum en la Audiencia Nacional.
Ni el mando único de Interior para impedir el 1-O, el coronel de la Guardia Civil De los Cobos ni ningún otro mando policial están imputados. De los Cobos, que también es un cargo político –el número 3 de la Secretaría de Estado de Seguridad– tiene pendiente enviar un informe a la magistrada del TSJC Mercedes Armas sobre la actuación policial el 1-O.