El bloque del soberanismo, aquel que a principios de 2014 reunía cerca al 65% del Parlament gracias a la suma de Convergència, ERC, Unió, ICV, EUiA y la CUP, parecía olvidado para siempre por el paulatino rechazo de algunos de estos partidos a la hoja de ruta del procés. Pero este miércoles, con el paso como imputadas de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la consellera de Educación, Irene Rigau, por la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para dar cuenta de su papel en la consulta participativa del 9-N, el antiguo gran bloque del soberanismo se ha vuelto a dibujar con unánimes muestras de rechazo a las imputaciones.
Ortega y Rigau han acudido a declarar citadas por el juez a lo largo del día y, hasta el edificio del Palau de Justicia, han sido acompañadas por diversos miembros del Govern, tanto del actual como de consellers que lo eran en noviembre pasado, cuando se celebró la consulta no oficial del 9-N. Además de miembros y exmiembros del Ejecutivo, entre los cuales estaba el número uno de Unió, Ramon Espadaler, también cargos de ERC, como Marta Rovira, Oriol Amorós o Pere Aragonès y el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, se han dejado ver en la concentración de apoyo que tenía lugar a las puertas de los juzgados.
Pero además del núcleo independentista, este viernes el apoyo a los 3 imputados ha llegado de otras formaciones. Por Catalunya Sí que es Pot su candidato a la presidencia, Lluís Rabell, ha asistido a la convocatoria, y la formación ha emitido un comunicado con el que exigen “la retirada de las imputaciones”. “La imputación de Mas, Ortega y Rigau ataca libertades de Catalunya y también la democracia de toda España”, ha destacado Rabell, quien también ha recordado las ocasiones en las que el Govern se ha personado contra detenidos en manifiestaciones, para asegurar que “la voz democrática de Catalunya tendría más fuerza si el Govern de la Generalitat no atacara a los trabajadores que defienden derechos sociales”.
La suma de Catalunya Sí que es Pot a las protestas contra la imputación recordaba a momentos del 'procés' en los que ICV-EUiA fue muy activo en la defensa del derecho de las instituciones catalanas a celebrar una consulta, como el 9 de abril del 2014, cuando Joan Herrera formó parte de la delegación del Parlament que acudió al Congreso para pedir que fuera traspasada esa competencia de forma legal. ICV-EUiA saltó de la unidad de acción independentista en enero de este año, cuando CiU y ERC suscribieron el pacto para celebrar elecciones el 27 de septiembre, un acuerdo que también alejó a la CUP.
No solo los partidos del Parlament han contribuído este martes a esta efímera reconstrucción del antiguo bloque soberanista, sino también agentes como Barcelona en Comú. En los actos de la tarde, convocados por Òmnium Cultural, la ANC y el Pacte Nacional pel Dret a Decidir en las plazas de las principales ciudades catalana, Ada Colau como alcaldesa de Barcelona ha sido la encargada de leer el manifiesto de rechazo a las imputaciones en la plaza Sant Jaume, acompañada por el secretario general de CCOO en Catalunya, Joan Carles Gallego, y el de UGT Catalunya, Josep María Álvarez.
Los tres líderes representan a sectores que han dado apoyo incondicional al “derecho a decidir” –de hecho tanto los sindicatos mayoritarios como el Ayuntamiento de Barcelona forman parte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir junto con cerca de otras 800 entidades– pero que nunca se han decantado a favor o en contra de la independencia. Colau, por ejemplo, aseguró haber participado el 9-N de forma particular, votando a favor de la independencia, pero declinó la invitación a participar en los actos de la última Diada y su grupo se abstuvo en el pleno municipal en la votación sobre la integración de la capital catalana en la Associació de Municipis per la Independència.
Tal y como había sucedido en otros momentos del procés, las diferencias internas en el mundo soberanista han quedado apartadas ante lo que se entiende como una “ofensiva del Estado”. En palabras de Colau, el Gobierno español “priva a la ciudadanía de su voluntad democrática” al judicializar los hechos del 9-N, unas querellas que, según el manifiesto leído por la alcaldesa en nombre del Pacte Nacional pel Dret a Decir, son “antidemocráticas”.
La inusual transversalidad de la protesta también ha sido ensanchada por el lado conservador. Unió, que decidió no defender la independencia tras una consulta interna a sus afiliados que conllevó la ruptura con Convergència, también ha estado representado en el apoyo a los miembros del Ejecutivo imputado en la figura de sun número uno, Ramon Espadaler, quien era conseller de Interior en el momento de la celebración del 9-N. Pese al apoyo, a su llegada al Palau de Justicia junto a la consellera Rigau por la mañana, el exconseller ha recibido gritos de “botifler” y “traidor” por parte de los manifestantes.